PUERTO CARREÑO, Colombia – José Triana abre su nevera en Puerto Carreño, la capital del departamento de Vichada, en el este de Colombia, y el deshielo lo preocupa. Como emprendedor gastronómico, su sustento depende de una carga costosa de comida de mar traída desde Villavicencio, en el departamento de Meta, pero hoy, como tantos otros días, la energía se ha ido.
Sabe que tiene el tiempo contado: en cinco horas la mercancía empezará a ablandarse y, en doce, todo su capital se habrá dañado bajo el sol inclemente del Vichada. Es la ironía trágica de vivir en una capital donde se paga una tarifa de luz costosa por un servicio que puede desaparecer hasta 20 horas al día, dejando a la ciudadanía en la oscuridad.
Mientras tanto, a pocas calles, las plantas de diésel –un «cementerio de máquinas» viejas que deben ser enfriadas con mangueras de agua para no colapsar– “llena el aire con un ruido insoportable y un humo negro que se respira en cada esquina”, dice Triana.
A 40°C de temperatura, sin ventiladores que funcionen y con la garganta irritada por la combustión de mil galones de combustible semanales, Triana siente que Puerto Carreño está atrapado en la «prehistoria» energética.
Puerto Carreño está ubicada en el extremo oriental de Colombia, en la frontera con Venezuela, a orillas de los ríos Orinoco y Meta, en la región de la Orinoquía. De acuerdo con proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), basadas en el censo de 2018, para 2026 el municipio tiene cerca de 24697 habitantes.
Al tratarse de una zona no conectada al Sistema Interconectado Nacional, gran parte de su suministro eléctrico ha dependido históricamente de plantas de generación a diésel, una situación que ha provocado constantes riesgos de desabastecimiento y apagones por los altos costos del combustible, y por problemas de mantenimiento y financieros de la empresa operadora.
La operación eléctrica en Puerto Carreño ha estado a cargo de dos actores principales: la empresa privada Refoenergy Bita, encargada de la generación de energía, principalmente con biomasa y respaldo diésel, y Electrovichada, empresa pública responsable de la distribución y comercialización del servicio en el departamento.
Actualmente, en Puerto Carreño operan al menos ocho plantas de generación eléctrica de respaldo administradas por Electrovichada.
Sin embargo, no todas funcionan simultáneamente de forma continua con diésel. El sistema energético de este municipio tiene un modelo híbrido que integra la generación a partir de biomasa de Refoenergy Bita y que producen 60 % de la energía y con plantas con diésel de apoyo, utilizadas principalmente durante contingencias, mantenimientos o incrementos en la demanda de energía pero que generan 40 % de la energía eléctrica.
Más promesas que avances de renovablesEn marzo de este año, la comunidad de Puerto Carreño protestó de manera pacífica por siete días. Entre ollas comunitarias, arengas, y presencia constante las 24 horas en el punto del plantón, se logró instaurar una mesa de diálogo directo con el gobierno nacional. El resultado fue la firma de un acta de acuerdos, donde se pactó el fin inmediato de los racionamientos y el compromiso del Viceministerio de Energía de instalar una planta de generación adicional cuyos costos de alquiler y transporte no serían trasladados a la ciudadanía.
Más allá de la coyuntura, desde el Ministerio de Minas y Energía prometieron una solución definitiva para Puerto Carreño durante las negociaciones de marzo: la financiación total de un parque solar de 10 megavoltio amperios (MVA). Actualmente, la demanda energética de la capital del Vichada ronda los 3,5 MW diarios, por lo que este proyecto no solo cubriría el consumo actual, sino que también ofrecería un amplio margen de estabilidad y capacidad para el crecimiento futuro del departamento.
El gobierno nacional también ha puesto la mirada nuevamente en la frontera. El 4 de mayo, delegaciones de Colombia y Venezuela se reunieron en la capital de Vichada para trazar una hoja de ruta que permita revivir la interconexión eléctrica que funcionó hasta el 2020.
Tras visitas técnicas a las subestaciones de Puerto Carreño y Puerto Páez en Venezuela, las autoridades aseguraron que la línea de 550 kilómetros que conecta con el Guri, la mayor central hidroeléctrica venezolana, situada en el sureste del país, se encuentra en buen estado y que, tras reemplazar algunos elementos que necesitan reparación, el suministro podría restablecerse en apenas dos meses.
Este acuerdo no solo busca estabilizar el flujo eléctrico fronterizo, sino también sanear deudas con la empresa estatal venezolana Corpoelec, que ascienden a más de tres millones de dólares.
Sin embargo, la noticia ha sido recibida con escepticismo por parte de la comunidad: mientras algunas personas esperan que el regreso de la energía venezolana alivie las altas tarifas del diésel, otros temen que Puerto Carreño vuelva a quedar a merced de la inestabilidad del sistema eléctrico vecino, donde estados como el fronterizo Apure reportan apagones de hasta 20 horas al día
A pesar de los plazos establecidos, existe tensión en la comunidad.
Triana señala que existe falta de información: la omisión de transparencia acordada no ha recibido datos de primera mano sobre los estudios en curso y hay temor de que el proyecto se maneje a espaldas de quienes habitan el territorio, repitiendo errores de proyectos pasados, como la planta de biomasa.
Lo que ocurre en Puerto Carreño no es un caso aislado. En otras capitales de las Zonas No Interconectadas de la Amazonia y la Orinoquía colombiana, como Inírida, en Guainía, y Mitú, en Vaupés, las comunidades también enfrentan una dependencia de sistemas eléctricos basados en diésel, tarifas elevadas y apagones recurrentes.
La empresa Generación y Servicios Amazonas (Gensa) ha impulsado, en parte, la transición energética de estos territorios con proyectos solares, hidroeléctricos e híbridos.
En Inírida hay una granja solar, y en Mitú hay una Pequeña Central Hidroeléctrica. Sin embargo, la generación de estos proyectos todavía es pequeña y la matriz energética de estos territorios sigue atrapada en los combustibles fósiles.
En el año 2025, 78,7 % de la energía en las zonas operadas por Gensa provino del diésel. La brecha es evidente en las capitales: en Inírida, la energía solar apenas cubrió 9,99 % de lo que consume el municipio, mientras que en Mitú, la hidroeléctrica local solo alcanzó a abastecer un marginal 3,53 % de la demanda.
La Ruta Estratégica busca responder a los retos de la crisis climática y la descarbonización incluyendo puntos clave, como la diversificación de la canasta energética con la meta de que para ese año se diversifique su oferta con 110 megavatios (MW) provenientes de proyectos solares e hidroeléctricos. Sin embargo, este objetivo abarca tanto sus operaciones en el sistema nacional como en las ZNI, donde la meta hacia 2030 es lograr una reducción de la energía fósil.
Con la entrada de la Granja Solar Inírida II, el aporte de energías limpias en esa capital pasará de 10 % actual a 53 % – todavía lejano del 100%.
Según el informe de sostenibilidad de la empresa, el objetivo de Gensa es reducir el uso del diésel mediante proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) como la Granja Solar Inírida II, que todavía está en proceso de proyección y estaría, según la empresa, entrando en operación para el segundo semestre de 2027.
En Mitú también hubo protestas, en enero de este año, motivadas por un mes de desabastecimiento crítico de combustible que dejó a la capital del Vaupés sin luz durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. La movilización, que se extendió por ocho días, tuvo episodios de represión policial, un hecho que no había ocurrido en este territorio amazónico.
Según cuenta la abogada Ximena Osorio, integrante del Comité del Paro, esta reacción fue el resultado del agotamiento social frente a la mala planificación estatal, señalando que «el municipio ya se cansó» de depender de motores viejos y de un río cuya navegabilidad falla en temporada de menos lluvias.
El 16 de enero se firmó un acta de compromisos donde el gobierno nacional pactó el transporte de combustible por vía aérea, el reemplazo de unidades diésel y la búsqueda de soluciones estructurales de energía limpia para el territorio. Allí, la pequeña central hidroeléctrica solo pudo aportar 3,53 % de la demanda municipal durante el 2025.
Según el Informe de Sostenibilidad de Gensa, la empresa está trabajando en la formulación de un proyecto fotovoltaico (solar) con una capacidad de aproximadamente 10 MWp, baterías y aproximadamente tres años para terminar la construcción.
El diésel sigue dominando en zonas no interconectadas
Para Giovanny Pabón, director de Energía de Transforma (un centro de pensamiento latinoamericano que impulsa la acción climática con enfoque de justicia), la permanencia del diésel en la matriz de Gensa y Electrovichada es el resultado de un modelo energético «prehistórico» y “estructuralmente fallido” que ha convertido al combustible fósil en el “único salvavidas de un sistema técnica y financieramente frágil”, y además, insostenible y vulnerable.
El experto señala que la energía generada por diésel en zonas remotas “puede costar entre tres y cinco veces más que en las ciudades principales, lo que obliga a priorizar el ‘entrenamiento de las personas’ locales para que los sistemas de energía renovable no sean un adorno, sino una solución duradera”.
Sin embargo, Gensa y Electrovichada contemplan mantener el diésel en estos territorios, porque ven estabilidad en esta forma de generación de energía. A pesar de esto, las protestas, manifestaciones y los apagones de inicios de año, demostraron lo contrario.
Gensa reconoce que la dependencia de los combustibles fósiles es un riesgo para la continuidad del negocio a largo plazo, “debido la tendencia mundial hacia la descarbonización y la imposición de impuestos a las emisiones que hacen que la generación térmica con recursos fósiles se perciba como un “negocio inviable a futuro”.
La dependencia del diésel en estas ciudades es lo que Triana califica como un «desastre ambiental» que afecta directamente la riqueza natural de los territorios. Según relata el líder, la quema de aproximadamente mil galones de combustible a la semana en Puerto Carreño genera una columna constante de humo negro que las personas asocian con las frecuentes afecciones respiratorias y gripas que padece la comunidad.
Esta precariedad se manifiesta también en una contaminación sonora “insoportable producida por motores viejos que convierten la zona centro de la ciudad en inhabitable”. Desde una perspectiva técnica y estratégica, esta tecnología se ha vuelto inviable debido a sus altas emisiones de gases de efecto invernadero y CO2.
El reporte “De la cuna a la tumba: El impacto de los combustibles fósiles en la salud y la urgencia por una transición justa«, elaborado por The Global Climate and Health Alliance, advierte que la combustión de diésel libera material particulado (PM2.5) y óxidos de nitrógeno que incrementan significativamente el riesgo de asma, enfermedades cardíacas, cáncer y mortalidad prematura, afectando incluso el desarrollo prenatal.
Osorio cuenta que en Mitú “unas mujeres enfermaron de sus pulmones y tuvieron que desplazarse, debido a la cercanía con la planta de generación”.
Sin embargo, Nessim Assad, director de Proyectos y Despliegue de Energías Renovables, del centro de pensamiento Polen Transiciones Justas, analiza que, aunque el país va «por buen camino» en la transición energética, el avance es «muy lento» debido a que aún operan modelos que califica como «arcaicos», como los híbridos que usan el diésel donde la intermitencia del sol y la gestión de baterías siguen siendo retos críticos.
Distintos documentos del Ministerio de Minas y Energía establecen de manera explícita lineamientos de transición energética para las ZNI: la política para la integración de Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAE), la actualización del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) y la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas.
En estos instrumentos, el Gobierno plantea que los territorios no conectados al Sistema Interconectado Nacional deben avanzar hacia esquemas basados en fuentes no convencionales de energía renovable (como solar y eólica), almacenamiento, generación distribuida y modelos comunitarios de acceso a la energía. Estos lineamientos aún funcionan como orientaciones de política pública y no como obligaciones homogéneas para todos los operadores.
En medio de la selva, las dudas persisten pese a las promesas de cambio. Mientras temen el próximo apagón, habitantes de Puerto Carreño, Inírida y Mitú esperan que la transición energética deje de postergarse y llegue finalmente a sus territorios.
Este artículo se elaboró con el respaldo de Climate Tracker América Latina.
RV: EG
