ASUNCIÓN MITA, Guatemala – La mayoría de la población guatemalteca sigue oponiéndose a la minería y otros proyectos extractivos, en medio de una conflictividad socioambiental que enfrenta a las comunidades que defienden sus recursos naturales frente a intereses de consorcios multinacionales.
El más reciente rechazo a proyectos mineros en este país centroamericano se dio el 18 de septiembre, en la localidad de Asunción Mita, a 350 kilómetros al sureste de la capital de Guatemala, en el departamento de Jutiapa.
Gana el No
Aquí, a través de una consulta ciudadana, 88 % de los más de 8503 participantes dijeron “no” a las operaciones de la mina aurífera Cerro Blanco, propiedad de Elevar Resources, una subsidiaria de la canadiense Bluestone Resources.
“Para mí no hay que permitirlo, nosotros ya vamos para abajo (en nuestras vidas), pero no queremos que los niños y jóvenes sufran por el impacto ambiental de la mina”, dijo Petronila Hernández, de 55 años, al salir de ejercer su voto en una escuela localizada en los alrededores de Asunción Mita.
Hernández agregó a IPS que “no estamos de acuerdo con la mina, nos afecta nuestros ojos de agua (nacientes), nosotros acarremos la agüita del ojo de agua, y la mina la contamina”.
Hernández estaba acompañada por su hija, Marilexis Ramos, de 21 años.
“Ojalá que ganemos con el No”, dijo Ramos durante la jornada de consulta. Al final de tarde se inició el recuento de votos, y para el lunes 19 los resultados comenzaron a ser claros.
Madre e hija viven en el caserío Cerro Liso, en los alrededores de Asunción Mita, y muy cerca de la mina.
La mina Cerro Blanco, de tipo subterránea, obtuvo la licencia para operar en 2007, por un periodo de 25 años, pero desde entonces no ha podido extraer el oro y plata que pretendía, debido a aspectos que no fueron previstos.
El proyecto se topó con vetas de aguas termales en el subsuelo que liberaron un calor que hacía imposible trabajar por suficiente tiempo dentro de los dos túneles construidos en la mina, explicó a IPS el activista Juan Carlos Estrada, de la Red del Agua y Saneamiento de Guatemala.
“La mina ha pasado varada durante casi 15 años sin sacar una sola onza de mineral”, acotó Estrada.
Sin embargo, la lucha comunitaria sigue porque, a pesar del revés en la consulta, la compañía continúa con sus intenciones de poder operarla y para ello pretende modificar el plan original y volverla una mina de cielo abierto.
La gente vs las transnacionales
Guatemala, una nación de 17,4 millones de habitantes, ha vivido en las últimas décadas conflictos socioambientales a partir de la defensa iniciada por las comunidades de sus territorios ante el avance de proyectos mineros, hidroeléctricos y otras iniciativas del extractivismo.
Mucho de ese conflicto se ha dado en territorios indígenas, que conforman 60 % de la población total. Miembros de poblaciones afectadas han resistido y han enfrentado la arremetida de policías y soldados.
Eso les ha valido persecución y criminalización por parte de las autoridades.
En febrero, IPS reportó sobre la lucha de comunidades indígenas maya q’eqchi’, en el municipio de El Estor, en los alrededores del lago de Izabal, en el departamento del mismo nombre, al este de Guatemala.
Ahí opera la única mina que se encuentra activa en Guatemala, pues otros proyectos similares han sido parados por la población por medio de consultas ciudadanas o por sentencias de la justicia del país, luego de que las comunidades solicitaran amparos alegando falta precisamente de esas consultas.
La mina de níquel en El Estor es operada desde 2011 por el transnacional Grupo Solway Investment, con sede central en Suiza, luego de comprarla a la canadiense HudBay Minerals.
“Se han realizado casi 100 consultas, en 100 municipios del país, y en todas se han rechazado proyectos de minas y de hidroeléctricas, principalmente”, dijo José Cruz, del colectivo ambientalista Madreselva.
La tan alta cifra de consultas expresa el nivel de lucha de la población y el interés por los recursos mineros y naturales de las empresas del sector.
“El único proyecto minero actualmente funcionando es El Estor”, subrayó Cruz a IPS. Y sigue activo gracias a un “remedo” de consulta, manipulada por la empresa, que en apariencia dio el aval.
Los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II también han sido fuente de conflicto socioambiental.
La primera central comenzó sus operaciones en 2015 y la segunda está en construcción dos años después. Ambas son propiedad de Energy Resources Capital Corporation, registrada en Panamá.
Las comunidades q´eqchi iniciaron en 2015 la lucha contra esas dos centrales hidroeléctricas en el río Cahabón, localizadas en el municipio de Santa María de Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz, en el norte de Guatemala.
Luego de un proceso de persecución y criminalización, por su participación activa en defensa de sus territorios, el líder q´eqchi Bernardo Caal fue encarcelado en enero de 2018 y condenado en noviembre siguiente a siete años de prisión por un tribunal “sin prueba alguna”, según denunció en su momento Amnistía Internacional, que lo consideró un preso de conciencia.
Sin embargo, fue liberado en marzo de este 2022, por buen comportamiento y porque en esencia no había evidencias contra él.
Proyectos transfronterizos contaminantes
Si bien el triunfo del “no” en Asunción Mita representa un logro para la ciudadanía, el proyecto sigue representando un riesgo de contaminación, no solo para esta localidad, de 50 000 habitantes, sino incluso para El Salvador, el país vecino.
Asunción Mita está localizado en las cercanías de la frontera con El Salvador.
Organizaciones ambientalistas de Guatemala, Honduras y El Salvador han advertido que la contaminación por metales pesados, generados por el proceso de extracción, terminaría impactando el río Ostúa, en el lado guatemalteco.
Y las aguas de ese río, a su vez, alcanzarían el lago de Guija, del lado salvadoreño. Y un segmento de ese lago es alcanzando por el río Lempa, que provee de agua a más de un millón de personas en San Salvador y municipios vecinos.
El río Lempa tiene 422 kilómetros de longitud y su cuenca abarca tres países: Guatemala, donde nace, y cruza una pequeña porción de Honduras y luego zigzaguea por todo El Salvador, hasta desembocar el océano Pacífico.
El Salvador aprobó en marzo de 2017 una ley que prohíbe la minería, sea subterránea o de cielo abiertos, pero la cercanía con la mina Cerro Blanco lo vuelve vulnerable de la contaminación.
“Nos preocupa, nuestra principal fuente de agua está bajo amenaza”, dijo a IPS la activista salvadoreña Dalia González, del movimiento Rebelión Verde.
González agregó que los gobiernos de Guatemala y El Salvador tienen que jugar un papel importante en la protección de los recursos naturales y la salud de la ciudadanía.
“Porque los efectos de las minas son transfronterizos”, acotó, la joven activista, a la orilla del río Ostúa, a donde había llegado junto a ambientalistas y periodistas salvadoreños, tras presenciar el proceso de consulta.
González hizo un llamado al presidente salvadoreño Nayib Bukele, para que entable un diálogo con su homólogo guatemalteco, Alejandro Giammattei, y buscar una solución al problema de la contaminación que afectaría también a El Salvador.
“La situación es grave y amerita acciones urgentes”, señaló la salvadoreña.
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Tras conocerse los resultados de la consulta ciudadana en Asunción Mita, la empresa detrás de la mina Cerro Blanco, Elevar Resources, calificó de ilegal el proceso, según un comunicado de presa hecho público el lunes 19.
El director gerente de la empresa, Bob Gil, dijo: “este proceso de consulta es claramente ilegal y está lleno de irregularidades”, según el comunicado.
Para la empresa, el proceso fue viciado por parte de lo que llamó “grupos antiminería”.
“Estamos decepcionados con las acciones de estos grupos que utilizan referendos sesgados, para crear dudas e incertidumbres en torno a proyectos de minería responsables como Cerro Blanco”, añadió.
El consorcio dijo que el objetivo es continuar desarrollando el proyecto y producir 2,6 millones de onzas de oro durante la vida útil del yacimiento.
Debido a los problemas que ha tenido con los túneles y el calor que no deja trabajar ni extraer los minerales, la compañía presentó en noviembre de 2021 una solicitud a las autoridades para transformar el actual proyecto subterráneo a uno de cielo abierto.
La empresa “habló de una actualización del Estudio de Impacto Ambiental, pero lo que procedía era un nuevo estudio, porque era un proyecto completamente diferente”, afirmó Cruz, de Madreselva.
ED: EG
