Para mejorar sus políticas de seguridad pública, los países de América Latina deben perfeccionar urgentemente sus estadísticas y profesionalizar y coordinar las instituciones encargadas de la materia, dijeron expertos en una conferencia internacional en la capital chilena.
"La seguridad es un tema importante en la región, no lo venimos a descubrir nosotros, pero lo que nos preocupa mucho es la calidad, actualidad y confiabilidad de los datos que se manejan a nivel estadístico", dijo a IPS Julio Rosenblatt, representante del departamento de seguridad pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
Los datos deben poseer todas esas características para "ser utilizados de verdad como un instrumento de monitoreo y toma de decisiones", indicó el experto durante la primera jornada de la Conferencia Internacional "Seguridad y Democracia en las Américas: Mejorando la Gestión de la Seguridad Ciudadana", que finalizará este martes en la capital chilena.
"Hay países en que el nivel de desarrollo (estadístico) es bueno, hay otros que están en pañales, pero lo que más nos preocupa desde la Organización es la probabilidad de comparar datos a nivel regional, ahí es donde la cosa se complica", acotó Rosenblatt.
Chile es un ejemplo para la región, pero en países centroamericanos, caribeños y en algunos de América del Sur "hay serias dificultades para, fundamentalmente, sostener en el tiempo las estadísticas que tienen", agregó.
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El representante de la OEA anunció que la Coalición Interamericana de Prevención de la Violencia —integrada por organizaciones intergubernamentales e internacionales desde 2000— se encuentra analizando la elaboración de un conjunto mínimo de indicadores en materia de seguridad ciudadana.
"El solo hecho de tener buena información no necesariamente genera políticas, ahí hay que dar un pasito más. Pero para generarlas es mejor hacerlo con evidencia de buena calidad", complementó a IPS Rafael Espinosa, subdirector del Instituto Cisalva de la colombiana Universidad del Valle.
La conferencia, que cuenta con la participación de 60 expertos de la región, es organizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la estadounidense Universidad de Georgetown, con el auspicio de la OEA.
Durante su exposición, Espinosa compartió la experiencia de Cisalva (Instituto de Investigaciones y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia Social) en la transferencia de la tecnología de los llamados "Observatorios del Delito" surgidos en el occidental municipio colombiano de Cali.
Los observatorios, que hoy funcionan en más de 10 municipios de Colombia y de países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Nicaragua, son creados por decreto por los alcaldes o por iniciativa de los concejos municipales, explicó el experto, cuya institución se encarga de replicar la iniciativa desde el punto de vista operativo y tecnológico.
"Estos observatorios son para mirar problemas de convivencia ciudadana y algunos delitos fáciles de manejar", indicó Espinosa, ya que del análisis de los datos aportados por las diversas instituciones ligadas a la seguridad pública —policía, institutos de medicina legal y fiscalía— surgen políticas de prevención y represión concretas.
Por ejemplo, cuando el observatorio del municipio de Pasto, en el sudoccidental departamento de Nariño, constató la alta cifra de quemados por pólvora —utilizada en festividades—, la autoridad prohibió por decreto su venta, bajando de 50 la cifra de heridos en 2004 a 10 en 2006.
La información, almacenada en un software libre que no requiere licencia, es confrontada semanal o mensualmente en comités operativos, e interpretada en comités de análisis integrados por las autoridades y organismos involucrados.
Cisalva define los observatorios como "un espacio intersectorial e interdisciplinario orientado al análisis de información necesaria, relevante y confiable sobre violencia y lesiones, que de manera continuada y oportuna permite la definición de indicadores, políticas, intervenciones y procesos dirigidos a mejorar las condiciones de salud, seguridad y convivencia ciudadanas".
Durante la conferencia también se presentó el primer Reporte Anual del Sector Seguridad en América Latina y el Caribe, elaborado por investigadores de Flacso.
El texto de 204 páginas hace una descripción de las instituciones de defensa, policía e inteligencia de 20 países de la región.
"La idea principal era definir claramente las misiones y funciones de los diversos subsectores del sector seguridad, porque cada vez más en algunos países de la región las fuerzas armadas están realizando labores policiales y cada vez más las labores contra el crimen organizado requieren niveles importantes de inteligencia, que deben estar presente en las policías y las fuerzas armadas", explicó a IPS Lucía Dammert.
Para Dammert, directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de Flacso Chile, "se tiene que consolidar el liderazgo civil democrático en el área de la seguridad", fortaleciendo "los procesos de profesionalización de las fuerzas armadas, de las policías y de los servicios de inteligencia".
"Casi todos los países (de la región) han pasado por reformas de las policías más o menos interesantes. El mayor problema es que éstas vienen vinculadas a contrarreformas, donde la institución no se deja filtrar y la voluntad política no es lo suficientemente sostenida en el tiempo como para poder verdaderamente llevarlas a cabo", acotó.
"Ciertamente, lo que el reporte demuestra es la necesidad de avanzar con mucha más seriedad en una mirada no solamente nacional sino también subregional y regional. Este no es un problema que cada país pueda enfrentar aislado" porque el crimen es cada vez más trasnacional, indicó.
El próximo reporte de Flacso, que se publicará en enero, tratará de la calidad de las estadísticas criminales, de los regímenes disciplinarios de policías y de los mecanismos de confianza mutua entre fuerzas armadas de diferentes países, adelantó.
