Reducción del déficit fiscal en Cuba a costa de los beneficios sociales

LA HABANA – La reducción del déficit fiscal y la desaceleración de la inflación fueron de las pocas buenas noticias para la economía de Cuba en el primer semestre el año, en medio de una contracción del producto interno bruto (PIB) y de muchos indicadores productivos.

En 2024, el déficit fiscal fue de 79 528 millones de pesos (3313 millones de dólares, según la tasa de cambio de un dólar por 24 pesos que utilizan las entidades estatales), 54 % del monto aprobado en el presupuesto para ese año, según informó Vladimir Regueiro, ministro de Finanzas y Precios, ante el unicameral parlamento cubano el 16 de julio.

En general las cifras oficiales del PIB y otras sobre el desempeño económico del año se difunden durante las sesiones parlamentarias del mes de diciembre, pero las del 2024 solo se anunciaron durante la Asamblea Legislativa celebrada entre el 16 y el 18 de julio.

“El alto déficit fiscal se mantiene, aunque ha bajado con respecto a años anteriores, pero en ello influye no solo que los ingresos han crecido por la vía tributaria, sino que han aumentado las inejecuciones de gastos por falta de materiales necesarios”, dijo en un artículo el economista cubano Omar Everleny Pérez.

“Con mi pensión solo puedo pagar la luz, el agua (servicios subsidiados por el Estado) y unas pocas verduras a la semana. No me alcanza para casi nada más”: Carlos Rodríguez.

La disminución del déficit fiscal tiene repercusiones directas en la inflación, que, según el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, en 2025 ha mantenido “una dinámica de crecimiento, aunque continúa la tendencia a su desaceleración como en 2024”.

Desde marzo de 2023, cuando la inflación interanual del mercado formal alcanzó 46,4 %, se ha ido reduciendo el indicador hasta registrar 14,75 % en junio de 2025, informó Alonso en la sesión parlamentaria del 16 de julio, lo que se traduce en que los precios mantienen su tendencia alcista, pero a un menor ritmo.

Esa misma tendencia se ha visto también en el mercado informal de divisas, en la relación de valores entre el peso cubano y el dólar, cuya brecha ha aumentado, pero no tan vertiginosamente como en años pasados.

Esto representa una mejora macroeconómica que no se percibe aún en el poder adquisitivo de la mayoría de la población cubana, compuesta por 9,7 millones de habitantes.

“Con mi pensión solo puedo pagar la luz, el agua (servicios subsidiados por el Estado) y unas pocas verduras a la semana. No me alcanza para casi nada más”, dijo a IPS el jubilado Carlos Rodríguez, de 82 años, quien ejerció como conductor de ómnibus hasta 2010 y reside en La Habana.

Este mismo mes de julio el gobierno anunció un aumento de las pensiones por jubilación, invalidez y pensión unificada por fallecimiento del cónyuge: por ejemplo, en septiembre los hoy beneficiarios con la pensión mínima mensual de 1528 pesos (tres dólares según la tasa del mercado negro, el más usado, de un dólar por 490 pesos) cobrarán el doble.

El incremento incluirá a 79 % de las personas pensionadas y representará un gasto anual de 22 000 millones de pesos (917 millones de dólares, por la tasa de 1 por 24), que será asumido por el presupuesto del Estado.

Es una demanda permanente desde hace años y una medida aún insuficiente para el costo de la vida, pero ese gasto extra atentará contra la reducción del déficit fiscal y la estabilización macroeconómica que tanto anhela el gobierno local.

Decrecimiento económico

A pesar de que los pronósticos anunciaban un crecimiento de 2 %, en 2024 la economía cubana, en cambio, tuvo una contracción de 1,1 % de su PIB, lo que supone un retroceso acumulado de 11 % en los últimos cinco años.

Las cifras cuantifican la crisis económica que se ha agudizado en esta nación insular caribeña desde 2020, debido a la paralización provocada por la pandemia de covid, las sanciones de Estados Unidos a Cuba y una fallida reforma financiera aplicada en 2021. El resultado fue el agravamiento de la calidad de vida de la población.

Al cierre de 2024, los indicadores productivos siguieron deprimidos, en la misma tendencia de años anteriores, cuyos bienes solo fueron capaces de satisfacer 63 % de la demanda nacional y de cumplir 62 % de lo esperado en materia de exportaciones.

“Intentamos solucionar problemas redistribuyendo los escasos recursos existentes, pero debo señalar con responsabilidad que los ingresos actuales del país son insuficientes para adquirir las materias primas fundamentales que requiere el aumento de la producción nacional”, dijo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en la sesión parlamentaria que transcurrió entre el 16 y el 18 de julio.

La ineficiente actividad industrial también se deriva, en gran medida, de la crisis energética que afronta el país desde 2021, y que igualmente afecta a la población con cortes eléctricos programados, por fallas recurrentes en las vetustas termoeléctricas –la principal fuente de generación de electricidad de Cuba– y poca disponibilidad de combustible.

Por su parte, el turismo, que este siglo se consideró el “motor” de la economía, cayó 25 % en el primer semestre de 2025: con 981 856 visitantes, se contabilizaron 327 799 menos con respecto a igual periodo de 2024, en una tendencia decreciente que se ha mantenido en los últimos dos años

Ante estos y otros indicadores económicos empobrecidos, varios analistas coinciden en que la reducción del déficit fiscal se debe, no a mayores ingresos, sino a una “política de austeridad”, con repercusión directa en los programas sociales y en las personas en situación de vulnerabilidad.

¿Política de austeridad?

“Idealmente, la reducción del déficit debería lograrse incrementando ingresos presupuestarios y reduciendo gastos no esenciales, pero el problema es que en un entorno de bajo crecimiento económico lo que se ha aplicado en Cuba es una política de austeridad fiscal”, escribió en su cuenta de X el economista cubano Pedro Monreal.

Según Monreal, ante las posibilidades limitadas de captar ingresos debido al bajo crecimiento económico, el gobierno acude a mecanismos que han aumentado la carga fiscal como más impuestos y menos exenciones fiscales, que afectan los intereses y desempeño de los actores económicos, sobre todo en el sector privado.

A la vez, para atenuar el déficit fiscal se ha reducido el gasto presupuestario con respecto al PIB, sobre todo en cuanto a beneficios sociales.

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De acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) y del informe de liquidación del presupuesto nacional de 2024, el gasto en educación y seguridad social representaban 11, 5 % y 9 % del PIB, respectivamente, en 2020. Ambos porcentajes fueron disminuyendo hasta alcanzar 4,3 % y 3,9 % en 2024, respectivamente.

La salud pública y la asistencia social también se redujo, pero a partir de 2021: de 10,5 % ese año a 5,1 % del PIB en 2024.

“La reducción del déficit presupuestario en 2024 es una “buena noticia” empañada por la política de austeridad fiscal en que se enmarca y por haber incorporado una notable reducción de la base económica real que sustenta los programas sociales”, escribió Monreal en otra publicación en X.

Asimismo, en contener la inflación ha ayudado una demanda deprimida de los hogares, por su menor capacidad de compra en ellos.

“Ambos elementos tienen fortísimos costos sociales, menos personas con acceso a subsidios necesarios y unas familias más empobrecidas sin poder consumir una canasta básica de bienes y servicios”, analizó, por su parte, el economista Pérez.

ED: EG