SANTIAGO – La designación de 2026 como Año Internacional de la Agricultora por la Asamblea General de las Naciones Unidas llega en un momento decisivo para América Latina y el Caribe. La región atraviesa un punto de inflexión para reconfigurar sus ecosistemas financieros, en un contexto marcado por el aumento de los riesgos climáticos y la necesidad de promover un crecimiento económico más equitativo.
Este proceso de transformación solo será completo si las mujeres son situadas en el centro de las estrategias y planes de desarrollo de los países. Garantizar su inclusión financiera y fortalecer su empoderamiento económico constituye una condición indispensable para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más resilientes, sostenibles e inclusivos.
Las mujeres representan 36 % de la fuerza laboral de los sistemas agroalimentarios de la región, sin embargo, continúan participando en condiciones profundamente desiguales.
Enfrentan un menor acceso al crédito, a procesos de capacitación, a servicios financieros y a mercados formales, además de una sobrecarga estructural persistente de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Estas condiciones limitan su autonomía económica, reducen su productividad y restringe su inserción en los segmentos de mayor valor agregado de las cadenas productivas.
Avanzar en la igualdad de género dentro de los sistemas agroalimentarios podría generar impactos económicos y sociales sustantivos, incluyendo un incremento significativo del producto interno bruto global y mejoras en la seguridad alimentaria de millones de personas.
Sin embargo, la perspectiva de género continúa ocupando un lugar secundario en los flujos de financiamiento para el desarrollo y solo una proporción limitada de la cooperación internacional lo incorpora como un objetivo prioritario.
En este escenario, la 39ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe representó un punto de partida para renovar compromisos para que los países refuercen su compromiso político con la participación plena de las mujeres rurales y lo traduzcan en acuerdos concretos de política pública, financiamiento e innovación.
Ello implica comenzar a promover arquitecturas financieras capaces de responder de manera efectiva a las realidades de la ruralidad, articulando instrumentos como el crédito, la bancarización, los seguros y otros mecanismos financieros con servicios clave, incluyendo el fortalecimiento de capacidades, la asistencia técnica, el acceso a mercados, la alfabetización y conectividad digital.
Asimismo, es clave fortalecer el rol de las organizaciones de mujeres rurales en todas sus diversidades, mediante el reconocimiento legal de cooperativas de ahorro, crédito y cajas comunales, como intermediarias financieras, además de vincular la inclusión financiera con la protección social, posicionando al Estado como actor clave en la provisión de garantías públicas, seguros y mecanismos que faciliten el acceso de las mujeres rurales a servicios financieros.
En este marco, la inversión en sistemas integrales de cuidado constituye un factor importante de este proceso. Reconocer el trabajo de cuidados no remunerado y ampliar la participación económica de las mujeres, fortalece los ingresos de los hogares y dinamiza las economías locales.
La evidencia regional demuestra que estas inversiones generan retornos sociales y económicos, contribuyen a la creación de empleo y fortalecen la resiliencia de las comunidades rurales.
Para acompañar estos esfuerzos, la Plataforma Regional para el Empoderamiento de las Mujeres Rurales impulsada por la FAO, se consolida como una herramienta relevante de apoyo a los países.
La Plataforma articula evidencia, buenas prácticas, capacitación y espacios de cooperación, orientados a fortalecer el diseño e implementación de políticas públicas que permitan canalizar inversiones más efectivas e innovadoras en favor de las mujeres rurales.
El Año Internacional de la Agricultora 2026 convoca a gobiernos, sector privado, banca para el desarrollo, cooperación internacional y sociedad civil a acelerar la acción, movilizando inversiones con enfoque género transformador, promoviendo la innovación como motor de la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios.
Desde la FAO continuamos apoyando la transformación de estos sistemas mediante evidencia sólida, alianzas estratégicas y asistencia técnica a los países, con la firme convicción de que una región sin hambre, más sostenible e inclusiva, solo será posible si se fortalece el empoderamiento de quienes sostienen la alimentación, las economías rurales y la resiliencia de los territorios en América Latina y el Caribe.
RV: EG
