La fétida cuenca del Riachuelo, símbolo de la máxima contaminación en Argentina, parece cercana a un destino mejor. Entidades como la Corte Suprema de Justicia habían intimado a las autoridades a sanear sus ríos, y este viernes la flamante secretaria de Ambiente asumió el reto.
La abogada Romina Picolotti, nueva titular de la Secretaría, se comprometió a tomar en sus manos el problema de la cuenca Matanza-Riachuelo y anticipó que pediría al Congreso legislativo la "urgente declaración de emergencia ambiental" de sus ríos, a fin de acelerar los programas de saneamiento y la erradicación de industrias contaminantes.
"Los vientos parecen favorables, sólo esperamos que se cumpla con las acciones que se recomiendan", dijo a IPS Alfredo Alberti, residente en la zona del Riachuelo y presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de La Boca, una organización que ha denunciado la contaminación de esta cuenca que bordea la capital argentina.
En las últimas semanas, la Auditoría General de la Nación advirtió sobre el riesgo de "catástrofe sanitaria" por esta "verdadera cloaca" que es la cuenca. En la zona viven 3,5 millones de personas y hay instaladas unas 3.500 empresas, muchas de las cuales vierten sus residuos al río en el que también desaguan líquidos cloacales sin tratamiento.
La Auditoría halló múltiples contaminantes en las aguas, como metales pesados, residuos de hidrocarburos, agroquímicos, además de conexiones clandestinas de cloacas.
Poco después, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió su segundo informe sobre la cuenca —el primero había sido en 2001— en el que alertó de graves riesgos para la población y exhortó al gobierno a actuar sin más dilaciones, pues desde el reporte inicial no hubo avances.
Pero fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el 20 de junio, el que marcó un hito en la historia del derecho ambiental de este país, y del castigado Riachuelo.
El dictamen fue en respuesta a una demanda por contaminación de un grupo de familias al Estado nacional, provincial y municipal, y contra 44 empresas situadas en la ribera del Riachuelo.
Los demandantes viven en la zona de la desembocadura, que es la de "mayor degradación" de la cuenca, según la Auditoría. Allí "el daño a la vida acuática es total", emanan "burbujas de gas metano" y flotan restos de barcos, chatarra y residuos de todo tipo, señalaba aquel informe.
El máximo tribunal intimó a las autoridades de las tres jurisdicciones a presentar un plan de saneamiento de la cuenca en 30 días contados desde la fecha del fallo. Además, exhortó a las empresas cuestionadas a informar sobre lo que vierten al río, y a entregar sus respectivos estudios de impacto ambiental.
Finalmente, la Corte convocó a todos a presentarse a una audiencia pública para el 5 de septiembre. La sentencia, sin precedentes en la materia, marcó un camino de solución para el problema de fondo y derivó las demandas individuales de cada vecino afectado a tribunales de primera instancia.
Luego del fallo, las autoridades anunciaron el traslado "inmediato" de 12 empresas químicas situadas en la desembocadura del río, el área más crítica.
Ahora el compromiso fue asumido por la flamante responsable de la política ambiental del gobierno de Néstor Kirchner, cuya gestión no dependerá ya del Ministerio de Salud sino directamente de la Jefatura de Gabinete, la institución con más poder en el Poder Ejecutivo, después del primer mandatario.
Picolotti, una abogada procedente de una organización ambientalista, juró este viernes como secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y en sus primeras afirmaciones ante la prensa anticipó que pediría al Congreso la "urgente declaración de emergencia ambiental" de la cuenca Matanza-Riachuelo.
La cuenca tiene 64 kilómetros desde que nace en la provincia de Buenos Aires hasta la desembocadura en el Río de la Plata, y marca el límite sur entre la capital y la provincia del mismo nombre. Picolotti aseguró que debería aplicarse un plan de saneamiento, desplazar industrias y trasladar a la población en riesgo.
La funcionaria prometió que el Estado "actuará contra las empresas que contaminen" e impondrá las condiciones de radicación de cada nueva industria. Pero admitió que para eso se debe centralizar la gestión de la cuenca, un movimiento que las organizaciones de vecinos y de ambientalistas reclaman sin éxito desde hace años.
Actualmente la cuenca es administrada por una unidad ejecutora sin poder efectivo para actuar en una zona que abarca múltiples jurisdicciones. Alberti explicó que una iniciativa que se discutirá la semana próxima en el Congreso pide crear un comité de cuenca al que las jurisdicciones le deleguen su poder de policía.
Los vecinos tienen gran expectativa en la gestión de Picolotti, una abogada experta en derecho ambiental que representaba hasta ahora a los vecinos de la nororiental ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. Esos pobladores rechazan la instalación de dos plantas de celulosa en Uruguay sobre el río homónimo que comparten ambos países.
"El nombramiento de Picolotti al frente de la Secretaría agrega un eslabón más a una cadena que nos llena de esperanzas", remarcó Alberti. "Primero fue el informe de la Auditoría —un organismo público independiente del gobierno—, luego la Defensoría, más tarde la Corte, y ahora esta designación con mayor rango para el área", enumeró.
Para el activista sólo faltaría un compromiso directo del presidente. Kirchner había prometido en Gualeguaychú que la cuestión ambiental sería política de Estado y reclamó ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, el cese de la construcción de las dos fábricas de celulosa en territorio uruguayo, por los daños que podrían causar al río Uruguay.
El tribunal de La Haya se expedirá el jueves 13 sobre el pedido argentino de una medida cautelar que suspenda la construcción, aunque podría demorar varios años en fallar sobre el tema de fondo: si Uruguay violó o no el tratado bilateral que obliga a ambos estados a informar acerca de actividades o industrias en torno al río compartido.
Acerca del Riachuelo, Picolotti sostuvo que "es una situación muy dramática que afecta a cinco millones de argentinos, y debemos encontrar la manera de abocarnos en forma prioritaria a este tema".
Sin embargo, Alberti advirtió que "tenemos mucho temor de que todo quede en palabras. La actual unidad ejecutora de los proyectos de la cuenca depende del Ministerio de Planificación Federal, y nadie dijo que a partir de ahora pasará a la órbita de la Secretaría de Ambiente". Por eso "no sabemos si guiarnos por las promesas de Picolotti".
Respecto de la decisión este mes del Comité de Gestión Ambiental del Polo Petroquímico Dock Sud de obligar a 12 compañías químicas a abandonar la zona, Alberti la consideró "promisoria" si bien "hay que esperar que se concrete".
En 2003, Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, habían acordado poner en marcha los traslados de las industrias más contaminantes, pero han pasado tres años y las firmas continuaron operando y haciendo más inversiones, subrayó.
Alberti también consideró "valiosísimo" que se proyecte trasladar a 350 familias pobres del asentamiento irregular Villa Inflamable, situado en Dock Sud. La zona es la más crítica por la vulnerabilidad de la población, la falta de agua potable y saneamiento, y la contaminación concentrada de la cuenca.
El Comité de Gestión Ambiental, que está integrado por autoridades ambientales del gobierno nacional y provincial y del municipio de Avellaneda, donde están las industrias químicas, apuntó al problema más urgente. De Villa Inflamable son las familias que hicieron la demanda que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
