MONTEVIDEO / BUENOS AIRES – El 13 de octubre, Burundi consiguió un segundo mandato consecutivo en el Consejo de Derechos Humanos de las naciones Unidas, el principal órgano del organismo mundial en materia de derechos humanos.
El Civicus Monitor califica el espacio cívico en Burundi como «cerrado», la peor categoría. Su gobierno lleva años silenciando a la sociedad civil, a los críticos y a los partidos de la oposición, incluso mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.
El Consejo se creó hace 20 años para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos, que había perdido credibilidad porque los Estados con un historial deficiente en materia de derechos humanos utilizaban sus escaños para protegerse del escrutinio. Veinte años después, es evidente que los problemas persisten.
Una elección sin opciones
Burundi se aseguró su puesto porque la votación fue una elección solo de nombre. Cada año, la Asamblea General de la ONU elige aproximadamente a un tercio de los 47 miembros del Consejo, y los puestos se reparten entre cinco grupos regionales.
La resolución que creó el Consejo pide a los Estados que tengan en cuenta la contribución de cada candidato a los derechos humanos y espera que los miembros respeten los más altos estándares.
Pero, por segundo año consecutivo, cada grupo regional presentó exactamente tantos candidatos como puestos había. Los 15 candidatos resultaron elegidos, seis de ellos para un segundo mandato.
Burundi obtuvo 160 votos, el menor número de todos los candidatos, lo que indica que algunos Estados le negaron su apoyo. Al no haber ningún otro candidato, esto no supuso ninguna diferencia.
Se trata de un problema de larga data. La primera elección del Consejo, celebrada en 2006, fue la única en la que todos los grupos regionales ofrecieron opciones.
De las 20 celebradas desde entonces, en cinco —incluidas las dos últimas— las listas de candidatos de todos los grupos carecían de competencia, y en la mayoría de las restantes solo uno o dos grupos celebraron una votación competitiva.
Cuando no hay alternativas, incluso los Estados con los peores historiales tienen garantizado un escaño.
Además de Burundi, nueve de los 15 Estados elegidos este año presentan un espacio cívico calificado como «obstaculizado» o «reprimido».
En Jordania, Kuwait y Nigeria, las personas corren graves riesgos cuando expresan su opinión, se organizan o protestan.
Solo seis de los Estados elegidos cumplían la mayoría de los 17 criterios establecidos en las fichas de evaluación del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, entre los que se incluyen la cooperación con los expertos de la ONU y el pago puntual de las cuotas a la ONU.
Escrutinio selectivo
La 63.ª sesión del Consejo, que finalizó el 7 de octubre, demostró lo que aún es capaz de hacer.
A pesar de los severos recortes presupuestarios, renovó los mandatos de los relatores especiales sobre Afganistán, Burundi y Rusia, así como las misiones de investigación sobre Sudán y Venezuela.
Sin embargo, muchos Estados optaron por no tomar partido, anteponiendo los cálculos geopolíticos a los principios de derechos humanos. Tres de las cuatro resoluciones sobre países sometidas a votación registraron un elevado número de abstenciones.
En el caso de Sudán, la resolución no llegó a nombrar a los gobiernos extranjeros —en particular, los Emiratos Árabes Unidos— que, según la misión de investigación de la ONU, están avivando la guerra.
Otras crisis apenas tuvieron repercusión.
En Baréin, cerca de 300 personas han sido detenidas por participar en protestas o por publicaciones en redes sociales desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero el país solo recibió una mención de pasada.
Ecuador y la India, que encarcelan a activistas y atacan a periodistas, no recibieron ninguna atención, quizá porque ambos ocupan un puesto en el Consejo tras haber sido elegidos sin oposición en 2025.
Una vez más, el Consejo no tomó ninguna medida contra China, uno de sus miembros, cuatro años después de que un informe de la ONU concluyera que los abusos contra el pueblo uigur en Xinjiang podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Estos silencios reflejan las decisiones políticas de los miembros del Consejo, muchos de los cuales tienen poco interés en reforzar un escrutinio que algún día podría volverse en su contra.
Reforma aplazada
El 20 aniversario del Consejo ofreció una oportunidad para subsanar algunas de estas deficiencias, pero los Estados la dejaron pasar.
En julio, una revisión largamente esperada mantuvo al Consejo como órgano subsidiario de la Asamblea General, en lugar de otorgarle el mismo estatus que al Consejo de Seguridad, y la próxima revisión no está prevista hasta 2035.
Mientras tanto, Israel, Nicaragua y Estados Unidos han declarado que no cooperarán con el Consejo, lo que forma parte de la crisis más amplia del multilateralismo documentada en el Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de 2026 de Civicus.
El impago de las cuotas por parte de los Estados también ha sumido a la ONU en una crisis de liquidez, y su respuesta —la iniciativa de eficiencia ONU80— ha supuesto recortes profundos que afectan de manera desproporcionada a las funciones relacionadas con los derechos humanos.
El presupuesto ordinario de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU es 10 % inferior al del año pasado, y se han suprimido más de 110 puestos. Se ha recortado la financiación de aproximadamente una cuarta parte de los Procedimientos Especiales temáticos.
La sociedad civil también está pagando el precio. Las restricciones introducidas como medidas temporales —entre ellas, la reducción del número de declaraciones escritas que pueden presentar las organizaciones acreditadas— siguen vigentes.
Mientras tanto, las personas que comparten información con la ONU o intervienen ante el Consejo se exponen a ser detenidas, a sufrir campañas de desprestigio, a ser vigiladas y a que se les prohíba viajar; sin embargo, solo diez Estados han expresado su preocupación por las represalias.
Si colaborar con la ONU se vuelve demasiado peligroso, el Consejo perderá las pruebas de primera mano que necesita para responder a los abusos.
Un mundo en el que 73 % de la población vive en países con un espacio cívico reprimido o cerrado necesita un Consejo de Derechos Humanos capaz de responder a las graves violaciones y proteger a quienes alzan la voz.
Se requieren elecciones competitivas, una financiación adecuada y una mayor participación de la sociedad civil para que el Consejo se convierta en el órgano que debe ser.
Inés M. Pousadela es directora de Investigación y Análisis de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil. También es profesora de Política Comparada en la Universidad ORT de Uruguay.
Victoria Ubierna es responsable del programa de investigación de Civicus: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana.
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