La designación de por lo menos ocho magistrados cuestionados para integrar la Corte Suprema de Justicia y tribunales de apelaciones en Guatemala evidencia los males de un sistema que deja impune 98 por ciento de los crímenes, advierten expertos. Pero también se valora avances en el modo de elección.
La integración de la Corte fue la más polémica debido a que el Poder Legislativo había designado a seis abogados considerados no idóneos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y organizaciones no gubernamentales por tener serios señalamientos de corrupción en su contra.
Incluso el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, había solicitado al Congreso legislativo guatemalteco a través de su portavoz, Michèle Montas, asegurarse que los nuevos miembros de ese alto tribunal fueran de "una competencia, independencia e integridad incuestionables".
Finalmente, el parlamento soslayó las recomendaciones y sustituyó sólo a tres de los seis magistrados señalados, obligado por una resolución de la Corte de Constitucionalidad, la cual resolvió que los diputados no habían considerado los cuestionamientos planteados contra estos candidatos.
Los abogados Thelma Aldana, la única mujer nombrada, Dimas Bonilla y Mynor Franco, tachados por la Cicig, auspiciada por la ONU y la sociedad civil, fueron juramentados en sus puestos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a pesar de las presiones sociales. Lo mismo ocurrió con César Barrientos, Luis Arturo Archila y José Arturo Sierra.
En total, seis de los 13 miembros de la CSJ fueron puestos en sus cargos pese a tener señalamientos en su contra y estarán sujetos a la vigilancia de organizaciones de la sociedad civil durante los próximos cinco años que dura su cargo.
En la elección de 90 magistrados a salas de apelaciones los diputados tuvieron que descartar a 30 candidatos cuestionados, 20 de ellos a pedido de la Cicig y 10 por la embajada de Estados Unidos con el apoyo de organizaciones sociales.
Los señalamientos no faltaron. Dos magistrados electos tienen vínculos familiares con miembros de las comisiones de postulación, las cuales propusieron candidatos a magistrados al Poder Legislativo, denunciaron organizaciones civiles.
A pesar de esta situación en las designaciones de ambas cortes, juramentadas por el Congreso el 13 de este mes, la sociedad civil cree que este proceso ha dado frutos porque por primera vez se permitió fiscalizar abiertamente la elección mediante un marco legal: la Ley de Comisiones de Postulación.
"Este proceso fue muy positivo, porque por primera vez en la historia del país hubo una activa participación de la sociedad civil en el debate sobre la administración de justicia, la necesidad de trabajar alrededor de perfiles de idoneidad, ética y excelencia profesional", dijo a IPS, Carmen Aída Ibarra, dirigente de la Fundación Myrna Mack.
La activista admitió que la nueva ley de Comisiones de Postulación permitió a la sociedad civil tener una activa participación en la fiscalización del proceso, mediante su publicidad y la utilización de acciones legales, entre otros aspectos. "Se movilizaron más de 50 organizaciones y se logró ir directamente al lugar donde se tomaron las decisiones sobre los candidatos", explicó.
Además, reconoció el papel que jugó la Corte de Constitucionalidad en resguardo de la institucionalidad del proceso, "porque todos sabíamos que había fuerzas oscuras detrás de la elección", así como el rol de la Cicig que hizo alianza con la sociedad civil para transparentar la elección.
El peor papel lo jugó el Poder Legislativo. El hecho de no querer debatir públicamente la honorabilidad de los aspirantes y elegir a candidatos cuestionados fueron, sin lugar a dudas, los aspectos que demostraron la poca voluntad de los diputados por combatir la impunidad en el país, según Ibarra.
La justicia sigue siendo una asignatura pendiente en este país centroamericano, considerado uno de los más violentos de América Latina.
Según el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentado el día 19 en la capital de Guatemala, es el único país de la región que refleja un crecimiento sostenido de homicidios.
Mientras que en 2000 se cometían 28 homicidios por 100.000 habitantes, en 2008 se cometieron 48, según el informe. La situación se agrava si se considera que 98 por ciento de estos casos quedaron en la impunidad, según la Cicig.
Eleonora Muralles, activista de la no gubernamental Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), dijo a IPS que, "independientemente de que el resultado no sea 100 por ciento bueno, el balance (de la elección) es positivo".
"Demostramos que al unirnos diferentes sectores con distintas ideologías buscando un objetivo común, conseguimos poner a la vista a todo el mundo de cómo se hace la elección, cómo se integran las comisiones de postulación y cómo actúa cada uno de los integrantes", explicó.
El nuevo proceso también permitió evidenciar los poderes obscuros que había detrás del proceso, en el cual el papel de la Cicig, auspiciada por la ONU, fue determinante, según Muralles.
A raíz de ello, la población supo que el gobernante partido social demócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), sostuvo negociaciones con Roberto López Villatoro, un ex militante del derechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), para controlar las cortes, explicó la activista.
No obstante, Muralles consideró que la elección de magistrados es un paso en el combate contra la impunidad.
"La Corte Suprema es sólo una parte del sistema de justicia. Rescatar este organismo no es suficiente, tenemos el Ministerio Público, la policía y el Sistema Penitenciario. Toda la cadena debe funcionar para que la impunidad se reduzca a niveles aceptables", dijo.
Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, comentó a IPS que, con la elección de magistrados a la CSJ y salas de apelaciones, "se logró un paso a medias en el combate contra la impunidad".
El abogado aseguró que fue la sociedad civil la que rescató el proceso de designación por la fiscalización que realizó. No obstante, mostró su preocupación porque seis de los 13 miembros de la CSJ designados tienen señalamientos.
A su criterio, esta situación compromete el actuar de la Corte, lo cual "es preocupante". "La elección evidenció las componendas políticas, que había en las comisiones de postulación y en el Congreso", indicó.
Por su parte, Daniel Pascual, dirigente de la Comité de Unidad Campesina, sostuvo ante la consulta de IPS que son testigos del alto nivel de influencias que existen en el sistema de justicia, en el cual están infiltrados diferentes grupos de narcotraficantes, políticos y militares.
Pascual se mostró pesimista respecto del combate contra la impunidad. "Este proceso de elección tuvo varios vicios y por lo tanto no esperamos que las cosas cambien", señaló.
Recordó que los campesinos indígenas han sido muy afectados por la impunidad, al punto que, en vez de ser tratados como víctimas en hechos de asesinatos contra líderes, son buscados por la justicia.
Está claro que en este país queda mucho por hacer en materia de justicia; las organizaciones civiles permanecerán vigilantes.
