GINEBRA – La relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, planteó nuevamente este lunes 24 el fin de la “guerra contra las drogas”, y apoyó “la despenalización total del consumo” de esas sustancias.
“Debemos poner fin a la guerra contra las drogas, porque es una guerra contra las personas”, dijo Mofokeng ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza, e invitó a todos los Estados a “centrarse en la dignidad, la salud pública y los derechos humanos”.
Mofokeng, médica y activista sudafricana de derechos humanos, sostuvo que “la aplicación de leyes y políticas sobre drogas agrava otras formas de discriminación y afecta desproporcionadamente a determinadas personas”.
Mencionó en esos grupos a personas sin hogar o pobres, personas con problemas de salud mental, trabajadores en el lugar de trabajo, género, mujeres, niños, personas LGBTIQ+, personas negras, pueblos indígenas y migrantes”.
También a encarceladas o detenidas, personas con discapacidades, las que viven con VIH, tuberculosis o hepatitis, y las que habitan en zonas rurales.
“Debemos poner fin a la guerra contra las drogas, porque es una guerra contra las personas”: Tlaleng Mofokeng.
Su informe enfatiza que los Estados tienen la obligación de implementar intervenciones basadas en evidencia para minimizar los efectos adversos para la salud y los riesgos y daños asociados con el consumo de drogas.
“Los convenios de fiscalización internacional de drogas han tenido un impacto negativo en la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de ciertos medicamentos”, resaltó.
En su opinión la criminalización es solo una opción extrema dentro de un abanico de regulaciones, y los Estados “deben desarrollar marcos regulatorios de manera coherente, basados en evidencia científica, teniendo en cuenta las asimetrías de poder y sin estar sujetos a influencias corporativas indebidas”.
También deberían evaluar la posibilidad de crear un mecanismo responsable de monitorear la situación de las políticas de drogas y los derechos humanos, pues “la reducción de riesgos como enfoque mejorará la confianza, el diálogo, la creatividad y la innovación en este urgente momento de cambio de paradigma”.
El informe explora cómo la reducción de daños se relaciona tanto con el consumo de drogas como con los trastornos que causa, así como con las leyes y políticas sobre drogas, con el objetivo de analizar y abordar los resultados relacionados que impactan negativamente el disfrute del derecho a la salud.
Menciona que los convenios de fiscalización internacional de drogas “han tenido un impacto negativo en la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de ciertos medicamentos”.
Hace hincapié en que acabar con la criminalización, el estigma y la discriminación, que constituyen barreras estructurales para el acceso a los servicios, mejorará el acceso a la información, los bienes, los servicios y las instalaciones.
“Todas las partes interesadas deben respetar a las personas que consumen drogas, a quienes padecen trastornos por consumo de drogas y a aquellos cuya salud y bienestar se ven afectados por las leyes y políticas sobre drogas”, enfatizó.
Abogó finalmente por que se pongan en práctica actividades de promoción global, y declaraciones de intenciones de alto nivel, para “defender el derecho a la dignidad”, y consideró que para ello “la participación de la sociedad civil es clave”.
Ya hace un año, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, había expuesto públicamente que “la guerra contra las drogas ha fracasado en reducir el consumo y la producción de sustancias psicoactivas, y en cambio acarrea profundos problemas sociales y sanitarios”.
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