Aunque aún se encuentra en elaboración, ya genera resistencias. Se trata del Código de Conducta Responsable impulsado por el gobierno chileno de Michelle Bachelet para regular las inversiones públicas y privadas en los territorios donde habitan indígenas.
"El Código es un mecanismo inadecuado, porque no resuelve el problema de fondo que es efectuar una gestión sustentable de los recursos naturales que hay en Chile, con pleno respeto a los derechos ambientales y a los derechos de la ciudadanía, particularmente de los pueblos indígenas", dijo a IPS Nancy Yánez, codirectora del no gubernamental Observatorio Ciudadano.
"Lo que hace el Código es validar la práctica que se viene desarrollando hasta ahora, en la cual el Estado se libera de la responsabilidad política de tener que decidir cómo y dónde se hacen las inversiones, desde la perspectiva de la planificación estratégica de los recursos naturales", acotó esta abogada experta en derechos de los pueblos indígenas.
La aprobación de grandes plantaciones forestales, plantas de fabricación de celulosa, yacimientos mineros, represas hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, entre otros megaproyectos a desarrollar en territorios ancestrales de indígenas, que suman más de un millón de personas, es hoy uno de los principales focos de conflicto con las autoridades.
El denominado "Código Indígena", impulsado por el gobierno centroizquierdista de Bachelet, busca dar cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que entrará en vigor el 15 de septiembre.
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Hasta ahora, el debate, calificado como "muy positivo" por el Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, se ha centrado en una propuesta preliminar de "Código de Conducta Responsable para Inversiones Públicas y Privadas en Tierras y Áreas de Desarrollo Indígena (ADIS)". Según ese documento de 154 páginas, en conjunto ambas superan las nueve millones de hectáreas.
Luego de que el gobierno recoja el máximo de observaciones y propuestas, un proyecto de Código mejorado se someterá a Consulta Nacional Indígena, cuyos resultados serán nuevamente procesados por el gobierno para la elaboración de un Instructivo y un proyecto de ley. La última palabra la tendrá la presidenta Bachelet, de la Concertación de Partidos por la Democracia.
En una primera instancia, el Instructivo será obligatorio para la inversión pública y voluntario para la inversión privada, diferenciación que es duramente criticada por Yánez. Sólo después de que se apruebe una ley sobre el tema, se establecerá un sistema obligatorio para todos.
El Código propone nueve "ámbitos de protección" para los pueblos indígenas, que tienen que ver con sus tierras, territorios y recursos naturales, su patrimonio cultural material e inmaterial, sus recursos genéticos, conocimientos y prácticas asociadas, además de su educación, salud, seguridad, trabajo y condiciones laborales.
Como "ámbitos de protección", también se postulan los procesos de participación de las comunidades en los proyectos que los afecten, la "transparencia y prevención de la corrupción" y la "participación de las comunidades en los beneficios".
"Siempre que el proyecto afecte sus tierras, territorios y recursos naturales, se deberá consultar a las comunidades involucradas. Los pueblos indígenas no serán desplazados de sus tierras o territorios. Cuando ello sea inevitable, el traslado se podrá llevar a efecto con el consentimiento libre, previo e informado", dice el texto.
Agrega que "los proponentes del proyecto, siempre que sea posible, buscarán mecanismos de participación justa y equitativa en los beneficios del proyecto que se localiza en tierras indígenas o áreas de desarrollo indígena. Dicha participación se definirá a través de condiciones mutuamente acordadas".
Las iniciativas que cumplan todos los estándares serán visadas por tres años renovables por el Consejo Nacional de Certificación, un órgano público que se crearía bajo dependencia del Ministerio de Planificación y Cooperación con siete integrantes: un presidente designado por la mandataria, tres representantes de los indígenas, uno del mundo académico, otro del empresariado y uno de la sociedad civil.
Entre los indígenas, el Código ha generado diferentes posturas.
El líder mapuche Aucán Huilcamán, del Consejo de Todas las Tierras, celebró la creación del Código, ya que a su juicio permitirá frenar los proyectos en territorios indígenas.
En cambio, la Alianza Territorial Wenteche-Pewenche, que agrupa a diversas comunidades de esta misma etnia, la más numerosa del país, se manifestó en contra, cuestionando la forma en que el gobierno ha llevado a cabo el proceso de participación de los indígenas en el marco del Convenio 169.
Las dos consultas nacionales indígenas ya realizadas —una sobre mecanismos de participación política y otra sobre la reforma que los reconoce constitucionalmente— han versado sobre iniciativas decididas con anterioridad por las autoridades y no formuladas o consensuadas con los indígenas primero, al igual que está sucediendo con el Código de Conducta Responsable, dijo a IPS el comité político de esta Alianza.
En este sentido, el Comisionado Presidencial Egaña ha reconocido que las consultas impulsadas por el gobierno son "perfectibles".
El Código "lo vemos como un paso importante y necesario de dar en un país con un estándar tan pobre en materia de reconocimiento de derechos" de los pueblos indígenas, dijo por su parte a IPS Gustavo Quilaqueo, presidente del partido político mapuche Wallmapuwen (en proceso de legalización).
"Sin embargo, somos críticos de cómo el borrador del 'Código' está siendo enfocado por el gobierno y el propio PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)" que asesora al Ejecutivo, acotó el dirigente mapuche.
"En los hechos, pareciera que no se busca ni reconocer ni garantizar derechos colectivos, lo cual es el espíritu del Convenio 169, sino más bien allanar el camino para aquellas políticas de desarrollo que cuestionamos y que han gatillado gran parte de los conflictos existentes en el territorio mapuche", declaró Quilaqueo.
"No nos parece pertinente que se reduzca el derecho de nuestros pueblos a la consulta (previa, libre e informada, según el Convenio 169) a un asunto bilateral entre 'comunidades y empresas', inclusive entre 'personas y empresas', lo cual claramente beneficiará a quien tenga mayor poder de negociación, es decir, a los inversionistas y sus proyectos", añadió.
"El Convenio 169 establece tres grandes estándares: consulta previa, libre e informada, participación de los pueblos en los beneficios que generen los proyectos y compensación por daños", recordó Yánez.
"El Código de Conducta Responsable no 'operacionaliza' esos estándares, lo que hace es propiciar procesos de negociación sobre los impactos ambientales, sociales, culturales y económicos de un determinado proyecto en territorio indígena", opinó.
"Lo que hace el Estado es actuar en calidad de árbitro, garantizando que estos procesos de negociación se lleven a cabo bajo condiciones de equidad mínima", enfatizó la codirectora del Observatorio Ciudadano.
Tampoco "nos queda clara la efectividad del Código, puesto que se señala que las comunidades que se opongan a determinada inversión privada deberán justificar su posición ante el denominado Consejo Nacional de Certificación, cuyo diseño actual está pensado para que la presencia indígena sea minoritaria a la hora de votar", apuntó Quilaqueo.
"En definitiva, este es un nuevo mecanismo 'legal' para avalar y mantener la invasión forestal, minera, etc. en los territorios indígenas y particularmente en territorio mapuche", planteó la Alianza Territorial Wenteche-Pewenche.
En el sector privado, las opiniones también son diversas. Mientras algunos saludan la fijación de parámetros claros para evitar conflictos con los pueblos nativos, otros cuestionan que se desarrolle un proceso paralelo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que también considera mitigaciones para las comunidades afectadas.
Otros analistas creen que los requisitos fijados por el Código encarecerán las inversiones y obligarán a los empresarios a desplazarse hacia zonas no indígenas, lo cual sumirá aún más en la pobreza a este sector de la población.
Ante las aprehensiones de los empresarios, el ministro secretario general de la presidencia, José Antonio Viera- Gallo, declaró al diario local El Mercurio que "la voluntad del gobierno está muy lejos de desalentar la inversión" sino que el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT "puede ser un camino para encontrar formas más eficaces para resolver probables conflictos".
Para Yánez, "el problema de fondo es el modelo económico de Chile, ya que el gobierno cuenta con antecedentes suficientes del reclamo de los pueblos indígenas en torno a mantener el control sobre los recursos naturales". "En ese escenario, el Código de Conducta Responsable es perverso porque apunta a la compra de voluntades indígenas", apuntó.
Según la abogada, el Código tampoco incorpora la evolución del derecho y la jurisprudencia internacional, los cuales indicarían que ante megaproyectos extractivos de recursos naturales que afecten la integridad de los pueblos indígenas los Estados deben reemplazar los procesos de "consulta" previa, libre e informada por procesos de "consentimiento", previo, libre e informado, concluyó.
