«Hundir la reforma política es enviarle el mensaje al país de que para llegar al Congreso de Colombia es viable el fraude electoral», arguyó sin éxito la senadora oficialista Gina Parody en el debate parlamentario que terminó con la muerte de la iniciativa.
La reforma de las normas electorales y de otros aspectos del sistema político fue anunciada en agosto de 2007 por el presidente de Colombia, el derechista Álvaro Uribe, en respuesta a la investigación que alcanzaba en ese momento a 14 senadores por vínculos con organizaciones paramilitares que presionaron a favor de estos dirigentes en la contienda electoral de un año antes.
La pesquisa judicial incluyó Álvaro Araújo Noguera y Álvaro Araújo Castro, el padre y el hermano, de la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Consuelo Araújo, quien debió renunciar a su cargo a pesar de la insistencia de inocencia.
En la actualidad son 33 los senadores procesados y en prisión a la espera de sentencia firme por esta causa, entre ellos Araújo Castro y Mario Uribe, primo del presidente, mientras avanza la investigación sobre otros parlamentarios oficialistas.
"La situación del Congreso (legislativo) era insostenible. Si el gobierno no anunciaba cambios, corría el riesgo de desprestigio, y de generar una crisis con efectos insospechados", explicó a IPS, el abogado Armando Novoa, asesor en el proceso que elaboró la Constitución aprobada en 1991 y actualmente en vigor.
La iniciativa presidencial sepultada en la noche del martes había contado originalmente con el apoyo de los sectores políticos que sustentan a Uribe y hasta miembros del opositor e izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).
"Porque la democracia se funda en un principio elemental, y es que el voto tiene que ser limpio y libre. Si no es así, hay corrupción, manipulación, y eso debe llamar la atención tanto a la izquierda como a la derecha", señaló Novoa.
El proyecto de reforma pasó por los debates correspondientes en las comisiones del Congreso bicameral, bajo permanente atención presidencial.
Pero ya en sesión plenaria de la Cámara de Representantes, la iniciativa gubernamental perdió uno de sus preciados puntos al ser aprobada la figura de la llamada "silla vacía", que consistía en impedir el reemplazo del senador que fuera procesado con prisión por supuestos vínculos con grupos al margen de la ley.
Esa aprobación fue impulsada por la presión de los movimientos ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, quienes denunciaron que detrás de la reforma se pretendía mantener la impunidad de la dirigencia política.
La decisión en la cámara baja produjo entonces el desinterés del gobierno y de representantes de los sectores oficialistas, dado que, al no ser posible reemplazar a los senadores investigados y privados de la libertad, era muy posible que el gobierno perdiera la mayoría actual que garantiza la aprobación de sus proyectos.
El ministro del Interior, Carlos Holguín, aceptó ante los medios de comunicación, de manera directa hace una semana, que la reforma tal cual había quedado llevaría a la "pérdida de mayorías y gobernabilidad".
En contraposición, senadores uribistas defendieron hasta último momento la aprobación de la reforma política. La senadora Parody argumentó que la silla vacía permitiría restablecer la legitimidad del Congreso, mediante el reconocimiento de electores libres.
El senador Germán Vargas Lleras, reconocido por el apoyo incondicional a Uribe en tiempo pasado, renunció al escaño que ocupó durante 14 años consecutivos debido a que quien los suplía, por estar fuera del país con permiso del cuerpo, se negó a votar la reforma como él lo había mandatado.
Los argumentos de Parody y de Vargas se sumaron a los del opositor izquierdista Gustavo Petro, perseverante investigador de los vínculos entre políticos y paramilitares ultraderechistas, remontándose en su intervención del martes a la década del 80, cuando el jefe narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, muerto por la policía en 1993, llegó a ocupar un lugar en el parlamento.
El confeso jefe paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado en mayo a Estados Unidos, aseguró en sus declaraciones ante la justicia que 35 por ciento de los legisladores actuales contaron con apoyo paramilitar.
Mientras se desarrollaba la sesión de la víspera, manifestantes asistieron a las barras con pancartas en las que pedían aceptar la "silla vacía" para evitar que, una nueva iniciativa del Congreso permita la segunda reelección de Álvaro Uribe.
En un acto simbólico enviaron desde primeras horas del día una corona mortuoria, y otros imitaron con disfraces al legislador Teodolindo Avendaño, quien se ausentó del Congreso en la votación para favorecer la primera reelección de Uribe, y que hoy, a sus 73 años, está encarcelado por orden de la Corte Suprema de Justicia por esa causa.
La misma fórmula que se aplicó el martes para hundir definitivamente la reforma política. Tres de los legisladores habilitados para votar, se ausentaron del recinto para evitar que se llegara a los 11 votos que se necesitaban para permitir el paso del proyecto a la sesión plenaria del Senado.
Tras conocerse la decisión definitiva a las 18:30, hora colombiana, el senador del opositor Partido Liberal, Juan Fernando Cristo, aseguró ante los medios que se sentía "avergonzado ante el pueblo colombiano".
Héctor Helí Rojas, del mismo partido, dijo a IPS que "se perdió la única posibilidad de lograr sanciones para los legisladores vinculados con la llamada parapolítica, la farcpolítica (por supuesta relación con las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), narcopolítica, el testaferrato o cualquier vínculo con la delincuencia".
El ministro Holguín anunció la elaboración de la que calificó "una gran reforma", a presentar el 20 de julio cuando se inician las sesiones ordinarias del Congreso.
