LONDRES – El 24 de agosto, la policía bloqueó el acceso a los tribunales de Zambia, que habían cerrado el día antes de que finalizara el plazo para presentar recursos contra los resultados de las elecciones presidenciales del 13 de agosto. El máximo responsable del Poder Judicial alegó motivos de seguridad, pero el momento elegido no dejaba lugar a dudas de que las autoridades pretendían bloquear el recurso judicial del candidato derrotado.
Los resultados oficiales otorgaron al presidente en el cargo, Hakainde Hichilema, 60,49 % de los votos, muy por delante de 37,87 % obtenido por su rival, Brian Mundubile.
Aún quedan por conocer algunos resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional celebradas simultáneamente, pero el gobernante Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND) de Hichilema también ha obtenido una mayoría abrumadora frente al Partido de Reconciliación Nacional para la Unidad y la Prosperidad de Mundubile, que forma parte de la Alianza Tonse de la oposición.
Mundubile rechazó el resultado de las elecciones presidenciales y prometió impugnarlo ante los tribunales, pero una redada policial durante la noche electoral le obligó a pasar a la clandestinidad. Los agentes mataron al exministro Mutotwe Kafwaya y detuvieron a otras 11 figuras de la oposición, achacando el suceso a un intercambio de disparos y acusando al partido de Mundubile de poseer armas y planear una insurgencia.
Hichilema llegó al poder en 2021 tras derrotar holgadamente al presidente Edgar Lungu, cuya represión de las libertades civiles dio lugar a una campaña polarizada y violenta. Hichilema prometió una renovación democrática, comprometiéndose a reforzar los derechos humanos y el Estado de derecho.
Sin embargo, tras algunos cambios positivos iniciales, ha presidido un retroceso hacia el tipo de prácticas contra las que en su día hizo campaña.
Represión preelectoral
El margen de victoria de Hichilema sugiere que probablemente habría ganado de todos modos, pero el partido gobernante inclinó aún más la balanza a su favor al tiempo que penalizaba a la oposición.
Los observadores de la Unión Europea (UE) describieron un «campo de juego desigual», con un uso indebido de los recursos estatales a favor del UPND, incentivos a los votantes —incluidos repartos de dinero en efectivo—, un marcado sesgo progubernamental en los medios de comunicación estatales, autocensura impulsada por leyes restrictivas y restricciones policiales a los actos de campaña.
También señalaron una fuerte e intimidatoria presencia militar en los centros de recuento, una seguridad deficiente durante el recuento y el escrutinio de los votos, y una suspensión de seis horas del recuento la noche de las elecciones, tras la cual los funcionarios locales parecían estar recibiendo instrucciones de la sede de la Comisión Electoral antes de anunciar los resultados.
La sociedad civil ya había expresado su preocupación por la composición de la Comisión Electoral, al considerar que algunos de sus miembros eran simpatizantes del UPND, así como por la independencia judicial, después de que Hichilema nombrara a numerosos jueces nuevos procedentes de regiones bastión del UPND.
En diciembre, el parlamento aprobó una ley que modificaba el sistema electoral. Esta ley amplió el número de circunscripciones e introdujo un sistema más proporcional con escaños reservados para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.
Las objeciones de la sociedad civil se centraron en la falta de consulta y en la rapidez con la que se llevaron a cabo estos importantes cambios constitucionales, lo que suscitó sospechas de que su objetivo era beneficiar al UPND.
A medida que se acercaban las elecciones, las autoridades se cebaron descaradamente con los políticos de la oposición, incluso recurriendo a la draconiana Ley de Orden Público.
En octubre del año pasado, la policía detuvo a 12 personas, entre ellas un diputado de la oposición, cuando participaban en una reunión a la que se esperaba que asistiera Mundubile en una vivienda particular, acusándolas de conducta susceptible de alterar el orden público y de participación en una reunión ilegal.
En febrero, la policía detuvo a 16 miembros de la Alianza Tonse acusándolos del mismo delito de reunión ilegal.
Los políticos de la oposición también se enfrentaron a detenciones por lo que en otros tiempos se habría considerado el normal tira y afloja del debate político. Una de las armas que utilizaron las autoridades fue la Ley de Ciberseguridad de 2025, que amplió sus competencias para tipificar como delito los comentarios y las críticas en Internet.
En enero, la policía detuvo al diputado de la oposición Miles Sampa después de que denunciara un fraude en las elecciones parciales.
Al mes siguiente, detuvieron al líder del Congreso Nacional Democrático, Mambwe Zimba, por una publicación en Facebook en la que se representaba a Hichilema en un ataúd.
En marzo, detuvieron al líder del Partido Socialista, Fred M’membe, por unos comentarios en la radio sobre Hichilema y la polémica política en torno a los planes para el funeral de Lungu, fallecido en 2025.
Los tres permanecieron detenidos durante un tiempo antes de ser puestos en libertad bajo fianza.
La represión llegó incluso a un acontecimiento que debería haber puesto a Zambia en el punto de mira por las razones adecuadas.
En abril, apenas unos días antes de que RightsCon —el mayor encuentro mundial sobre derechos digitales— tuviera previsto comenzar en la capital, Lusaka, el gobierno lo canceló. Lo pospusieron con tan poca antelación que resultó imposible reprogramarlo. Más de 2600 personas tenían previsto asistir y algunas ya estaban de camino.
Las autoridades alegaron preocupaciones no especificadas sobre las autorizaciones de algunos ponentes y exigieron más información sobre los temas de debate.
Evidentemente, el gobierno no quería que se debatieran cuestiones que consideraba controvertidas, incluido su historial en materia de derechos humanos.
Según se informa, los funcionarios zambianos también recibieron presiones por parte de China, un inversor clave, en relación con la participación prevista de representantes de la sociedad civil taiwanesa.
La hora de restablecer las libertades
Los zambianos siguen estando orgullosos de su democracia, que ha sido testigo de tres traspasos de poder pacíficos desde que se restablecieron las elecciones multipartidistas en 1991.
Hichilema debería volver a encarrilar la democracia restableciendo todas las libertades que se han visto comprometidas. Esto comienza por derogar las leyes regresivas que suelen aprobarse a toda prisa en el Parlamento sin apenas consulta, incluida la Ley de Delitos Cibernéticos y otras que restringen la libertad de expresión en internet.
El gobierno también debe comprometerse a respetar las libertades de los medios de comunicación y a permitir que la oposición política desempeñe su debido papel democrático.
Además, el gobierno debería sustituir la Ley de Orden Público, que data de la época colonial. Hichilema vetó la propuesta que la sustituiría, el proyecto de ley de reuniones públicas, aprobado por el parlamento en mayo.
La sociedad civil había expresado su preocupación por la amplia concesión de poderes discrecionales a los agentes del orden y por la imposición de sanciones penales que contemplaba el proyecto de ley. Zambia necesita una ley que permita las protestas pacíficas y no criminalice a los organizadores ni a los participantes.
La sociedad civil también ha expresado su preocupación por un proyecto de ley sobre las oenegés que otorgaría al gobierno amplios poderes para regular, suspender y disolver organizaciones de la sociedad civil. Este proyecto de ley no debe seguir adelante.
Tres décadas de transiciones pacíficas convirtieron a Zambia en un referente democrático regional. Para que siga siéndolo, se necesita un gobierno que respete la disidencia y una sociedad civil lo suficientemente libre como para garantizar que así sea.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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