SAN SALVADOR – El temor de que se incrementen las redadas contra migrantes latinos indocumentados en Estados Unidos, y con ello las deportaciones de salvadoreños, es cada vez más latente a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia estadounidense que avala esos operativos antiinmigrantes.
Se calcula que unos tres millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, un buen porcentaje de ellos de forma indocumentada, quienes en conjunto son vitales para la economía del país centroamericano, al enviar remesas por 8000 millones al año.
Con ese dinero remitido por sus parientes, las familias pobres en esa nación centroamericana, de 6 millones de habitantes, logran resolver sus necesidades más inmediatas, como alimentación, escuela de sus hijos y gastos médicos básicos. Y la posibilidad de que sus familiares sean deportados les preocupa sobremanera.
“Aparte de ir al trabajo y de realizar actividades absolutamente necesarias, no salgo ni a la esquina ante esta situación”: Alberto.
“Hay gran preocupación en las familias migrantes aquí en los Estados Unidos, y de sus familiares en El Salvador”, en el sentido de que haya más deportaciones, dijo a IPS, desde la ciudad de Los Ángeles, el activista Salvador Sanabria, director de El Rescate, una organización defensora de los derechos de la población migrante.
La misma angustia viven personas de otras naciones de América Central, como Guatemala y Honduras, que residen de forma indocumentada en Estados Unidos.
Redadas contra latinos
El 8 de septiembre, la Corte Suprema emitió un fallo que permite la continuación de los operativos antiinmigrantes en Estados Unidos, por medio de los cuales se ha arrestado a cientos de personas latinoamericanas -llamadas hispanas en ese país- por su apariencia física, por hablar español o inglés con acento y por los lugares donde trabajan.
En una votación de seis jueces a favor y tres en contra, la resolución del máximo tribunal resolvió la demanda presentada en junio por un grupo de trabajadores latinos que consideraron que habían sido detenidos, en Los Ángeles, por su aspecto físico y por hablar español.
La demanda estaba dirigida contra la secretaria del Departamento Seguridad Nacional, Kristi Noem, bajo cuyo mando se encuentra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha estado detrás de los operativos antiinmigrantes.
Noem ha impulsado las redadas sobre todo en el sur del occidental estado de California, con fuerte presencia de población latina, para cumplir la política antiinmigrante del presidente Donald Trump. Solo en el área metropolitana de Los Ángeles viven 4,4 millones de inmigrantes, la mitad en riesgo de ser deportados.
“Son detenciones arbitrarias, sin una orden de un juez, solo basados por la apariencia de las personas, ya sea por su color de piel y vestimenta y además por los lugar de trabajo o acento con el que hablan, el idioma que hablan, esa era la causa para proceder a detenerlas y a cuestionar su situación migratoria”, recalcó Sanabria, un salvadoreño que emigró a Estados Unidos décadas atrás.
Sanabria destacó que esos operativos, iniciados en junio y que habían quedado en suspenso temporalmente tras la demanda contra Noem, se van a reactivar con toda seguridad no solo en Los Ángeles, sino en otras ciudades importantes, como Nueva York, Chicago y San Francisco. Y eso incrementará aún más el temor ya presente en la comunidad latina en Estados Unidos.
Ese miedo ya se manifiesta, agregó, al observar la poca presencia de personas en reuniones de organizaciones proinmigrantes, por ejemplo, como sucedió en un encuentro reciente al que solo llegaron 15 personas, un evento al que normalmente asistían unas 300.
También se percibe, añadió, en la deserción escolar de niños y niñas, ya que sus padres prefieren no enviarlos a clases para evitar ser detenidos a la hora de ir a dejarlos o a recogerlos.
Temor a más deportaciones
Un salvadoreño residente en la ciudad de Landover, en el nororiental estado de Maryland, contó a IPS sobre el temor de ser deportado que se ha apoderado de la comunidad latina a partir de las redadas.
“Aparte de ir al trabajo y de realizar actividades absolutamente necesarias, no salgo ni a la esquina ante esta situación”, señaló Alberto, quien pidió no revelar su apellido, precisamente por el temor de ser localizado por agentes de ICE.
En entrevista telefónica, Alberto sostuvo que los arrestos contra latinos es el tema principal de conversación en su lugar de trabajo, en donde 90 % son latinos, incluyendo personas indocumentadas, y por ello se ha generado un ambiente de pánico generalizado.
“Hay como una paranoia colectiva, tocamos el tema en el comedor cuando estamos comiendo y algún compañero sale diciendo: yo los vi ayer (a los agentes del ICE) por la estación tal, habían montado un retén”, narró el salvadoreño, un maestro de inglés en su natal San Salvador, la capital del país.
Actividades normales antes de las redadas, como visitar a los amigos para preparar un asado y compartir un rato, las ha suspendido “hasta nuevo aviso”, subrayó Alberto, de 59 años y 14 viviendo en Estados Unidos. Tiene miedo de ser detenido y deportado.
“Por momentos me siento como en un estado de sitio, encerrado, en mis ratos libres solo salgo a lo necesario, el supermercado o a la lavandería, ya no salgo mucho a comer afuera”, comentó.
El centroamericano recordó el caso de una amiga suya, migrante indocumentada, quien se presentaba con periodicidad a la corte donde se ventilaba su caso, sobre la entrada ilegal al país, y hace unos dos meses fue arrestada a la salida del tribunal y deportada.
Sin embargo, Alberto aseguró que se ha percatado de que en las redadas han caído indocumentados de otras naciones latinoamericanas, pero ha sabido de pocos casos de salvadoreños, como si hubiera una suerte de consideración especial.
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El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegó a un acuerdo con la administración Trump, con el que exhibe un gran cercamiento ideológico y pragmático, para que su país recibiese a venezolanos acusados en Estados Unidos de ser miembros de una banda criminal, sin presentar evidencias de ello.
Bukele anunció en marzo la llegada de 238 venezolanos, que fueron encerrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que mandó construir para encarcelar a supuestos miembros de las temidas pandillas salvadoreñas.
Finalmente, tras una ola de críticas jurídicas y humanitarias en el propio Estados Unidos por la medida, los deportados sudamericanos fueron devueltos a su país de origen, en julio.
Por su parte, Amílcar Carrillo, del no gubernamental Instituto Salvadoreño del Migrante, señaló que además del riesgo de que los operativos antiinmigrantes en Estados Unidos generen más detenciones y deportaciones, también hay un grupo de 200 000 salvadoreños que buscaban asilo o refugio y cuyos casos fueron desestimados por un tribunal y ya tienen orden de deportación.
“Obviamente que va a aumentar el número de personas deportadas a El Salvador”, subrayó Carrillo, quien es el coordinador de los programas de apoyo psicológico a los salvadoreños devueltos al país.
“Una vez que estas personas sean localizadas, van a ser deportadas ipso facto a El Salvador, en este caso, son 200.000 personas”, detalló Carrillo, aunque también consideró que un porcentaje de ese grupo podría evadir ser localizados para quedarse de forma indocumentada.
Carrillo indicó que hasta el momento no se han reportado deportaciones masivas de salvadoreños, a pesar de las redadas, pero que podrían suceder en cualquier momento.
“El Salvador todavía no ha entrado en el punto más álgido, digamos, de deportaciones, pero es de esperar que esto va a suceder pronto”, advirtió.
De momento, las deportaciones se mantienen a la baja. Según datos oficiales, la cifra de salvadoreños repatriados de Estados Unidos se redujo en 24 % durante el primer semestre de 2025, comparado con el mismo periodo de 2024.
De enero a junio de 2025 hubo 5551 deportados desde ese país versus los 7299 del mismo lapso en 2024, y en general, considerando las repatriaciones desde México y otros países, se registró una baja del 21,58 % en el periodo analizado.
Las personas deportadas se enfrentan a la realidad de llegar a un país con muy pocas oportunidades laborales, además del estigma que pesa sobre sus hombros, el de asumir que han cometido algún delito en Estados Unidos y que por eso han sido devueltas, con lo cual se les dificulta aún más encontrar un empleo.
Alberto, el salvadoreño que vive en Landover, Maryland, afirmó que, de ser arrestado y devuelto a El Salvador, intentaría encontrar empleo en un call center, por su conocimiento del inglés, pero que no le gustaría quedarse en el país y buscaría migrar nuevamente, pero a algún país de América del Sur.
“Yo no creo que vaya a quedarme en mi país mucho tiempo, me iría a Puerto Rico, Colombia o Venezuela”, afirmó.
ED: EG
