KARACHI, Pakistán – Al comenzar 2026, las mujeres de Pakistán se enfrentan a una cruda realidad: las violaciones y en particular las violaciones conyugales siguen siendo malinterpretadas por los jueces de los tribunales superiores del país.
A principios de enero, el Tribunal Supremo de Pakistán anuló una condena por violación y la cambió por fornicación (relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio), reduciendo la pena de 20 años a cinco y recortando la multa de 500 000 rupias a 10 000, lo que ha provocado nuevos llamamientos para mejorar la protección de las mujeres pakistaníes.
«Este tipo de sentencias no dan confianza a las mujeres para que den un paso al frente y denuncien la violencia sexual que se comete contra ellas», afirmó Ayesha Farooq, presidenta del Comité de la Ley de Investigación y Juicio contra la Violación, creado en 2021.
A pesar de la legislación protectora, 70 % de los incidentes de violencia de género no se denuncian. De los que se denuncian, la tasa de condenas a nivel nacional es de solo 5 %, con algunas categorías que llegan a ser tan bajas como 0,5 % y las condenas por violencia doméstica, de 1,3 %.
La senadora Sherry Rehman destacó las crudas cifras: en 2024, Islamabad, la capital, tuvo siete condenas de 176 casos de violación, la provincia de Jaiber Pastunjuá solo una de 258 casos, la provincia de Sind ninguna de 243 casos de violación y la de Baluchistán denunció 21 violaciones sin condenas.
Nida Aly, directora ejecutiva de La Célula de Asistencia Legal Asma Jahangir (AGHS, en inglés), una destacada organización pakistaní de derechos jurídicos, afirmó: «Nunca me había sentido tan decepcionada con nuestro poder judicial. Los jueces han fracasado como foro competente en materia de género y han perdido credibilidad».
El caso del Tribunal Supremo se refería a una superviviente que, en 2015, fue violada a punta de pistola mientras hacía sus necesidades en un bosque. Denunció el incidente siete meses después; las pruebas de ADN confirmaron que el acusado era el padre de su hijo.
El tribunal de primera instancia lo condenó y el Tribunal Superior de Lahore, la capital de la provincia de Punyab, confirmó la sentencia. Sin embargo, en el Tribunal Supremo, dos de los tres jueces reclasificaron el acto como fornicación, alegando el silencio de la denunciante, la falta de resistencia y la ausencia de marcas físicas.
El artículo 496-B del Código Penal prescribe cinco años de prisión y una multa de 10 000 rupias por ese delito de fornicación.
Este razonamiento suscitó duras críticas por parte de la Comisión Nacional sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que afirmó que el consentimiento no puede inferirse del silencio, la denuncia tardía o la falta de resistencia.
La comisión instó a los tribunales a reconocer la realidad del trauma, el miedo, la coacción y los desequilibrios de poder en los casos de violencia sexual.
Esta nueva sentencia recordó la de otro caso de violación en 2024, en el que una mujer acusó al amigo de su hermano de violación.
El mismo tribunal convirtió la condena por violación en fornicación, con argumentos como «la mujer no opuso resistencia», «no había marcas de violencia» y «hubo un retraso de dos días en la denuncia a la policía».
La nota disidente de la jueza Ayesha Malik, en la que argumentaba que no existía una respuesta «estandarizada» por parte de las víctimas, hacía hincapié en el consentimiento explícito de las mujeres para que pueda afirmarse que no hubo violación.
Jamshed M. Kazi, representante nacional de ONU Mujeres en Pakistán, afirmó que estos casos tienen repercusiones mucho más allá de la sala del tribunal.
«El lenguaje utilizado y las conclusiones a las que se llega no solo dan forma a los precedentes legales, sino también a las actitudes sociales, la confianza de las sobrevivientes y la confianza pública en la justicia», dijo el especialista.
Y añadió: «Para las sobrevivientes de violencia sexual, las sentencias pueden dejar huellas duraderas en la vida de las mujeres y las niñas, afectando a la forma en que se creen y se recuerdan sus experiencias, y pueden desalentar la denuncia, reforzando el silencio, el miedo o la inseguridad entre las sobrevivientes».
En otro caso, el Tribunal Superior de Lahore, capital de la provincia de Punyab, desestimó las denuncias de violación contra un marido porque seguía estando legalmente casado, a pesar de que violó a la mujer a punta de pistola.
El juez consideró que la conducta del hombre era «inmoral» e «inapropiada según las normas religiosas o sociales», pero afirmó que no se trataba de un delito, ya que el matrimonio seguía existiendo legalmente en el momento del incidente.
«El juez se centró en la validez del matrimonio y desestimó por completo la afirmación de la mujer de que no había dado su consentimiento y de que había sido sometida a relaciones sexuales forzadas a punta de pistola», señaló Aly.
En Pakistán no existe una disposición explícita que tipifique como delito la violación marital, pero la Ley de Protección de la Mujer de 2006 eliminó el matrimonio como defensa ante la violación.
Cuando se revisó sustancialmente la definición de violación en virtud del Código Penal de 2021, no se reintrodujo ninguna exención marital.
Entre 1979 y 2006, explicó Maliha Zia, directora de Género, Inclusión y Desarrollo de la Sociedad de Asistencia Jurídica con sede en Karachi, capital de Sind, el matrimonio funcionaba como defensa ante una violación porque la ley definía la violación como la relación sexual de un hombre con una mujer «que no sea su esposa», en circunstancias específicas.
Por lo tanto, la eliminación deliberada de las palabras «que no sea su esposa» en 2006 eliminó el matrimonio como defensa, una posición que se ha mantenido sin cambios desde entonces.
«La Ley de Protección de la Mujer de 2006 fue un paso importante; corrigió grandes injusticias al separar la violación de la zina (relaciones sexuales ilegales, incluidos el adulterio y la fornicación)», afirmó Sharmila Faruqui, miembro de la Asamblea Nacional.
Pero, añadió, «no llegó a decir claramente que la falta de consentimiento dentro del matrimonio también es violación, y ese silencio ha permitido que sigan vigentes viejos prejuicios».
Faruqui destacó la necesidad de sensibilizar al poder judicial, especialmente a los niveles superiores, pero señaló que, en última instancia, los jueces están sujetos a la ley. «Cuando la ley no es clara, incluso las interpretaciones bienintencionadas pueden ser erróneas», afirmó.
Pidió claridad legislativa, mediante una enmienda al código penal u otra vía cuidadosamente estudiada, y destacó que el consentimiento, basado en la dignidad y la igualdad, debe seguir siendo fundamental independientemente del estado civil.
«El matrimonio nunca tuvo por objeto ser una licencia para la violencia sexual o de otro tipo», aseguró.
Esto fue respaldado por Zia, que ha sido uno de los formadores de los jueces que conocen de casos de violencia de género.
«Queda mucho por hacer para sensibilizar constantemente al sector judicial sobre las experiencias de las mujeres y el trauma que sufren debido a la violencia sexual», dijo.
Un problema, añadió, es que muchos jueces «trabajan partiendo del supuesto de que lo más probable es que la mujer mienta, especialmente si no se defendió, no huyó o no denunció inmediatamente».
Hay que reconocer que, en Pakistán, en virtud de la ley contra la violación de 2021, se notificó a los tribunales especiales que investigaran los casos de violencia de género. Hasta la fecha hay 174 tribunales de este tipo.
Lamentablemente, estos tribunales no se ocupan exclusivamente de casos de violencia de género, detalló Zia.
Pero, incluso con esta limitación, las condenas por violación en Sind aumentaron hasta 17 % en 2025, desde 5 % en 2020, cuando aún no existían estos tribunales.
«¡Imagínese lo mejor que podría ser!», planteó Zia. Según ella, en los distritos con un alto número de casos de violencia de género, los tribunales deberían ser exclusivos, no necesariamente dedicados a más delitos.
