SAN SALVADOR – La prensa en América Central, sobre todo los medios comunitarios, sufre acoso, criminalización y violencia de varios tipos, incluso ataques físicos letales, por parte de instancias del Estado y estructuras del crimen organizado.
Son todos factores que convierten a la región una de las más peligrosas para ejercer el periodismo, según testimonios recogidos por IPS y reportes de organizaciones internacionales que defienden el trabajo de periodistas.
Ese será uno de los retos con los que tendrá que lidiar, por ejemplo, el nuevo presidente de Honduras, una nación que dio un neto giro a la derecha en las elecciones generales el domingo 30 de noviembre y que es golpeada desde hace décadas por la criminalidad en general, que se ha extendido hacia la prensa.
En una región de siete países y 50 millones de habitantes, plagada de problemas sociales y de altos niveles de corrupción estatal y privada, así como de criminalidad, quienes se dedican al periodismo en Honduras y en el resto del istmo enfrentan el peso de esa realidad al abordar esas temáticas.
“En Honduras, nos toca estar informando sobre la situación de presencia de pandillas y de crimen organizado y al tener en nuestras agendas cotidianas esos temas, supone que nos expone más a quienes estamos abordando esta temática”, dijo a IPS por teléfono Iolany Pérez, desde Radio Progreso, ubicada en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, en el norte de Honduras.
El mayor riesgo de ataques lo sufren los 34 corresponsales comunitarios de la radio que cubren todo el país y reportan desde los territorios, donde los conflictos por la tierra y la expansión de los proyectos extractivistas afloran cada vez más, comentó Pérez.
“En Honduras, nos toca estar informando sobre la situación de presencia de pandillas y de crimen organizado y al tener en nuestras agendas cotidianas esos temas, supone que nos expone más a quienes estamos abordando esta temática”: Iolany Pérez.
La comunicadora agregó que la corrupción es otro tema que al abordarlo genera violencia o, cuando menos, intimidación, en un contexto en el que en algunos casos los alcaldes, en el interior del país, están vinculados al crimen organizado.
“Ese alcalde o está vinculado al narcotráfico o busca facilitar que grupos criminales tengan control de determinado territorio”, recalcó la periodista de Radio Progreso, fundada en 1956 y vinculada al Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric), de la católica Compañía de Jesús.
Honduras es una nación donde instituciones del Estado y la clase política en general han sido penetrados por el crimen organizado y, más concretamente, por el narcotráfico.
Honduras, letal para el periodismo
Los medios de comunicación hondureños viven altos violencia desde hace más de una década, tras el golpe de Estado de 2009 dado al entonces presidente Manuel Zelaya, recalca un informe de 2025 de la organización Reporteros sin Fronteras.
“El país sigue siendo uno de los más mortíferos para el periodismo en el continente americano, lo cual crea un clima de autocensura y miedo en la prensa”, sostiene el reporte.
En junio fue acribillado Javier Antonio Salinas, en Santa Rosa de Copán, en el oeste del país, otro de los crímenes contra comunicadores que permanece en la impunidad.
Salinas era un salvadoreño que había huido de su país natal precisamente por recibir amenazas de muerte, y en Honduras trabajaba en A Todo Noticias, un medio en las redes sociales, y en sus horas libres laboraba también como taxista.
El 19 de junio, la hasta el 15 de noviembre directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, condenó el crimen y pidió una investigación del hecho.
“Los periodistas desempeñan un papel crucial a la hora de informar al público y garantizar el libre flujo de información. No se debe tolerar la impunidad de los delitos cometidos contra ellos”, afirmó Azoulay.
Tras el golpe de Estado contra Zelaya, Radio Progreso fue clausurada por los militares debido al acompañamiento de la estación a la movilización social que exigía el regreso del orden constitucional.
“El golpe de Estado fue un parteaguas para que la situación se fuera complejizando en Honduras…, pero en los últimos años, y sobre todo con el gobierno nacionalista (del presidente Juan Orlando Hernández), que tuvo muchos vínculos con el narcotráfico, supuso una amenaza más”, contó Pérez.
La periodista tiene desde 2010 medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que varios de sus colegas en la radio.
Hernández fue arrestado en febrero de 2022 y extraditado ese mismo año a Estados Unidos, en donde una corte federal de Nueva York lo condenó a 45 años de prisión.
Pero sorpresivamente, en un intento por inclinar la balanza a favor del candidato conservador Nasry Asfura, el presidente Donald Trump anunció el 29 de noviembre que indultará al exmandatario hondureño.
Un mal endémico regional
Un reporte sobre libertad de expresión y medios en América Central, publicado en 2024 por la Universidad de Costa Rica, señala que al investigar temas como violaciones a los derechos humanos, corrupción o crimen organizado, periodistas centroamericanos experimentan acoso, campañas de desprestigio, hostigamiento y persecución judicial.
El documento advierte que tras encuestar a los comunicadores sobre esos temas, 60 % de periodistas desistieron de investigar sobre casos de corrupción y 55 % evitaron indagar sobre el crimen organizado por recibir amenazas directas.
“El panorama se vuelve aún más preocupante cuando se observa el aumento de casos de periodistas, especialmente nicaragüenses, que se ven en la obligación de abandonar sus países por amenazas”, destaca el informe.
Además, en toda la región, se observa una preocupante consolidación de discursos estigmatizantes en contra de periodistas y medios de comunicación, señala el estudio, y en los cinco países analizados (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), se está consolidando un discurso estigmatizante contra la prensa.
Se observa, también, un retroceso regional de las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías para el ejercicio seguro del periodismo.
Eso se da en un contexto en que el clima de confrontación en contra de periodistas “incentivado desde el poder público en El Salvador y Costa Rica y la alta impunidad en los crímenes contra la prensa en Honduras”, subraya el informe.
También se añade “la embestida judicial en contra de periodistas, activistas y políticos por parte del ‘Pacto de Corruptos’ en Guatemala”.
Así se conoce a la alianza informal de actores políticos, empresariales, diputados y operadores judiciales que lograron desmantelar, en septiembre de 2019, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que promovida por las Naciones Unidas investigaba a varios funcionarios por corrupción en ese país.
Esa embestida judicial en Centroamérica a la que alude el informe la vive en persona la periodista Emy Padilla, quien en 2015 fundó con su colega Jorge Burgos, el periódico digital Criterio HN, dedicado al periodismo de investigación y uno de los medios más independientes de Honduras.
En octubre, el Ministerio Público (fiscalía) de esa nación exigió al medio que revele el nombre de la fuente que proveyó de información clave en un reportaje sobre crimen organizado.
“Se está agrediendo el principio básico del derecho a la libre expresión y a la libertad de prensa, porque como periodista o como medio de comunicación no te puede obligar el Ministerio Público a que lo reveles”, sentenció Padilla a IPS desde Tegucigalpa.
Y añadió: “Criterio es un medio que no tiene militancia y tampoco tiene financiamiento de gobiernos, de partidos políticos ni de la empresa privada de Honduras y el hecho de trabajar con esa independencia nos hace ser blanco constante de ataques no solamente de este gobierno, sino de sectores políticos, de la oposición y de sectores empresariales”.
Periodistas comunitarios en la mira, en Guatemala
Un documento del Comité para la Protección de los Periodistas, publicado en julio, identificó un patrón de amenazas graves y persistentes contra comunicadores comunitarios en Guatemala.
Esas amenazas incluyen hostigamiento legal, violencia, intimidación, agresiones basadas en género, racismo estructural —particularmente contra mujeres periodistas indígenas— y vigilancia por parte de autoridades locales y actores privados, entre otros riesgos.
El periodismo comunitario en Guatemala, añade el reporte, desempeña un papel vital en la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información en contextos históricamente marginados. Desde su surgimiento, se consolidó como un medio de representación, denuncia y construcción de memoria desde los pueblos indígenas y comunidades rurales.
“No obstante, quienes lo ejercen enfrentan un entorno hostil, marcado por criminalización, violencia, censura, discriminación y abandono institucional”, subraya.
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El documento destaca que esa violencia no solo se expresa en discursos de odio o amenazas anónimas, sino en actos concretos de intimidación física, vigilancia, secuestro de equipos y agresiones directas que buscan silenciar voces críticas.
En el reporte se detalla el caso de Radio Nakoj, con sede en Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, en el centro-sur del país.
La estación enfrentó en 2022 una serie de hechos de intimidación y violencia tras publicar investigaciones sobre corrupción y clientelismo político a nivel local, y uno de los miembros del colectivo informativo fue interceptado por individuos encapuchados mientras regresaba a su casa.
Fue golpeado brutalmente y despojado de su teléfono móvil y equipo fotográfico.
ED: EG
