La visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, a la capital de Honduras obedeció a un replanteamiento de Washington de su estrategia contra el crimen transnacional, con el fondo de la propuesta de Guatemala sobre despenalizar el consumo de drogas.
Washington también buscó en el encuentro dar pasos para evitar que "países degradados" como los centroamericanos, donde la institucionalidad es muy débil y fácil de permear por el crimen organizado, se le vayan de la mano y se conviertan en un foco real de amenaza a su seguridad, de acuerdo a los análisis del día después de la visita.
A la administración de Obama le preocupa por ello la expansión de la violencia criminal en el istmo, ante su creciente peso dentro del tránsito de las drogas ilícitas de Sur a Norte del continente. Se estima que 80 por ciento de la droga que llega al mayor consumidor mundial de sustancias ilegales, pasa por la región centroamericana.
Matías Funes, analista político, dijo a IPS que "sin duda hay un interés marcado de Washington nuevamente por Centroamérica". Una muestra, consideró, son "las misiones de alto nivel en los últimos meses por la región, para ir colocando con mayor fuerza el tema de las drogas y la seguridad".
Un fiscal contra el crimen organizado, que pidió el anonimato, pronosticó que la nueva estrategia estará marcada por la "militarización" de la seguridad. También aseguró que "habrá más recursos para la represión del delito", para sacar la lucha contra los carteles de la droga de la situación actual, "en que se ha llegado a un punto de agotamiento".
En el almuerzo de trabajo con los presidentes centroamericanos, Biden no les presentó compromisos concretos de ayuda contra el narcotráfico, pero en sus discursos públicos aseguró que Washington está dispuesto a apoyar al istmo en su desigual combate a las mafias del narcotráfico. "Vamos a ganar la batalla", dijo.
El vicepresidente llegó acompañado del director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Dan Restrepo, de la subsecretaria adjunta en funciones de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Roberta Jacobson, y de su propio consejero de seguridad nacional, Tony Blinken.
La comitiva de la visita de seis horas a Tegucigalpa, también la integró el consejero adjunto de seguridad nacional de la oficina del vicepresidente, Brian McKeon, y la embajadora estadounidense acreditada en Honduras, Lisa Kubiske.
Biden dijo que su país mantiene "frentes múltiples" de ayuda a esa lucha, pese a la necesidad de ahorro por la crisis económica.
Entre esos frentes citó la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central, que desde 2008 canalizó 361 millones de dólares. Su gobierno, dijo, solicitó una nueva partida de 107 millones de dólares para 2013.
El vicepresidente estadounidense también subrayó la importancia de fortalecer el Poder Judicial, los cuerpos de seguridad y demás operadores de justicia. En el caso de Honduras, fue claro al indicar que apoya los procesos que se dan para depurar a la policía y vigilar la labor de jueces y fiscales, dentro de las medidas para devolver la confianza en las instituciones.
Este país centroamericano vive una etapa crucial en materia de seguridad, después de comenzar a destaparse la corrupción en las altas capas de la policía, y sus vínculos con el crimen organizado, en especial el narcotráfico.
Más de una decena de oficiales de la cúpula policial son sospechosos de formar parte de estas redes criminales y están siendo investigados por los cuerpos antidrogas de la fiscalía, según ha trascendido.
Pero en su visita a Tegucigalpa, Biden se encontró con posiciones como las de Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, cuyos presidentes demandaron mayor corresponsabilidad en la guerra contra las drogas, en planteamientos con mucho en común, pese a que los gobiernos de los dos primeros países se inscriban en la derecha y el tercero en la izquierda.
El vicepresidente debió escuchar la queja de que son los centroamericanos a quienes toca poner los muertos y los sacrificios en la lucha contra el narcotráfico, sin sentirse apoyados adecuadamente por el país, que como Estados Unidos, consume 37 por ciento de la cocaína que se comercia en el mundo.
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, le subrayó a Biden que la desatada violencia que soporta el istmo tiene como elemento determinante la carencia de "una corresponsabilidad compartida, nosotros ponemos los muertos y esperamos de aquí, acuerdos más esperanzadores".
Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, dijo que no debe desecharse su propuesta de despenalización de la droga en América Central, lanzada el 17 de enero, y la ubicó como parte de una coyuntura propicia para discutir sin prejuicios cómo enfrentar a los carteles del narcotráfico.
Pero fue el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien reclamó la falta de interés político de la comunidad internacional para apoyar al istmo en su lucha desigual contra un crimen multimillonario.
"Hace poco hicimos una cumbre para abordar el tema de la seguridad y la comunidad internacional se comprometió a apoyar con más de 1.000 millones de dólares y apenas llegaron 80 millones", dijo.
"Así no se puede ganar esta guerra tan injusta", refutó Ortega a las palabras con solo buenas intenciones de Biden.
En el mismo tono lo hicieron los presidentes Mauricio Funes, de El Salvador, Porfirio Lobo, de Honduras, y Ricardo Martinelli, de Panamá, y el canciller de República Dominicana, Carlos Morales Troncoso, al indicar que hacen falta esfuerzos más integrales para el combate del crimen transnacional.
Belice fue el único país que no estuvo presente en la cita con Biden.
Concluido el encuentro, los mandatarios centroamericanos emitieron una declaración conjunta, en que demandan mayor apoyo para la seguridad a Estados Unidos, y el vicepresidente Biden anunció la decisión de sostener reuniones anuales con la región para rendir cuentas del avance de los compromisos, sus resultados e impactos.
Para el analista Funes, establecer esas reuniones periódicas "refleja que el crimen organizado y la seguridad revisten importancia estratégica para Estados Unidos que, junto a la comunidad internacional, no ha respondido a la altura de lo que esperábamos los centroamericanos ante el problema de inseguridad y violencia".
En la misma línea de Funes, un excanciller hondureño consultado por IPS, que pidió reservar su identidad, dijo que la llegada de Biden es una "reacción a la iniciativa de despenalización de las drogas de Guatemala".
El diplomático dijo que los alcances de la propuesta del presidente Pérez "aún no se conocen, pero es claro que los países del llamado Triángulo Norte centroamericano están pagando un precio muy alto e injusto", en alusión a Guatemala, El Salvador y Honduras.
La fuente añadió que los Estados centroamericanos se ven desbordados por la criminalidad y por su globalización, en que el istmo está atrapado.
"Las leyes del mercado son más fuertes que las leyes de los Estados, y Estados Unidos siente que esta región que ha sido su aliada estratégica, comienza a ser devorada por el crimen y ello amenaza su seguridad", analizó.
América Central, argumentó, vive una especie de "secuestro del Estado", que preocupa a Washington, "máxime cuando desde Sudamérica crece esa tesis de que quien consume la droga, debe pagar la lucha contra el narcotráfico", apuntó.
