La propuesta de «ciudadanía universal» impulsada por el gobierno de Ecuador, que excluía la solicitud de visas o requisito alguno para el ingreso de extranjeros, se estrelló contra la realidad de que el país ha sido utilizado para el tráfico de personas y fue revisada parcialmente.
Tras más de dos años sin pedir visa a los visitantes, las autoridades anunciaron esta semana que el requisito será obligatorio para ciudadanos de nueve países de África y Asia, debido a un "inusual flujo migratorio" proveniente de esas naciones lejanas.
Necesitarán visa los ciudadanos de Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia, países desde donde se ha quintuplicado y, en algunos casos, decuplicado, el flujo de personas hacia el Ecuador, que pasó de una o dos decenas de personas a algunos centenares por año.
Leonardo Carrión, subsecretario de Asuntos Migratorios de la Cancillería, explicó que la medida anunciada el lunes 6 busca evitar "la utilización de Ecuador como puente de tránsito hacia terceros países por parte de bandas internacionales" dedicadas al tráfico de personas.
Ecuador dejó de pedir visas el 20 de junio de 2008, al comenzar a aplicarse el principio de "ciudadanía universal" impulsado por el izquierdista presidente Rafael Correa y consagrado en la Constitución vigente desde febrero de ese año.
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En el artículo 146 de la carta magna se establece que Ecuador "propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur".
"No sé de dónde haya venido la idea de la ciudadanía universal, porque no hay bases en el derecho internacional para ello. Me parece que en el fondo se trataba de dar un espaldarazo a nuestros emigrantes", dijo a IPS el profesor de derecho internacional de la Pontificia Universidad Católica de Quito, Íñigo Salvador.
"Ecuador sufrió un proceso de emigración extrema desde finales de los noventa", recordó, en referencia al gran flujo de ecuatorianos a España, Italia, Holanda y otros países europeos, así como a Estados Unidos. Aunque no hay cifras oficiales, se calcula que viven en el exterior entre dos y tres millones de ecuatorianos.
"Viendo lo que han sufrido los ecuatorianos en otros países y de una forma idealista, supuestamente para poder exigir apertura de esos otros países a los ciudadanos ecuatorianos, se planteó esta tesis de la ciudadanía universal en la campaña electoral y luego se la recogió en la Constitución", explicó Salvador.
"Cada país es libre de decidir qué exige a los extranjeros para admitirlos en su país, en sus diferentes categorías, como turista, inversionista, residente, y más", dijo a IPS el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Velasco.
"Es una cuestión de soberanía. Se puede eliminar visas como un acto de reciprocidad entre dos estados. Lo más que se ha llegado en el mundo es el régimen de libre tránsito de personas y mercaderías en la Unión Europea", recordó.
El cambio de política y la exigencia de visados podrían responder a presiones de Estados Unidos, hacia donde se dirigían los ciudadanos de los países ahora restringidos, tras pasar un tiempo en Ecuador.
Así lo consideró a IPS Juana Ordóñez, coordinadora editorial de Dinediciones y muy conectada con los círculos diplomáticos en el país.
En coincidencia con la exclusión de nueve países del libre acceso al país, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo pública la lista de 174 extranjeros que adquirieron la nacionalidad ecuatoriana con documentos presuntamente adulterados, a través de uniones de hecho y matrimonios. Los 150 casos donde existían inconsistencias en la documentación que respaldaba las uniones de hecho, con presunta falsificación de documentos, y los otros 24 en los que las actas de inscripción de matrimonios carecían de validez, amparaban a 167 cubanos y cubanas, junto a cinco chinos, un colombiano y un paquistaní.
"Entre los centenares de extranjeros que se casan con ecuatorianos y ecuatorianas hay quienes sí quieren quedarse en Ecuador. Pero otros buscan la residencia para tener pasaporte ecuatoriano y moverse más fácilmente", dijo a IPS un funcionario de Migración que pidió no ser identificado.
Según datos que ese funcionario maneja, en agosto residían en Ecuador 9.000 cubanos. Pero el mayor número de residentes extranjeros, legal o ilegalmente, es el de los colombianos, que se calcula que llegan a 300.000, de los cuales 58.000 tienen estatus de refugiados.
Este flujo, producido mayormente por el desplazamiento de campesinos debido al conflicto interno, ha generado altos costos al Ecuador, que debe mantener casas de refugio, financiar procesos de reunificación familiar y dar asistencia y comida hasta que los refugiados logran instalarse.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y algunas organizaciones no gubernamentales y de diferentes iglesias, también colaboran en la tarea.
El gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, que inició su mandato el 7 de agosto, aceptó crear una comisión conjunta para estudiar el problema. Su antecesor en la Presidencia, Álvaro Uribe, desoyó por años la solicitud ecuatoriana de que Bogotá se corresponsabilice de una situación "que no ha sido creada por el Ecuador", como ha repetido Correa.
El gobierno anunció que suspendía de inmediato el goce de los derechos inherentes a la calidad de ecuatoriano por naturalización a los involucrados en la falsificación de documentos y que iniciaba acciones ante los tribunales.
A la vez, el subsecretario Carrión informó que se está adoptado medidas para obtener bases de datos cruzados entre la Cancillería y el Registro Civil, donde se realizan los matrimonios, con el objetivo de facilitar la revisión de la documentación y evitar nuevos actos dolosos.
El Consejo de la Judicatura resolvió separar de sus funciones a un notario de la ciudad de Guayaquil, que habría participado en la naturalización ilegal de cubanos.
La justicia investiga también por el mismo tema a otro notario y al ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Javier Aguiñaga, hermano de la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, contra quien se han presentado acusaciones de responsabilidad penal.
Para Salvador, el gobierno "está dando marcha atrás porque se dio cuenta que es una equivocación la tesis de ciudadanía universal" y no descartó que pronto se anuncie el requisito de visado para los nacionales de otros países. "La política de visas está ligada a varias consideraciones, de las que la seguridad nacional no es la menor", opinó.
