RIO DE JANEIRO, Brasil – Son elecciones de mal agüero las que Brasil intenta promover en octubre. El presidente elegido en las anteriores de 2018, Jair Bolsonaro, ahora asombra al país afirmando que hubo fraude en los comicios en que él mismo ganó.
Habría triunfado en la primera vuelta, sostiene, sin presentar las pruebas prometidas de que las urnas electrónicas favorecen el fraude que ahora amenazaría su reelección.
El asesinato del guardia municipal Marcelo Arruda este mes en Foz do Iguaçu, la ciudad de 260.000 habitantes en el sudoeste de Brasil, en la frontera con Paraguay, parece confirmar los peores temores sobre el desarrollo de una cruenta campaña electoral.
Arruda era el tesorero local del Partido de los Trabajadores (PT) y celebraba su 50 cumpleaños en la noche del sábado 9 de este mes, cuando el policía penitenciario Jorge Guaranho irrumpió en la fiesta que tenía lugar en un club local y mató a tiros de pistola al cumpleañero.
Minutos antes había pasado delante del salón de fiestas provocando a los presentes con vivas a Bolsonaro e insultos al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, también homenajeado en la fiesta. Prometió volver y “matar a todos”, ante la reacción de Arruda que tiró tierra contra el automóvil en el que de desplazaba.
Herido en el pecho, Arruda, que se había armado ante la amenaza, aun consiguió tirar contra Guaranhos, quien se encuentra hospitalizado en estado grave, respirando con auxilio mecánico.
Discursos de odio
“Ese crimen representa el agravamiento de la polarización, incitado por el discurso de odio y la intolerancia” del bolsonarismo, definió Felipe Borba, profesor de política en la Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro (Unirio).
Borba estudió la violencia en las elecciones municipales e observa un cambio en relación a los asesinatos políticos que, en la historia brasileña, se concentran en disputas locales por “razones económicas y de dominación política”.
“Ahora una persona contaminada por el discurso de odio invadió una fiesta, no se trataba de un acto de campaña electoral”, contrastó. Los testigos destacan que Arruda y Guaranhos no se conocían.
Analistas y dirigentes políticos temen que en Brasil se repita algo similar a la invasión del Capitólio, sede del Congreso legislativo estadounidense, el 6 de enero de 2021, cuando seguidores del presidente saliente Donald Trump, buscaron anular el resultado de las elecciones presidenciales.
“Hay un condimento distinto. Las acciones en Estados Unidos se dirigieron a las instituciones, se invadió el Capitolio. No se trataba de conflictos entre los partidos Republicano y Demócrata. En cambio, en Brasil, se atacan las instituciones, especialmente las judiciales como el Tribunal Superior Electoral y el Supremo Tribunal Federal, pero también a los adversarios políticos”, destacó Borba a IPS.
No fue solo un bolsonarista asesinó a un dirigente del PT, cuyo líder máximo, Lula, aparece como el favorito en las elecciones presidenciales de octubre, y que puede impedir la reelección de Bolsonaro.
Sino que hubo otros atentados contra actos electorales de Lula y el PT. El 16 de junio un dron lanzó heces, orina y algún producto químico sobre los presentes en un mitin en Uberlandia, ciudad de 710.000 habitantes en el centro de Brasil, a 350 kilómetros de Brasilia.
Una bomba similar, una gran botella de heces, cayó sobre parte de la multitud que asistió al encuentro con Lula en el centro de Río de Janeiro, el 7 de este mes. Y la sede del PT en Goiania, capital del estado de Goiás, a 180 kilómetros de Brasilia, sufrió el 12 de este mes un incendio parcial que se sospecha fue un ataque político.
Más violencia
Las elecciones nacionales en general han tenido “tensiones naturales”, con polarización, pero dentro de las normas constitucionales, en que los derrotados aceptaban el triunfo del adversario, recuerda el profesor de Unirio.
“Ahora hay un discurso de odio asociado a las acusaciones de fraude y de que las elecciones no son limpias. Eso tendrá graves consecuencias, en términos de violencia durante la campaña electoral”, que oficialmente empieza el 16 de agosto; y después, si Bolsonaro es derrotado y “al odio se sumará la frustración”, concluyó Borba.
Es lo que teme también Fernando Lattman-Weltman, sociólogo y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ).
“El asesinato en Foz do Iguaçu era previsible y es posible que se repitan otros casos de violencia no tan graves, como las bombas de heces, sin sobrepasar la frecuencia esporádica”, vaticinó.
Su evaluación se basa en la reacción de variados sectores de la sociedad, de condena a la violencia política. Ante ese rechazo de efectos electorales evidentes, Bolsonaro intenta librarse de la responsabilidad indirecta que tiene en el asesinato, por sus agresivas declaraciones contra el PT, Lula y la izquierda.
Además, él promueve un deterioro de la convivencia social bajo las leyes, al alzarse contra algunas decisiones de las autoridades judiciales, al atacar directamente a algunos jueces al frente de investigaciones sobre posibles delitos suyos y de sus hijos, y amenazar con el incumplimiento de las leyes.
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Bolsonaro siempre recurre al acuchillamiento que sufrió el 6 de septiembre de 2018, durante un acto electoral de Juiz de Fora, a 160 kilómetros de Río de Janeiro, para presentarse como víctima de la violencia de la izquierda y no su promotor.
Pero el cuchillazo partió de Adelio Bispo, quien resultó tener una enfermedad mental y haber actuado solo, por diagnósticos psiquiátricos acogidos por la Justicia.
Ahora todo vale
La violencia es endémica en la sociedad brasileña, tanto urbana como rural, pero en la política se limitaba tradicionalmente a las peleas entre facciones locales, por intereses precisos, y no por las discrepancias ideológicas y partidarias que despuntan ahora en el asesinato del petista Arruda, analizó Lattman-Weltman.
“En Brasil siempre hubo el consenso en ver a los crímenes políticos como una desviación, algo ilegítimo, debido al atraso, y que la modernización de la sociedad inhibiría”, observó.
Era como en el fútbol, en que valen las reglas, por más que los jugadores violen la ética, y se cumple el “juego limpio” cuando un colega parece gravemente lastimado.
“Ahora eso terminó en la política brasileña. Se instaló el vale todo, desde la inhabilitación de la expresidenta Dilma Rousseff en 2016. Poco valen las leyes, se atacan a otros políticos, los jueces y los periodistas”, lamentó en diálogo con IPS el sociólogo especialista en temas políticos e ideológicos.
“Cambió la perspectiva cultural y ética en el juego político. Matar a un oponente era un acto marginal, ahora se puso en el centro del sistema, superando peleas entre caciques locales”, que en general provocan los asesinatos políticos en el país, sostuvo.
Ese vale todo se incorporó también al juego parlamentario, donde se aprobó la ampliación de varios beneficios sociales, como la ayuda financiera a los más pobres, a los camioneros y taxistas, menos de tres meses antes de las elecciones del 2 de octubre.
La legislación electoral prohíbe ese tipo de medidas en el período preelectoral, que además violan las reglas fiscales. Para soslayar esas ilegalidades se aprobó también una enmienda constitucional para establecer el “estado de emergencia” que permite esas “bondades” que desequilibran el juego electoral a favor de los gobernantes.
Los brasileños vivirán hasta las elecciones pendientes del esperado agravamiento de la violencia política y de los efectos electorales de esas “bondades”.
