LONDRES – En un artículo reciente publicado en The Wall Street Journal, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se comprometió a «desmantelar» la Corte Penal Internacional (CPI). La Administración Trump pretende presionar a los Estados para que se retiren de la Corte, amenazando con sanciones, prohibiciones de viaje, restricciones de visados y un «mayor escrutinio» de los Estados que reciben su financiación.
Está en juego la capacidad de la Corte para defender a las víctimas de los delitos más graves contra los derechos humanos.
Lucha contra la impunidad
Creada en 2002 tras años de campaña por parte de la sociedad civil, la CPI juzga atrocidades, incluidos los crímenes contra la humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, cuando los tribunales nacionales o regionales no pueden o no quieren hacerlo. Juzga a personas físicas, y los líderes nacionales no gozan de inmunidad. Ha logrado varias condenas, entre ellas las de señores de la guerra de la República Democrática del Congo, Malí y Ruanda.
Entre los casos en curso, el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, espera juicio por cargos de crímenes contra la humanidad. La sociedad civil desempeña un papel clave en la recopilación de pruebas. Los grupos filipinos liderados por mujeres, por ejemplo, han documentado miles de ejecuciones extrajudiciales.
La Corte cuenta con 125 miembros, pero Estados Unidos figura entre varios Estados poderosos —como China, India, Israel y Rusia— que nunca se han adherido a ella.
La hostilidad de Estados Unidos se intensificó en 2020, cuando la CPI abrió una investigación sobre crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Afganistán, incluidos los cometidos por las fuerzas estadounidenses.
Una campaña actual de Estados Unidos podría merecer la atención de la Corte.
En el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, el ejército estadounidense está bombardeando embarcaciones que, según afirma, son utilizadas por los cárteles de la droga para contrabandear fentanilo y otras sustancias ilícitas.
Inició los ataques como una forma de ejercer presión sobre el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, pero ha continuado después de que las fuerzas estadounidenses invadieran Venezuela y lo secuestraran el 3 de enero, ahora aparentemente con el propósito de demostrar la fuerza de Estados Unidos y su desprecio por las normas internacionales.
Las fuerzas estadounidenses han matado a más de 200 personas. Todas ellas son civiles, lo que deja pocas dudas de que los ataques son ilegales según el derecho internacional.
En octubre de 2025, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU concluyó que los ataques equivalen a ejecuciones extrajudiciales.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió una investigación, afirmando que creía que la campaña violaba el derecho internacional. Estados Unidos respondió alineándose con Israel, Corea del Norte y Rusia para oponerse al segundo mandato de Türk.
Entre las víctimas, además de ciudanos de Venezuela, los hay de Colombia, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, todos ellos miembros de la CPI. La CPI podría investigar cualquier ataque llevado a cabo en las aguas territoriales de los Estados miembros o contra buques registrados en ellos.
En defensa de Netanyahu
Donald Trump también está decidido a defender a su aliado más preciado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Así lo ha dejado claro, socavando la altisonante retórica de Rubio sobre la soberanía.
En noviembre de 2024, la CPI dictó órdenes de detención por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra contra Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant y el comandante de Hamás Mohammed Deif, cuya muerte a manos de Israel se confirmó posteriormente.
Israel no reconoce a la Corte, pero las órdenes de detención siguen vigentes porque Palestina sí la reconoce.
La orden de detención contra Netanyahu vuelve a ser noticia porque tiene previsto visitar Nueva York con motivo de la inauguración anual de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en septiembre próximo.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha pedido su detención, pero la administración Trump ha confirmado que ignorará la orden. Esto puede haber avivado la última ofensiva, que va más allá de la decisión de la administración Trump de 2025 de imponer sanciones a nueve jueces y funcionarios de la CPI.
A principios de su segundo mandato, en enero de 2025, Trump emitió una orden ejecutiva en el que declaraba una «emergencia nacional», argumentando que la Corte suponía una amenaza para Estados Unidos e Israel, y prometiendo sanciones contra cualquiera que participara en sus investigaciones.
El decreto se utilizó para imponer sanciones a Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados.
Por temor a ser criminalizadas, las organizaciones con sede en Estados Unidos pueden sentirse presionadas a poner fin a su cooperación con la CPI.
El año pasado, dos organizaciones de la sociedad civil con sede en Estados Unidos se retiraron de la reunión anual de la CPI. Sin embargo, la sociedad civil está contraatacando. En julio, dos grupos estadounidenses interpusieron una demanda contra la administración Trump, alegando que las sanciones violan las garantías constitucionales de libertad de expresión.
El sistema internacional bajo ataque
El ataque de la administración Trump contra la CPI forma parte de su ofensiva más amplia contra el sistema internacional y, en particular, contra sus funciones en materia de derechos humanos.
Se está retirando de algunos organismos, está retirando la financiación a otros, intenta doblegar a otros a su voluntad, está creando alternativas que controla, como su creada Junta de la Paz, y muestra una hostilidad descarada hacia quienes considera que se interponen en su camino.
Estados Unidos no es el único.
Tres aliados del Sahel gobernados por militares —Burkina Faso, Malí y Níger— han iniciado su retirada de la CPI, un proceso que lleva un año.
Anteriormente abandonaron la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, incluido su Tribunal de Justicia de la Comunidad, dejando a las víctimas de atrocidades contra los derechos humanos en medio de la insurgencia yihadista sin vías internacionales para acceder a la justicia.
Venezuela siguió el mismo camino bajo el mandato de Maduro. El pasado diciembre, su legislativa Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, votó a favor de derogar la ley que ratificaba el Estatuto de Roma, el tratado mediante el cual los Estados aceptan la jurisdicción de la Corte.
Esa línea no ha cambiado bajo el mandato de la presidenta interina Delcy Rodríguez, alineada con Estados Unidos y cuyo gobierno declaró recientemente que su retirada era «irrevocable». El gobierno de Estados Unidos acogió con satisfacción la decisión, que privará de justicia tanto a las víctimas de la represión de Maduro como a las familias de los venezolanos fallecidos en los incidentes marítimos.
Otros han salido en defensa de la Corte.
Un portavoz de la Unión Europea afirmó que el bloque «se mantiene firme» a su lado. Hungría, que bajo el mandato del nacionalista de derecha Viktor Orbán se había comprometido a retirarse, dio marcha atrás en esa decisión con su nuevo gobierno.
Es hora de cerrar filas
La CPI se enfrenta a esta embestida sin un líder. El 24 de julio, los Estados miembros votaron a favor de destituir al fiscal jefe Karim Khan tras un procedimiento disciplinario iniciado a raíz de una denuncia por abuso sexual presentada por una antigua empleada. Es fundamental que su sustituto sea un líder fuerte e independiente capaz de continuar la labor del tribunal.
La CPI está siendo atacada por la administración Trump debido a su compromiso de exigir responsabilidades a los poderosos. Sus Estados miembros deben defender el principio de que nadie está por encima de la ley negándose a ceder ante la presión de Estados Unidos.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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