Ante el incremento de los conflictos sociales, representantes de 18 Defensorías del Pueblo de Iberoamérica acordaron conformar una red de control para prevenir y enfrentar estos procesos que casi siempre culminan en estallidos de violencia. Perú fue elegido como la sede central.
"Este esfuerzo va a contribuir a que los conflictos sean canalizados por procedimientos legales o la vía del diálogo, y no que terminen en hechos violentos que afectan a la gobernabilidad de nuestros países", dijo a IPS el jefe de la Unidad de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de Perú, Rolando Luque.
La presentación peruana propuso la creación de esta red con ocasión del XII Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) que se celebró en Lima del 20 al 23 de este mes.
En el encuentro, los defensores del Pueblo firmaron un acta de compromiso y eligieron a Perú por el lapso de dos años como el país coordinador y la sede de esta red que empezará a operar en enero de 2008.
En el acta firmada, se reconoce que esta iniciativa es "el primer paso" para fortalecer los vínculos de cooperación entre los ombudsman en el tema de conflictos sociales que exige "desarrollar capacidades, compartir conocimiento, intercambiar y sistematizar experiencias" para enfrentar mejor estos casos y prevenirlos.
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Entre los firmantes, además de Perú aparecen las autoridades de Andorra, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, Puerto Rico y Venezuela.
Durante el encuentro en Lima, se resaltó que los casos más comunes de conflictos en América Latina giran alrededor de las industrias extractivas (la actividad minera e hidrocarburífera), la demarcación territorial y las demandas por acceso a servicios básicos debido a la débil presencia del Estado en amplios sectores sociales.
Según la Defensoría del Pueblo de Perú, hasta octubre se registraron 80 conflictos en el país, de los cuales 34 son activos y 46 latentes. Lo alarmante es que 90 por ciento de los casos se produce por la ausencia del Estado y en más de 80 por ciento tienen como escenario zonas en situación de pobreza.
"La región latinoamericana tiene un común denominador: los conflictos generados por la violación de derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos, que el Estado no garantiza ni promueve en muchos casos", dijo a IPS el defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín.
Albarracín consideró que la desigualdad en la repartición de la riqueza en los países en vías de desarrollo y las actitudes discriminatorias de los círculos de poder frente a los pobladores que viven en situaciones adversas contribuyen a este escenario de conflicto.
"La mentalidad discriminadora conduce al ser humano a cometer innumerables fechorías. Incluso, en la práctica, éstas pueden convertirse en actos de lesa humanidad", dijo Albarracín durante el encuentro con sus pares de Iberoamérica.
Para el representante de Bolivia, los ombudsman deben asumir un papel político en algunas circunstancias, con el propósito de "defender en la esfera pública los derechos de las personas".
En la declaración final del encuentro en Lima, los defensores del pueblo reconocieron que la discriminación, la exclusión, la desigualdad, las carencias para universalizar una educación de buena calidad, las deficiencias de los servicios públicos y la falta de protección al ambiente son las principales situaciones que abonan al surgimiento de conflictos sociales.
Albarracín informó a IPS que, en Bolivia, los principales conflictos sociales se originan por las demandas regionales de los comités cívicos, unidos a los gobernadores opositores, como es el caso de Santa Cruz o Cochabamba.
La segunda fuente de conflictos en su país, agregó, son las demandas sectoriales de educación y salud, y la exigencia de incrementos de sueldos.
Antes de que Evo Morales asumiera la presidencia de Bolivia, el principal motivo de los enfrentamientos entre la población y el gobierno giraba en torno de la producción de hoja de coca, dijo Albarracín.
Para él, los campesinos cocaleros han empezado a colaborar en la reducción de los cultivos como parte de la lucha contra el narcotráfico, al sentirse representados en el Estado por Morales, quien fue su líder.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia creó hace apenas cinco meses una Unidad de Conflictos. Perú lo hizo hace un año. El ombudsman de Colombia también cuenta con esta área especializada, pero en la mayoría de las Defensorías sólo existen oficinas de mediación para todo tipo de conflicto como sucede con Venezuela.
Los ombudsman recién se preparan para enfrentar escenarios de crisis social de gran complejidad. La mayoría no cuenta con información sistematizada.
"Esperemos que la red permita prevenir los conflictos que en el caso de Perú van en aumento. El panorama no es muy alentador", dijo Luque.
Según él, la tendencia en Perú para 2008 es el incremento de conflictos relacionados con temas socioambientales, la revocatoria de autoridades locales y la delimitación de territorios.
En el primer caso, la razón principal recae en la falta de voluntad política del gobierno para crear una autoridad autónoma de ambiente, pese a que 40 por ciento de los conflictos están relacionados con este tema.
El defensor del Pueblo de Colombia, Vólmar Pérez Ortiz, señaló que, para prevenir conflictos socioambientales y proteger los derechos de pueblos indígenas afectados por proyectos de extracción de recursos naturales, se viene trabajando en el respeto a la consulta previa.
La idea es que, antes de que se otorgue una concesión a una empresa, sean los aborígenes dueños de estos territorios quienes den su consentimiento.
Además, informó que su institución ha presentado al Congreso legislativo de su país un proyecto para reglamentar el derecho a la igualdad y la no discriminación con el cual se busca penalizar estas prácticas que sirven de caldo de cultivo para los conflictos sociales.
Pérez Ortiz subrayó que este trato discriminatorio se da en todos los niveles y tanto en áreas rurales como urbanas. En Colombia, muchas empresas siguen exigiendo a las mujeres pruebas de embarazo cuando solicitan empleo. La diferencia salarial entre una mujer y un hombre es de aproximadamente 30 por ciento, informó el ombudsman.
Por su parte, el defensor del Pueblo de Venezuela, Germán Mundaraín, dijo a IPS que los conflictos sociales "son inherentes a toda democracia" pero que se pueden desbordar cuando un gran sector de ciudadanos siente que sólo "un grupo cuenta con grandes privilegios".
En Venezuela, informó, el principal motivo de disputas entre el Estado y los pobladores siguen siendo la exigencia de acceso a servicios básicos, principalmente, de vivienda. Aunque aseguró que el 46 por ciento del presupuesto del Estado está destinado a inversión social.
Mundaraín evitó ahondar en los conflictos por el recorte de derechos políticos como la libertad de expresión en Venezuela. Para él, la mejor prueba de que se respeta la democracia en su país es que en ocho años de gobierno de Hugo Chávez se ha realizado nueve procesos electorales. "La mejor expresión de la democracia es el voto", dijo con una mirada parcializada.
Los representantes de las Defensorías hicieron hincapié en que los gobiernos incumplen los compromisos suscritos con las organizaciones sociales en las mesas de diálogo que se instalan para resolver los conflictos. Por ello, la red también hará seguimiento a las actas firmadas.
