CARACAS – Las radios comunitarias en América Latina acusan el impacto de los recortes en la cooperación financiera internacional, del auge del autoritarismo y del desafío de los acelerados cambios tecnológicos, pero muestran la decisión de continuar en defensa de su vocación por los más vulnerables y de la libertad de expresión.
Entre muchos casos “está el recorte de los cinco millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos desapareció, de la noche a la mañana, para su programa de apoyo a la libertad de expresión en el Triángulo Norte de América Central”, dice Oscar Pérez, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).
Amarc reúne unas 1500 radios comunitarias en América Latina y el Caribe, y Pérez, su coordinador para la región, explica a IPS desde San Salvador que la cooperación internacional, “es vital para los proyectos estratégicos de las radios, como cuando se va a comprar un equipo grande, antenas y transmisores”.
Los cortes a esa cooperación se han acentuado este año, comenzando con el desmantelamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid) dispuesto por su presidente, Donald Trump.
En un efecto de cascada, “gobiernos europeos que por años han sido fuertes donantes reducen sus aportes a la cooperación, y así invierten más en gastos militares y menos en el desarrollo”, apunta Pérez.
En El Salvador, la radio Izcanal, en el oriental departamento de Usulután, que llega a 100 municipios y tiene un presupuesto de 120 000 dólares al año, ha perdido, como otras emisoras del país, Guatemala y Honduras, la cooperación de Usaid y de entidades de Noruega y España, refiere a IPS su director Alcides Herrera.
Por otra parte, “el Estado salvadoreño cooperaba con las emisoras comunitarias a través de la publicidad oficial. Ese aporte se ha perdido bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele”, en el poder desde 2019, dijo Herrera desde la ciudad de Usulután.
La cooperación internacional es la tercera de las fuentes de financiamiento de las radios comunitarias, que se sostienen también con publicidad o venta de servicios, “pero en primer lugar siempre está el aporte de las comunidades”, dice Pérez.
“Gobiernos europeos que por años han sido fuertes donantes reducen sus aportes a la cooperación, y así invierten más en gastos militares y menos en el desarrollo”: Oscar Pérez.
Wilmer Fernández, director ejecutivo de Radio Cutivalú, en Piura, comenta a IPS desde esa ciudad del norte de Perú que “el repliegue de la cooperación internacional ya impactó nuestros programas de comunicación, de género y de desarrollo comunal”.
La emisora y los programas de extensión asociados han recibido apoyo de organizaciones religiosas alemanas, como Misereor o Adveniat, la española Manos Unidas o Cáritas de Francia “pero sus recursos disminuyen ahora que más fondos europeos se van para las guerras”, deplora Fernández.
En Bolivia, las radios comunitarias “han tenido un problema estructural, al surgir muchas de ellas con aportes y apoyos del Estado, que no se han sostenido, o de instituciones religiosas europeas impactadas por crisis como la guerra en Ucrania”, comenta Inés González, directora ejecutiva de la red Erbol.
A Erbol (Educación Radiofónica de Bolivia), el Estado le negó publicidad y apoyo, y la red entonces se amplió con otros medios, nativos digitales y distintos a las radios, para llegar a más públicos y hacerse con más recursos propios.
“Ahora estamos en modo sobrevivencia”, resume González a IPS desde La Paz y en medio del trajín por la elección presidencial boliviana del 17 de agosto.
El autoritarismo avanza y coharta
El autoritarismo no es una noción etérea planeando sobre América Latina, y los portavoces consultados por IPS tienen a mano una mochila repleta de ejemplos.
El 2 de agosto de 2022 el gobierno de Nicaragua eliminó la licencia para operar la emisora feminista Radio Vos y otras ocho estaciones. Un caso entre muchos.
Pérez recuerda que en ese país se ha despojado a las emisoras de licencias, confiscado propiedades, expulsado a los comunicadores e incluso se les ha retirado la nacionalidad.
En Panamá “se facilita la apertura de emisoras comerciales, que ocupan las mejores frecuencias. Pero para abrir una emisora comunitaria dicen los compañeros que se necesita hasta la firma del papa”, comenta el coordinador de Amarc.
“El repliegue de la cooperación internacional ya impactó nuestros programas de comunicación, de género y de desarrollo comunal”: Wilmer Fernández.
Herrera lamenta que “a diferencia de una empresa privada, estar legal es una gran carga para una radio comunitaria en El Salvador: nos registran y controlan los ministerios de Gobernación y de Trabajo, de Hacienda, la Fiscalía, y la Superintendencia de Telecomunicaciones, más la ley de agentes extranjeros”.
Se trata de todo un cerco “porque estamos en contradicción con el gobierno que dice lo bonito que puede haber en San Salvador, mientras nosotros relatamos la pobreza, el mal estado de las calles o la falta de servicios”, sostiene Herrera.
En Perú “parece que vamos camino a un autoritarismo, que en nuestro caso tiene una expresión reciente con la reforma a la ley de cooperación internacional”, que dispuso una fiscalización mayor de los fondos recibidos del exterior, apunta Fernández.
En Cutivalú “estamos del lado de los derechos humanos, y los poderes del Estado, con la ley de amnistía (de sindicados de crímenes durante la lucha antiterrorista, recién promulgada) mostraron que su proceder es contrario a esos derechos. Aunque se nos empuja hacia la autocensura, mantenemos una posición crítica”, agrega.
Otro tema importante es el discurso descalificador, desde los altos mandos del poder, muy exhibido por ejemplo en Argentina, Venezuela, El Salvador o Nicaragua contra los medios críticos del gobierno, sean comerciales o comunitarios.
Menos conocidos son casos como el de Bolivia, donde a la red Erbol se la llamó “cártel de la mentira” durante los gobiernos de Evo Morales (2006-2019).
Gobiernos de distinto signo desdeñan los criterios de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) de que deben coexistir tres sectores para los medios: el privado, el estatal y el comunitario.
Criterios que defiende Pérez: “Que quede claro: No queremos privilegios, sino que exista un sistema mediático democrático. O todos en la cama o todos en el suelo”.
Tecnologías sin temor
Los portavoces consultados no temen ni al auge ni a la velocidad de las nuevas tecnologías, ni a la “competencia” de los “influencers (influenciadores)” que pululan en los nuevos espacios, pero sí a que la brecha digital se mantenga en perjuicio de sus audiencias.
Coinciden en que, a pesar de la revolución que ha significado el auge de internet o de la telefonía móvil celular, todavía hay espacios y públicos, en el medio rural y en comunidades urbanas, donde resulta fundamental el papel que juega la radio.
Hay un desafío en la capacitación. “Mucha de nuestra gente todavía tiene un casete en la cabeza. Necesitamos que ahí se metan un chip”, resume Pérez.
“Que quede claro: no queremos privilegios, sino que exista un sistema mediático democrático. O todos en la cama o todos en el suelo”: Oscar Pérez.
También a veces “el acceso a la tecnología es cara. Ser radio y aventurarnos con video nos obliga a contar con una internet dedicada, que cuesta al menos 400 dólares mensuales, una carga importante”, comenta Herrera.
«Nuestro uso de nuevas tecnologías y presencia en redes sociales prácticamente no representan retorno económico, pero podemos agregarlo como una especie de oferta de paquete a la publicidad en los medios tradicionales y, además, nos permiten acceder con el aval de nuestra credibilidad a más públicos jóvenes», acota González.
Venezuela, con fe y alegría
Un referente venezolano de radiodifusión educativa y comunitaria es la institución Fe y Alegría, creada a mediados del siglo XX por la orden religiosa católica Compañía de Jesús, y que opera con redes de escuelas y radioemisoras populares.
Portavoces de esa red consultados por IPS en varias regiones del país coincidieron en que sí les afecta la merma de la cooperación internacional, que han recibido principalmente de entidades católicas y protestantes de Europa.
Fe y Alegría ha participado como implementador de proyectos de cooperación internacional, por ejemplo entre los indígenas warao en el delta del Orinoco o entre los wayúu de la noroccidental península de la Guajira. Allí se combina la actividad meramente educativa o asistencial con la comunicacional.
Los activistas comparten la preocupación por la crisis de la democracia en la región, y perciben que “siguen un guion parecido gobiernos tanto de derecha como de izquierda, algunos rojos y algunos azules”, aunque varios destacaron que “en algunos países las instituciones todavía funcionan”.
En Venezuela las radioemisoras deben atender, entre otras, a las leyes de telecomunicaciones y de responsabilidad social para medios audiovisuales, así como a las más recientes contra el odio y de control de las organizaciones civiles.
La mayoría de las radios comunitarias se han asentado en comunidades o comunas que responden a directrices del oficialismo, y a junio de 2015 había 271 registradas en la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a cargo de las telecomunicaciones.
Las oenegés Instituto Prensa y Sociedad y Espacio Público han registrado en el país el cierre de más de 300 radioemisoras, tanto privadas comerciales como comunitarias, entre los años 2002 y 2024.
La mayoría de las veces el cierre se ha producido mediante la no renovación de las licencias, pero también se ha alegado alguna irregularidad legal o administrativa o su sola presunción para la clausura inmediata de la emisora o de programas considerados críticos.
Como sucede en otros países latinoamericanos, los cierres de programas o de toda la estación conducen a la adopción de prácticas de censura y autocensura.
El auge tecnológico es visto como desafío y oportunidad, en medio de las brechas: un ejemplo es que Fe y Alegría regaló 1000 radios solares a comunidades indígenas warao dispersas en el delta del Orinoco, un área de 30 000 kilómetros cuadrados en el noreste del país, donde no llega la electricidad y las baterías convencionales son costosas.
La sostenibilidad:
Finalmente, Pérez recuerda que, en conjunto con la Unesco, Amarc estableció indicadores en cuatro dimensiones, “una especie de espejo”, para probar la sostenibilidad de un medio comunitario.
La primera dimensión es política, preguntarse por qué y para qué, cuál es el objetivo primero de la radio y cuál es su población objetivo.
La segunda es comunicacional, y se refiere a la programación. “Dime cuáles son tus programas y yo te digo qué emisora eres”.
La tercera es organizacional. “No puede ser de luz en la calle y oscuridad en tu casa, si se opta por criterios de democracia, horizontalidad e inclusión”.
Y la cuarta dimensión es económica, “respondiendo a las preguntas de ¿cuánto cuesta lo anterior? Y ¿cómo hacemos para conseguir esos recursos?”
ED: EG
