Las insistentes campañas sobre la seguridad ciudadana están imponiendo en Chile una no declarada tolerancia cero contra la delincuencia con efectos a veces trágicos, como el asesinato por error de Sergio Lagos, un empleado de comercio.
Al final de la tarde del sábado 10 de julio, Lagos y un compañero de trabajo acudieron hasta la residencia de Ana María Viviani en La Dehesa, un municipio de sectores de altos ingresos de Santiago, para entregar un televisor que la mujer había comprado ese mismo día en Alto Las Condes, un lujoso centro comercial.
Viviani no informó de la compra a su esposo, el ingeniero Angel Zerega, quien al ver a dos hombres en el interior de su casa cargando un televisor pensó que se trataba de ladrones y les disparó, dando muerte a Lagos, de 34 años, soltero, quien vivía en el populoso municipio de La Florida.
El viernes 16, un juez abrió proceso contra Zerega y tras notificarlo de cargos por homicidio simple dispuso de inmediato su libertad provisional.
El abogado del ingeniero logró un trato benévolo hacia su cliente, aduciendo que éste actuó influido por una traumática experiencia de hace tres años, cuando él y su familia fueron retenidos como rehenes en su propio hogar por hampones que desvalijaron la residencia.
El director de la organización Libertades Públicas, el abogado Julián López, cuestionó el tratamiento dado a este caso por la prensa, que ha puesto énfasis en justificar el error de Zerega con el asalto que sufrió en 2001.
Ese enfoque resulta extraordinariamente preocupante porque parece suponer que, si se hubiera tratado efectivamente de un ladrón, el disparo y la muerte de la víctima habrían estado justificados. Eso es incorrecto, señaló López en una carta al diario El Mercurio de Santiago.
López recordó que el Código Penal chileno reconoce la legítima defensa sólo cuando hay una agresión ilegítima que debe ser impedida o repelida por medios racionales. Excepcionalmente, la ley admite la presunción de legítima defensa si se trata de impedir un ingreso indebido a un hogar o un robo con violencia o intimidación.
Ninguna de esas circunstancias se dio en los hechos que culminaron con la muerte de Lagos, indicó López, quien subrayó que en este caso no es un atenuante el error del ingeniero Zerega.
Quien enfrenta con un arma a un ladrón que no lo está agrediendo y le dispara sin darle la posibilidad de entregarse no está actuando en legítima defensa, sino llevando a cabo una ejecución sin juicio previo. Se trata lisa y llanamente de un homicidio que debe ser juzgado como tal, recalcó el director de Libertades Públicas.
La exageración del discurso sobre la inseguridad ciudadana no sólo está conduciendo a adoptar medidas de defensa irracionales y desproporcionadas, sino que está empezando a crear confusión sobre los principios y valores esenciales de un Estado de derecho, sentenció López.
La preocupación por la seguridad ciudadana se está asociando crecientemente en Chile con la llamada tolerancia cero, que en su esencia significa la criminalización de la pobreza en la defensa de un orden social, según expertos.
Parece normal que las personas de estratos sociales superiores que cometen los mismos delitos que personas de sectores pobres no sean tratados del mismo modo que un pobre, dijo a IPS María Emilia Tijoux, de la Escuela de Sociología de la Universidad Arcis de Santiago.
El sesgo socioeconómico con que se observa la delincuencia es manifiesto en el coronel retirado Cristián Labbé, un ex viceministro de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y actual alcalde de Providencia, quien responsabiliza del alto número de delitos que se registran en este municipio a personas que no tienen su residencia en él.
Providencia tiene 125.000 habitantes, mientras que su población flotante es de 600.000, arguyó Labbé a raíz de un informe del Ministerio del Interior en que se consigna que este municipio santiaguino tuvo la más alta proporcionalidad en todo Chile de denuncias de asaltos, robos y homicidios en el primer semestre de este año.
El alcalde se enorgullece, en todo caso, del sistema de vigilancia que ha implantado en esta comuna, con instructivos a los vecinos para que denuncien a potenciales delincuentes que vienen de otros sectores de la capital.
Hace tres años el alcalde distribuyó volantes en que nos advertía que debíamos estar alertas ante personas desconocidas que pasearan por nuestras calles y avisar a la policía o al municipio. Parecía paranoia, señaló a IPS Adolfo Rodríguez, residente en Providencia.
Tijoux recordó que en Chile se han realizado seminarios centrados en la figura del ex alcalde de Nueva York Rudolph Giulliani, padre de la tolerancia cero, donde han participado políticos derechistas, como Joaquín Lavín, alcalde de Santiago-Centro y precandidato para los comicios presidenciales de diciembre de 2005.
Es la (oposición de) derecha la que ha colocado el tema de la seguridad como más importante que el desempleo, la pobreza o el acceso a la salud y el gobierno (de centroizquierda) ha caído en ese juego, comentó a IPS Javier Jara, un joven abogado.
La Fundación Paz Ciudadana, que ha instalado la imagen de la inseguridad en la sociedad chilena, es presidida por Agustín Edwards, propietario de la empresa El Mercurio, el mayor consorcio periodístico de este país, pero su vicepresidente es Sergio Bitar, el actual ministro de Educación, recordó Jara.
En el directorio de Paz Ciudadana conviven ex ministros de la dictadura de Pinochet, como el economista Carlos Cáceres, y políticos de derecha, como el senador Carlos Bombal, con José Joaquín Brunner y Edmundo Pérez, ex ministros del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), en representación de la centroizquierdista Concertación por la Democracia aún en el poder, agregó el abogado.
Si bien Chile es observado desde el exterior como un país seguro en relación a otras naciones latinoamericanas, el exagerado discurso sobre la inseguridad está desatando fenómenos que preocupan al gobierno de Ricardo Lagos.
René Jofré, encargado de la división de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, señaló que en este país tiende a generalizarse el efecto Penco.
Penco es un municipio de 46.000 habitantes situado 520 kilómetros al sur de Santiago y que en la última encuesta de ese ministerio entregó el mayor índice de inseguridad, porque 78 por ciento de su población consultada estima que puede ser víctima de un delito.
Sin embargo, en la misma encuesta el 89,7 por ciento de los entrevistados en Penco dijeron que su casa es un lugar seguro, 80 por ciento que su barrio es seguro, 86 por ciento que la localidad es segura y 89 por ciento señaló que no ha vivido en su hogar situaciones de riesgo o peligro asociadas a la delincuencia, señaló Jofré.
La obsesión por la seguridad ciudadana y la tolerancia cero están llevando a olvidar que la vida de un ladrón merece tanto respeto como la de un hombre honrado, y es una paradoja que sea la muerte de un hombre honrado la que nos obligue a recordarlo, dijo Julián López a propósito del asesinato de Sergio Lagos.
