BUENOS AIRES – Presentándola como una actividad aliada de la transición energética y bajo el pretexto de que la legislatura interfiere el desarrollo de nuevos proyectos mineros de cobre, el lobby de la industria minera argentina busca, una vez más, flexibilizar la Ley de Glaciares, una norma que durante 15 años ha buscado proteger los glaciares nacionales de actividades de alto impacto como la minería.
Todo esto ocurre en medio de una creciente demanda mundial de los minerales críticos que, como su nombre sugiere, son minerales considerados fundamentales para el desarrollo de diferentes tecnologías relacionadas con la defensa, la salud, la electrónica y las energías renovables.
Para cumplir con la meta del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C, los países necesitan descarbonizarse —dejar de alimentar uno de los mayores motores del cambio climático, la industria fósil— y desarrollar energías «limpias» que permitan obtener electricidad a partir de recursos renovables como la energía eólica, solar o hidráulica.
Entre los diversos minerales necesarios para este desarrollo, el cobre ocupa un lugar clave. Este metal rojizo, segundo mejor conductor después de la plata, es indispensable para la transmisión eficiente de electricidad. De hecho, alrededor del70 % del cobre utilizado a nivel mundial se destina a aplicaciones eléctricas, gracias a su excelente conductividad térmica y resistencia a la corrosión.
Para algunas industrias, el cobre se ha convertido en el caballo de batalla capaz de justificar nuevos proyectos extractivos «verdes». Sin embargo, la minería del cobre puede generar distintos efectos, presiones y amenazas para el ambiente y las comunidades.
Si el mundo buscara cubrir la creciente demanda de solo cinco de los minerales esenciales para la transición energética, se estima que sería necesario desarrollar entre 145 y 245 minas adicionales para 2030.
Y la distribución geográfica de estos recursos dista de ser neutral: los minerales críticos están concentrados en pocas regiones, siendo América Latina especialmente relevante, con la producción de cobre liderada por Chile, seguida por Perú.
En este escenario donde la demanda del mineral rojo superaría a la oferta en menos de una década, Argentina aspira con ansias posicionarse como proveedor.
Con más de 90,43 millones de toneladas del recurso disponibles, la industria minera nacional procura desarrollar la extracción de cobre entre limitaciones infraestructurales, económicas y, según su propia evaluación, ambientales.
Para Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem), el cobre ya no es “un potencial polo en Argentina, sino una realidad que está por decidirse si se desarrolla o no”.
Y con las mayores concentraciones de cobre del país ubicadas en las provincias adyacentes a la cordillera de los Andes, donde las reservas de agua nacen, Cacciola afirma que 75 % de los proyectos de cobre propuestos necesitan que “el tema de los glaciares se resuelva”.
Este «tema» al que se refiere Cacciola es la propia Ley de Glaciares.
Si bien este intento de alterar la reglamentación lleva una década en curso, lo que observamos hoy es mayoritariamente la disputa por el artículo 2 de la ley, que establece la protección del área periglacial —suelos congelados o parcialmente congelados que actúan como reguladores hídricos y sostén de glaciares— sin lineamientos claros sobre su delimitación.
Esta ambigüedad, según expresó la industria minera, genera inseguridad jurídica e impide que los capitales inviertan en nuevos emprendimientos.
Sin embargo, a diferencia de otras instancias históricas de lobby contra la ley (2008 y 2016), esta vez el encuadre discursivo es la propia transición energética.
La lógica de la industria, entonces, es modificar la ley, generando no solo un retroceso ambiental, sino también violando el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú, el tratado ambiental de América Latina, ambos elementos necesarios para contribuir a las metas de descarbonización mundial.
Justificar el retroceso de esta forma comparte una estructura discursiva similar a lo que la periodista Amy Westervelt identificó como parte del término «petroganda», cuando el marco narrativo de una industria contaminante posiciona a la propia industria como parte de la solución a la crisis ambiental, sin reconocer su rol en ella.
La minería, asegura Cacciola, beneficia y es «aliada al ambiente».
Pero aún frente a declaraciones tan contundentes y la decisión formal del gobierno de incluir la “adecuación” de la Ley en las sesiones extraordinarias convocadas en diciembre mediante el Decreto 865/2025, especialistas aclaran que semejante cambio legislativo no sería ni fácil ni inmediato.
«Desde que existe la Ley de Glaciares ha habido presión constante para modificarla, pero hasta ahora no hubo cambios significativos a nivel nacional», señala Marcelo Giraud, profesor de geografía de la Universidad Nacional de Cuyo y miembro de Asambleas Mendocinas por el Agua Pura.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, coincide: «Este año se habló mucho desde Caem y los gobiernos provinciales sobre cambiar la ley. Pero si vamos a discutir eso, que muestren un proyecto. Ya intentaron modificarla en 2024 y fracasaron. Si van a intentarlo de nuevo, que presenten algo formal y entonces se debatirá como corresponde».
Para Giraud, más que una modificación inminente, lo que está en marcha es una operación discursiva que busca erosionar el consenso social en torno a la ley. «Instalan la idea de que es incompatible con el desarrollo, con la transición energética. Pero lo que quieren, en realidad, es abrir zonas protegidas a la minería», afirma.
Quizás el mayor riesgo no provenga del legislativo Congreso Nacional, sino de las provincias. San Juan y Mendoza, ambas con proyectos avanzados en zonas periglaciares, ya operan al filo o en abierta contradicción con la ley. «San Juan se las ha arreglado bastante bien para no cumplir con las leyes glaciales», ironiza Nápoli, «y ahora vemos lo mismo en Mendoza, en Malargüe».
Donde el agua nace
Aunque la nieve acumulada en la cordillera de los Andes constituye actualmente la principal fuente hídrica para los ríos del oeste argentino, en épocas secas o de baja precipitación nival, el deshielo de los glaciares contribuye enormemente al caudal de los ríos andinos.
De hecho, un estudio liderado por Sebastián Crespo, investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), encontró que durante la temporada de deshielo de 2013-2014, 51 % del caudal de la cuenca alta del río Mendoza provino de los glaciares. Un hallazgo significativo considerando que el Inventario Nacional de Glaciares identificó más de 16 000 glaciares en los Andes argentinos.
Además de remover tierra y desestabilizar glaciares, la industria minera libera carbono negro, un residuo de la combustión incompleta de combustibles fósiles o biomasa que forma pequeñas partículas suspendidas en el aire.
Este residuo, conocido como material particulado, se deposita sobre la nieve y hielo, cubriéndolos de una capa oscura de hollín.
Dichas partículas reducen notoriamente la capacidad de los glaciares de reflejar la luz solar, un fenómeno llamado disminución del albedo, lo que eleva su temperatura y en consecuencia acelera su derretimiento.
Frente a estos impactos, Argentina cuenta con la Ley de Glaciares como recurso para preservar estas reservas estratégicas de agua, restringiendo todas aquellas actividades que puedan afectar su condición natural. Entre ellas, la minería.
Defender los glaciares en tiempos de cobre
“Nos vienen a decir que para transicionar necesitan sacar el cobre, que el futuro de la humanidad está en el cobre que hay acá… pero los cerros que rompen y los ríos que contaminan nuevamente son nuestros cerros, nuestros ríos”, comenta Gabriel Jofré, vocero de Malalweche, una de las 25 comunidades mapuches de Malargüe, sobre el discurso pro transición de la industria.
Actualmente, Mendoza atraviesa la aprobación acelerada de proyectos mineros de cobre, tanto para exploración como explotación, en zonas donde se hallan glaciares y ambientes periglaciares, y donde a las comunidades indígenas han manifestado dificultades para acceder a documentos clave como Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), según sostiene Jofré.
Uno de los casos que más ha generado preocupación en las comunidades es el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) que, según su sitio web, es «una herramienta desarrollada por el Gobierno de la Provincia de Mendoza a través de Impulsa Mendoza SA para dar una respuesta al desafío que representa la transición energética para el mundo».
La iniciativa abarca más de 20 000 kilómetros cuadrados y 1,9 millones de hectáreas en el sector cordillerano y centro-sur del departamento de Malargüe, al sur de la provincia.
Solo a finales de 2024, 34 DIA fueron aprobadas mediante la Ley 9588 mendocina, con la admisión del propio gobierno sobre la presencia de glaciares en la zonas propuestas.
Consultado sobre el contenido de estos documentos, Giraud expresó que «el texto de las 34 es idéntico, exactamente el mismo, excepto en el nombre del proyecto minero».
«El articulado sobre las condiciones de otorgamiento de la DIA y las obligaciones impuestas a las mineras son exactamente las mismas, sin importar si la concesión minera está a 4000 metros de altura o a menos de 1.000 metros, son los mismos artículos sobre glaciares», añadió.
Incluso antes de que esta primera tanda de proyectos fuera aprobada por el cuerpo legislativo mendocino, el Ianigla emitió un dictamen técnico señalando que «en el área delimitada correspondiente al MDMO se han identificado glaciares de escombros a partir de los 2629 msnm (…) el ambiente periglacial también puede extenderse a zonas más bajas (…) en las zonas más altas se encuentra permafrost con temperaturas del suelo por debajo de 0 °C todo el año».
Además, añadió que no queda claro en los informes «cómo se evaluarán los posibles impactos sobre los elementos protegidos por la Ley 26.639». El organismo científico también identificó en los documentos la descripción de una «zona de cautela» de 500 metros alrededor de los glaciares, respecto de la cual señaló que no queda claro de dónde proviene ese límite, ni a qué criterios responde.
«Nosotros dejamos que corriera el tiempo y lo utilizamos para hacer la impugnación», compartió Jofre. «Pero nos respondieron cinco meses después diciendo que ya había sido tratada por la Legislatura y era ley, que nuestra impugnación era intempore (de hace tiempo)«, añadió.
Consultada sobre la protección de glaciares, Jimena Latorre, ministra de Ambiente de la provincia, afirmó: «Yo quiero saber dónde están, cómo están y cómo tengo que cuidar ese ambiente periglacial. No me alcanza con que me digan ‘a partir de tal altura es todo ambiente periglacial’. No me parece un criterio científico suficiente».
Pero la ciencia es más que solo datos.
Laura Zalazar, directora del Inventario Nacional de Glaciares realizado por Ianigla, explica que apenas cuatro personas conforman el equipo que registra glaciares para el inventario.
«Como que todo se responsabiliza en el Ianigla. Sí coincido en que faltan datos, pero tampoco es toda la responsabilidad del instituto. Hay que avanzar entre todos, buscar datos. Trabajar en la montaña no es fácil, es necesario contar con recursos, movilizar gente, capacitar, hay mucho por hacer», expresó.
Más allá de depositar el grueso de la responsabilidad en una institución, la ley tiene otros aspectos que allanan el camino para que el gobierno y las empresas mineras la incumplan, sin necesidad de modificar ninguno de sus artículos.
Si bien la Ley 26.639 es conocida popularmente como Ley de Glaciares, su nombre formal es Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Como otras leyes ambientales de presupuestos mínimos, rige en todo el territorio nacional y no requiere adhesión provincial para entrar en vigencia. Sin embargo, dado que las provincias tienen dominio sobre sus recursos naturales, su aplicación suele volverse política y jurídicamente conflictiva.
«No existe ningún mecanismo institucional del gobierno nacional para obligar a una provincia a cumplir. Estas leyes se aplican de forma directa, pero si una provincia no las hace cumplir, el gobierno no la puede forzar, se tiene que judicializar cada causa. Yo lo único que sé es que los únicos beneficiarios de las regalías mineras son las provincias», explicó Nápoli.
No todo lo que brilla es…cobre
Un aspecto de interés es que existe otra forma de obtener cobre. De hecho, según la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), actualmente 20 % del cobre refinado en la región proviene del reciclaje, un proceso que consume hasta 80 % menos de energía que la extracción directa desde la roca.
No obstante, aunque el reciclaje es una posible estrategia para reducir la dependencia de la expansión extractiva, persiste la resistencia a abandonar el desarrollo de nuevos proyectos mineros.
La ministra Latorre sostuvo que “es muy hipócrita el pensamiento de los que se radicalizan en el ambientalismo, de ‘no queremos que se haga minería’. No queremos que se haga minería, ¿dónde? En ningún lado, en ninguna parte, porque el ambiente es uno».
«Y si no se hace minería en ninguna parte del mundo, entonces, te pregunto a vos, en tu profesión, al agricultor, en su oficio y en su negocio, hasta el músico que necesita de esas barras de sonido que están llenas de metales. Entonces, llegamos a una discusión muy reducida donde vos querés que la afectación la sufra otro”, añadió.
Sin embargo, en lugar de pensar en ampliar la frontera extractivista, un desafío podría ser expandir la frontera del reciclaje.
El propio Informe Cobre 2025 del Ministerio de Economía argentino reconoce dos escenarios posibles y muy distintos para la producción de cobre refinado.
Uno donde el país desarrolla políticas de reciclaje del mineral y obtiene para 2040 un superávit en su oferta; y un segundo escenario, menos optimista, donde las tasas de recuperación se mantienen constantes y para mediados de siglo la presión por nuevos proyectos mineros vuelve a manifestarse.
La Secretaría de Minería no respondió sobre si el país planea desarrollar un programa de reciclaje de cobre en el marco de la transición energética.
Con el tercio de los votos necesarios para sostener los vetos presidenciales en el Congreso, y con la primera minoría en ambas cámaras obtenidas luego de su triunfo en las elecciones legislativas de octubre, el oficialismo apuesta a que la reforma de la Ley avance en un muy corto plazo.
Aun así, mientras las presiones del sector minero se intensifican, crece también la demanda social y científica para garantizar su plena implementación.
Este artículo se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina.
RV: EG
