Colbún, propietaria de 49 por ciento de las acciones de HidroAysén, recomendó parar el estudio de impacto ambiental de la línea de transmisión de electricidad de ese complejo del sur de Chile hasta que no se den «las condiciones» para realizar obras de la envergadura de estas represas.
La decisión de la empresa perteneciente a la familia Matte, la más poderosa y rica de Chile junto a los Luksic, fue comunicada a través de una presentación ante la Superintendencia de Valores y Seguros.
"Mientras no exista una política que cuente con amplio consenso y otorgue los lineamientos de la matriz energética que el país requiere, Colbún estima que no están dadas las condiciones para desarrollar proyectos energéticos de esta magnitud y complejidad", indica la firma en un comunicado.
La posición de Colbún es considerada por expertos una presión al gobierno del derechista Sebastián Piñera, que estaría ahora en la encrucijada de otorgar o no un nuevo espaldarazo a la mega obra, que cuenta con 74 por ciento de rechazo de la ciudadanía.
El complejo HidroAysén, proyecto del que es propietaria principal la firma italiana Endesa-Enel, incluye la construcción de cinco grandes centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, en la Patagonia chilena.
[related_articles]
La austral zona de Aysén, donde está la obra, unos 1.600 kilómetros al sur de Santiago, es considerada por los grupos ambientalistas como patrimonio natural de la humanidad por su vasta biodiversidad. También es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta.
En caso de continuar su construcción, las centrales hidroeléctricas estarán emplazadas en un área de 5.910 hectáreas y tendrán una capacidad total de generación de 2.750 megavatios, que serán aportados al Sistema Interconectado Central (SIC).
Chile tiene hoy una capacidad instalada de 17.000 megavatios: 74 por ciento está en el SIC, 25 por ciento en el Sistema Interconectado Norte Grande (SING) y el resto en redes medianas de las regiones australes de Aysén y Magallanes.
La paralización del estudio ambiental de la futura línea de transmisión de 1.912 kilómetros a través de nueve de las 15 regiones de Chile y 66 comunas será la más larga del mundo— supone la suspensión total del proyecto, que contempla una inversión cercana a los 3.200 millones de dólares, de los cuales solo se han desembolsado 220 millones de dólares.
Para el analista político Luis Casado, la recomendación de Colbún es un "chantaje" al gobierno y pretende asegurar que sus inversiones estarán protegidas.
A juicio de Casado, la determinación pretende que el gobierno acelere la aprobación del Plan Energético 2012-2030, que estudia el Congreso legislativo, y que, entre otros, contempla la construcción de una línea de transmisión eléctrica pública.
"En Chile, las empresas privadas están acostumbradas a hacer lo que les da la gana, es decir, no soportan que haya una oposición a este tipo de proyectos y que la ciudadanía cuestione los fundamentos en los cuales ellos han basado su inversión", afirmó Casado.
El ecologista Juan Pablo Orrego, coordinador internacional de la campaña "Patagonia Sin Represas", dijo a IPS que la decisión de Colbún "es la confirmación de que este es un proyecto de unos riesgos simplemente descabellados desde el componente de generación al de transmisión".
"No entendemos totalmente lo que está sucediendo, pero pareciera que Colbún está tratando de presionar al gobierno para que agilice la carretera pública eléctrica que el presidente Piñera prometió", coincidió.
Orrego, con una maestría en ciencias del ambiente y ganador en 1998 del Right Livelihood Award (el llamado premio Nobel alternativo), añadió que, al parecer, Colbún esperaba "mayor celeridad" por parte del gobierno.
La empresa busca acelerar la obra porque la línea de transmisión sería completamente inviable debido a que, por su extensión, afectaría parques nacionales, territorios mapuches y zonas de interés turístico, lo cual supondría "miles de acciones legales, literalmente".
"Es la primera vez que un gobierno, y este particularmente de derecha, está dispuesto a romper el dogma de la privatización en Chile y ofrecerle una carretera pública a dos empresas con nombre y apellido: HidroAysén y Energía Austral", sostuvo Orrego.
El ambientalista aseguró que HidroAysén "subestimó totalmente a los chilenos y chilenas. Las cosas han cambiado en el país y se encontraron con adversarios serios y con fundamentos" contra el proyecto.
A su juicio, el gobierno está "muy confuso" analizando el clima marcado por las reacciones de la sociedad civil y el mensaje de Colbún.
"Esto que pasó con HidroAysén nos da la razón de que hay un problema serio y profundo con el desarrollo energético de Chile, y que tiene que ver con la legislación, con la institucionalidad, con normas y regulaciones", indicó.
"Lo que deberíamos hacer, lo que debería hacer el gobierno, es profundizar el debate para encontrar una propuesta consensuada", afirmó.
En tanto, Casado señaló que el gobierno está en la encrucijada entre "responderle a los suyos, puesto que ellos son parte del mundo de las inversiones financieras, y por el otro lado le temen a la reacción ciudadana".
El gobierno respondió hoy a Colbún y aseguró que la política energética está definida y que esta se trata de una decisión "de una empresa privada".
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, recalcó que no se puede "descartar una fuente de energía limpia como la hidroeléctrica". "Vamos a necesitar todas las fuerzas energéticas", apuntó.
En mayo de 2011, el presidente Piñera aseguró que, sin HidroAysén, "estamos condenando a nuestro país a un apagón". Esas declaraciones marcaron el inicio de una caída sostenida en su aprobación, que hoy alcanza a solo 26 por ciento de los consultados en las encuestas.
Al mismo tiempo, las manifestaciones ciudadanas contra HidroAysén lograron convocar a 120.000 personas en el centro de Santiago a comienzos de 2011.
La presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado, la socialista Isabel Allende, advirtió que el anuncio de Colbún generó "un ambiente no muy sano".
"El clima es de presión y se nota en las opiniones que emiten personas ligadas a la minería respecto de que en Chile no hay nada asegurado, que no hay la suficiente energía, etcétera. Creo que no hacen más que intentar presionar para que se les aprueben a su manera, y pronto, los proyectos", comentó a IPS.
Allende consideró inadecuada la "amenaza" empresarial y enfatizó que la respuesta ciudadana y del gobierno "debería ser que no tenemos que dejarnos presionar".
En medio de la polémica, el directorio de HidroAysén afirmó que tomó conocimiento de las recomendaciones realizadas por Colbún, pero que aún no ha tomado una decisión al respecto.
