MÉXICO – El productor de naranjas Roberto Cortés vio con pánico cómo subía el agua del río Pantepec el 10 de octubre en la localidad de Chapopote Núñez, en el estado de Veracruz, en el sudeste de México.
“Fue algo épico, literalmente. De pronto, el río comenzó a subir en menos de 40 minutos, de 60 centímetros a 1,6 metros. De allí subió a dos en zonas que nunca se habían inundado, el agua llegó a la segunda planta de las casas. Hubo zozobra entre mucha gente, fue terrible, un caos, desesperación. Se fue internet, la luz”, relató a IPS desde su comunidad de unas 4500 personas, en el municipio de Álamo Temapache.
Primero un arroyo cercano se desbordó el día 8 y luego lo hizo el río. Como la mayoría de las más de 100 000 personas del pueblo, Cortés, de 51 años, casado y padre de dos niños, perdió enseres, ropa, utensilios y electrodomésticos.
Logró trasladar sus vehículos a zonas alejadas del agua en un municipio vecino, pero la lluvia dañó sus nueve hectáreas de naranjos, el principal cultivo de la zona.
Dos semanas después de las lluvias intensas que golpearon a cinco estados mexicanos, la población sobrevive entre escombros, agua estancada y lodo. “La gente está cansada. Nos costó trabajo limpiar, me ayudaron unos familiares, pero me falta una parte para acabar”, aseguró Cortés.
“(Los atlas de riesgo) Siguen un enfoque ya muy superado dentro del análisis de riesgo que se tenía en los años 80, tenían una clasificación muy básica, fenómenos hidrometeorológicos, sanitarios. No respondían a grandes fenómenos, como huracanes, y de lo que sucedía en el territorio. No han sido actualizados bajo estos parámetros, como los modelados de inundaciones”: Naxhelli Ruiz.
Del 6 al 9 de octubre, la interacción entre los remanentes de los huracanes Priscilla y Raymond en el océano Pacifico y una tormenta tropical en el Atlántico provocó lluvias torrenciales sobre los estados del centro mexicano y del Golfo de México y que ocasionaron inundaciones, deslaves y una crisis humanitaria.
Las precipitaciones, las peores en México en los últimos 80 años bajo la influencia de la catástrofe climática y de las que Veracruz padece el mayor impacto, han afectado a unas 300 000 personas, dañado unas 100 000 viviendas y ocasionado al menos 78 muertes y 23 desaparecidos, según el saldo aún provisional.
Como muchos de sus coterráneos, Cortés guarda en su memoria las inundaciones de 1955, 1999 y 2017, pero esta vez el desastre supera los recuerdos y la imaginación en Álamo Tempache, un municipio que tenía 107 270 habitantes según el último censo y situado a 290 kilómetros al este de Ciudad de México.
La deuda de los atlas de riesgo
Los años 2017 y el actual comparten un elemento: la falta de atlas de riesgo municipales actualizados que abarquen situaciones como inundaciones graves, pese a que son obligatorios legalmente en México.
Más allá del nivel de lluvias, omisiones gubernamentales, como la falta de alertas tempranas adecuadas y de atlas de riesgos municipales, construyeron el desastre, entendido como las secuelas de la ausencia de preparación y resiliencia ante los sucesos.
El atlas es un sistema integral de información geoespacial a nivel territorial que integra acontecimientos que pueden perturbar a las personas y sus bienes, así como el entorno y la infraestructura, y los daños previsibles ante la eventual presencia de esos acontecimientos.
Los atlas de riesgos ayudan a los municipios en la planificación de emergencias, el diseño de políticas de zonificación y cumplimiento legal, así como el cálculo de los impactos socioeconómicos de los desastres y la aplicación de medidas de adaptación a los efectos de la catástrofe climática, como las lluvias fuertes que azotaron Álamo Tempache.
Como otros damnificados, el agricultor Cortés denunció que el municipio “ha tenido recursos y nunca lo actualizaron. Y luego el error es poner a un director de protección civil que viene de fuera, desconoce la historia, las experiencias de los abuelos, las inundaciones, desconoce el movimiento del agua”.
El desastre ejemplifica también la necesidad del rol de las ciudades en reuniones internacionales, como la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que acogerá la noroccidental ciudad brasileña de Belém, en el amazónico estado de Pará, del 10 al 21 de noviembre.
Allí, los alcaldes buscarán atraer la atención de las negociaciones mediante el Centro de Ciudades y Regiones en la llamada Zona Azul, que congrega a organizaciones de la sociedad civil, y el Foro de Líderes Locales, que tendrá lugar entre el 3 y el 5 de noviembre en Río de Janeiro.
Abandonados
Datos del gubernamental Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) indican que solo 629 de los 2478 ayuntamientos de México poseen atlas de riesgo, la mayoría de los cuales datan de 2011 y no han sido actualizados.
De los 111 municipios de los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro afectados por las lluvias registradas entre el 6 y el 9 de octubre, solo 24, una quinta parte del total, reportaron tener actualizada la herramienta.
El gobierno mexicano identificó 1443 municipalidades vulnerables y, de ellos, 273, de prioridad por su situación climática.
Una revisión de IPS halló que 244 carecen de los atlas de riesgos, a pesar de que 12 registran vulnerabilidad alta a consecuencias climáticas y 11 presentan peligro muy alto de inundaciones. De hecho, municipios afectados por las lluvias no aparecen en el listado de sitios bajo esos riesgos. Es más, 59 de los 111 perjudicados no tienen ese instrumento y nueve están obsoletos.
A inicios de este siglo, el gobierno federal financiaba la mayoría del costo de los atlas municipales, pero ya cortó ese apoyo, con lo que agrava la situación local de falta de personal y de capacidad técnica.
Naxhelli Ruiz, académica del Instituto de Geografía de la pública Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que el atlas es la herramienta estrella, pero que no ha sido prioridad en estas dos décadas, aunado a la falta de coordinación integral entre dependencias gubernamentales y niveles federal, estadual y municipal.
“Siguen un enfoque ya muy superado dentro del análisis de riesgo que se tenía en los años 80, tenían una clasificación muy básica, fenómenos hidrometeorológicos, sanitarios. No respondían a grandes fenómenos, como huracanes, y de lo que sucedía en el territorio”, dijo a IPS.
Además, añadió, “no han sido actualizados bajo estos parámetros, como los modelados de inundaciones. Tenemos algunas dificultades para que estos fenómenos estén adecuadamente representados en un atlas”.
Sin este instrumento, prosiguió, no hay manera de efectuar una alerta temprana, justificar inversiones en mitigación, trabajar con las comunidades para su reubicación o entender los riesgos si permanecen.
Varios marcos legales inciden en la gestión e importancia de los atlas de riesgo.
Por ejemplo, la Ley General de Cambio Climático, de 2012, establece que los municipios deben elaborar y publicar esos mapas que aborden escenarios de vulnerabilidad, al igual que la Ley General de Protección Civil, también de 2012.
Además, las normas de la mayoría de los estados exigen su actualización, pero los lapsos para ello difieren o están ausentes.
Finalmente, la Ley General de Asentamientos Humanos, de 2016, indica que los programas de ordenamiento territorial deben apegarse a los atlas de riesgo.
En los tres casos existe un incumplimiento generalizado de las normas.
Y para más estrés municipal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el más alto tribunal del país, dictaminó en 2024 que los municipios deben actualizar los atlas de riesgo con enfoque de derechos a la salud, vivienda digna, agua y acceso a información ambiental, entre otros.
Además, el intergubernamental Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, acordado en 2015 en la ciudad japonesa de Sendai, reconoce la responsabilidad ante los riesgos de todos los actores, tales como los gobiernos locales, los particulares y otros grupos interesados.
Y en 2018 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decidió la transferencia de la gestión de riesgos de la Secretaría (ministerio) de Gobernación a la de Seguridad y Protección Ciudadana, a pesar de la recomendación contraria de los especialistas.
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Los impactos crecientes de los eventos climáticos
Los fenómenos meteorológicos tienen un impacto significativo en este país latinoamericano de 130 millones de personas. Desde 2000 ha habido 2449 declaratorias de emergencia, de las que 1053 se deben a lluvias, 327 a ciclones tropicales, 257 inundaciones y 81 por deslizamientos y deslaves, así como por tormentas severa.
Veracruz es el estado con mayor cantidad de declaraciones de desastre, con 375, seguido por los sureños Oaxaca (221) y Chiapas (190). El municipio de Álamo Tempache registra 44.
Desde 2015, al menos 146 tormentas han azotado el país, causando 1640 muertes y afectando a 4,37 millones de personas, y al menos 84 sucesos relacionados con inundaciones, que provocaron 636 muertes y perjudicaron a 687 632 personas, según datos del no gubernamental Centro para la Investigación sobre Epidemiología de Desastres, con su base en Bélgica.
Para la académica Ruiz, debe haber una migración hacia la gestión integral de riesgos que desemboque en un programa nacional con una visión de articulación y coordinación entre gobiernos y una estrategia fiscal y de distribución del gasto.
Pero el Senado mexicano paralizó el proyecto de la Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil que la Cámara de Diputados había aprobado en 2020 y que reformulaba el enfoque del tratamiento de los riesgos y sus consecuencias.
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“El problema de adaptación tiene que ver con nuestra falta de capacidad para diseñar y entender escenarios que a fuerza tienen un componente financiero y administrativo. ¿Cómo puedo planear si no tengo idea de los fenómenos en el territorio? La gestión de riesgo no puede venir de una sola estrategia, sino de un conjunto diverso”, planteó Ruiz.
Tras el desastre de este mes de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un programa compuesto por atención a emergencias, ayuda a afectados, reconstrucción y mejoramiento de los sistemas de pronósticos meteorológicos, alertamiento y riesgos, que incluye la actualización de los mapas de amenazas.
A pesar del entorno adverso en Álamo Tempache, el agricultor Cortés está decidido a permanecer y reconstruir lo perdido.
“Mucha gente quiere vender sus casas. La plusvalía va a bajar. La gente pensaba en lo bonito que era establecerse en la orilla del río y esto demuestra que no es así. Mucha gente no sabe del cambio climático. Mucha gente piensa que va a recuperar todo, costó cinco años salir de la inundación de 1999. Tengo muchos sueños. Hay que hacer muchas cosas”, aseguró.
ED: EG
