La ejecución de un programa forestal contra el cambio climático en el sureño estado mexicano de Chiapas supone una amenaza para los pueblos indígenas que habitan en ese territorio, según organizaciones no gubernamentales.
Con el plan de Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD, por sus siglas inglesas) "se altera la cultura indígena, se mercantiliza, se le da un valor comercial a un bien común, como es el oxígeno, el agua y la biodiversidad", advirtió ante IPS el coordinador general de la no gubernamental Maderas del Pueblo del Sureste, Miguel García.
Añadió que, "con un pretexto ecológico, se rompe el tejido social y se profundiza el resentimiento y la confrontación con las bases zapatistas", en referencia a los miembros y simpatizantes del izquierdista movimiento guerrillero de defensa indígena.
Maderas del Pueblo del Sureste, que rechaza esta iniciativa forestal, nació en 1991 para promover el respeto al ambiente y la defensa de las comunidades campesinas e indígenas.
El gobierno de Chiapas impulsa el desarrollo del programa contra la deforestación para mitigar las consecuencias del cambio climático en ese estado, uno de los más pobres de México.
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Al término de la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, escenificada en diciembre en la sudoriental ciudad mexicana de Cancún, la comunidad internacional llegó a un acuerdo sobre la aplicación de un nuevo esquema de REDD, conocido como REDD+.
"Hay regiones de Chiapas donde hay problemas de tenencia de la tierra y ahí hay problemas para aplicar el REDD+. Antes de cualquier cosa, debe haber un proceso abierto de difusión", para que haya un consentimiento previo, libre e informado, señaló a IPS Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf).
El proyecto REDD+ es un componente del Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Chiapas (PACCCH), iniciado en 2009 y que se encuentra bajo consulta pública en uno de los territorios más expuestos a las secuelas del fenómeno, como lluvias torrenciales e inundaciones.
México emite anualmente unos 709 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), uno de los responsables del aumento de la temperatura planetaria. Por su parte, Chiapas lanza a la atmósfera unos 32 millones, en su mayoría provenientes del uso de suelo, de la deforestación y por la actividad agropecuaria.
Un millón de los casi 4,8 millones de habitantes de Chiapas son indígenas, repartidos en siete pueblos originarios, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
REDD+ abarcaría zonas pobladas por indígenas lacandones, una minoría originaria del sudoriental estado de Campeche y también de Guatemala y asentados en suelo chiapaneco hacia el siglo XVII, y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El EZLN se alzó en armas el 1 de enero de 1994 en Chiapas en contra de la discriminación y miseria que azotan a los nativos mexicanos. Luego de algunos combates con militares y de un diálogo inconcluso con el gobierno de México, esta guerrilla se replegó a mediados de la década pasada a la jungla chiapaneca.
Los 40 municipios autónomos prozapatistas se organizaron en 2003 en un esquema de organización llamado "caracoles", de los cuales hay cinco y que perdura a la fecha.
"Las acciones de uso sustentable del bosque son muy importantes", comentó a IPS Tatiana Ramos, directora ejecutiva de la oficina mexicana de la organización no gubernamental estadounidense Conservation International (CI), que ejecuta en Chipas tres proyectos ambientales, entre ellos la asesoría del PACCCH.
"Lo que faltó fue compartir información, construir el proceso, para que actúen los participantes", admitió.
El Congreso legislativo local aprobó en diciembre la Ley de Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático.
Un mes antes, el gobernador chiapaneco, Juan Sabines, había suscripto con su entonces homólogo de California, Arnold Schwarzenegger, y del estado amazónico brasileño de Acre, Arnobio Marques de Almeida Júnior, un acuerdo para negociar bonos de carbono, sustentados en la restauración y reforestación de bosques y tierras degradadas.
En 1971, el gobierno mexicano concedió 614.321 hectáreas a un grupo de lacandones en lo que se conoce ahora como la Selva Lacandona y quienes se han convertido en interlocutores con las sucesivas administraciones, especialmente estaduales.
Siete años después, el gobierno federal decidió la creación de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, de 331.200 hectáreas de extensión y que se superpone con el área habitada por los lacandones.
México tiene unos 65 millones de hectáreas cubiertas de árboles, pero sólo 6,5 millones constan de permisos de aprovechamiento concedidos por la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Las autoridades indican que el país pierde anualmente unas 150.000 hectáreas, pero organizaciones ambientalistas estiman ese dato por encima de las 500.000 hectáreas.
"Están desconociendo los derechos de los otros pueblos que han sido hostigados y desalojados. Ya no tendrían ni tierra ni empleo, pues con el mecanismo REDD no podrán sembrar milpa, so pena de perder los beneficios económicos", enfatizó García.
El gobierno mexicano de Felipe Calderón diseña la estrategia nacional de REDD+, que arrancaría en 2012. Este programa, que se ejecuta en 10 países, es aplicado originalmente desde 2008 por la Organización para la Agricultura y la Alimentación y los programas de Naciones Unidas para el Desarrollo y para el Medio Ambiente.
El tema "va más allá de un gran programa, cualquier medición de dióxido de carbono o reducción de emisiones", pues "implica a las instituciones, a la arquitectura institucional y espacios de participación ciudadana", según Sánchez.
México es uno de los ocho proyectos piloto del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés), una alianza de 28 países, organismos no gubernamentales e internacionales para apoyar la reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación forestal.
Bajo este proyecto, México recibirá 3,6 millones de dólares al completar su proceso de aplicación, según el último reporte del Fondo, emitido en febrero. Dentro de este esquema hay cinco proyectos piloto para testear REDD+.
"El gobierno evalúa si hay viabilidad o no. Un aspecto importante es que no se pueden generar proyectos que no respeten las salvaguardias del programa. Es importante que las organizaciones expresen sus cuestionamientos si no son tomadas en cuenta", planteó Ramos.
