MONTEVIDEO – Cuando las calles de Bangladés estallaron en protestas a mediados de 2024, pocos podían imaginar la rapidez con la que se derrumbaría el régimen de Sheikh Hasina. La destitución de la primera ministra e agosto de 2024, tras años de creciente autoritarismo y descontento, se anunció como una oportunidad histórica para la renovación democrática.
Casi un año después, sigue sin estar claro si Bangladés está evolucionando realmente hacia la democracia o si una forma de represión está sustituyendo a otra.
El gobierno provisional, liderado por el premio Nobel Muhammad Yunus, se enfrenta a enormes retos para lograr un cambio significativo. Aunque ha dado pasos importantes —liberación de presos políticos, inicio de reformas constitucionales, firma de tratados internacionales de derechos humanos y búsqueda de responsabilidades por las violaciones cometidas en el pasado—, los abusos persistentes, la exclusión política y la inestabilidad económica siguen ensombreciendo la transición.
Los próximos meses serán decisivos para determinar si Bangladés puede romper verdaderamente con su pasado autoritario.
Del fraude electoral a la revolución
Las raíces de la actual agitación en Bangladés se remontan a las elecciones generales del 7 de enero de 2024, que estuvieron plagadas de irregularidades. La votación, en la que la Liga Awami (AL) de Hasina se aseguró un cuarto mandato consecutivo, fue ampliamente rechazada como un resultado cantado.
El principal partido de la oposición, el Partido Nacionalista de Bangladés, boicoteó las elecciones en protesta por la negativa del gobierno a restablecer un sistema de gobierno provisional neutral.
El gobierno desató una intensa represión antes de las elecciones. Encarceló a miles de activistas de la oposición y utilizó el sistema de justicia penal como arma para silenciar la disidencia, lo que provocó muertes bajo custodia policial y desapariciones forzadas.
La represión se extendió a la sociedad civil, y los activistas de derechos humanos y los periodistas fueron objeto de acoso, detenciones arbitrarias y violencia.
El gobierno patrocinó a candidatos opositores falsos para crear una ilusión de competencia, lo que provocó una caída en picado de la participación electoral y una crisis de legitimidad.
Cuando se produjeron manifestaciones de la oposición, se respondieron con una fuerza abrumadora. El 28 de octubre de 2023, la policía respondió a una importante protesta de la oposición en Daca con balas de goma, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, lo que provocó al menos 16 muertos y miles de heridos y detenidos.
La situación se deterioró aún más tras las elecciones. En junio de 2024, el restablecimiento de un controvertido sistema de cuotas para los puestos de trabajo en el sector público desencadenó protestas masivas lideradas por estudiantes que acabarían derrocando el gobierno de Hasina.
Estas protestas se convirtieron rápidamente en una revuelta más amplia contra la corrupción arraigada, la desigualdad económica y la impunidad política.
La respuesta del gobierno fue sistemáticamente brutal. Según un informe de investigación de las Naciones Unidas, entre julio y agosto las fuerzas de seguridad mataron a unas 1400 personas, entre ellas muchos niños, a menudo disparando a quemarropa contra los manifestantes.
Negaron atención médica a los heridos e intimidaron al personal hospitalario.
La magnitud de la violencia llevó finalmente al ejército a negarse a seguir participando, lo que obligó a Hasina a dimitir y huir de Bangladés.
Esfuerzos de reforma en medio de la discordia política
El fobierno provisional identificó tres prioridades fundamentales: reformas institucionales, juicios a los autores de la violencia política y elecciones.
Los primeros meses trajeron avances significativos. El gobierno liberó a manifestantes y defensores de los derechos humanos detenidos, firmó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y estableció una comisión de investigación sobre las desapariciones forzadas.
Esta comisión documentó alrededor de 1700 denuncias y encontró pruebas del uso sistemático de las desapariciones forzadas para perseguir a opositores políticos y activistas, con la complicidad directa de Hasina y altos funcionarios.
En octubre, el Tribunal Penal Internacional de Bangladés dictó órdenes de detención contra Hasina y otras 44 personas por las masacres cometidas durante las protestas de 2024, aunque el tribunal tiene una historia turbulenta y mantiene la pena de muerte, contraria a las normas internacionales.
La Comisión de Reforma Constitucional ha propuesto ampliar los derechos fundamentales, con un parlamento bicameral y límites al mandato de los altos cargos. Sin embargo, el proceso se ha visto socavado por la exclusión de los principales actores políticos, en particular el AL, y de los grupos minoritarios.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Las tensiones políticas se intensificaron cuando el gobierno provisional se enfrentó a una presión cada vez mayor para fijar una fecha para las elecciones generales. Los partidos de la oposición lo acusaron de retrasar deliberadamente el proceso.
El jefe del Ejército exigió públicamente que se celebraran elecciones antes de finales de 2025, mientras que los grupos estudiantiles solicitaron que se aplazaran hasta que se garantizaran las reformas y la justicia. Tras la incertidumbre inicial, el gobierno anunció que las elecciones se celebrarían en abril de 2026.
La escalada más dramática se produjo en mayo, cuando el gobierno interino prohibió todas las actividades de la AL en virtud de la Ley Antiterrorista tras la reanudación de las protestas.
Posteriormente, la Comisión Electoral suspendió el registro de la AL, impidiéndole de facto participar en futuras elecciones y alterando de manera fundamental el panorama político de Bangladés.
Los retos económicos agravan estas dificultades políticas. Bangladés sigue siendo frágil tras las devastadoras inundaciones de 2024, mientras que el sector bancario se enfrenta a la presión del aumento de los préstamos morosos.
La inflación sigue superando el crecimiento de los salarios y las medidas de austeridad económica acordadas con el Fondo Monetario Internacional han desencadenado nuevas protestas.
Persisten los patrones autoritarios
A pesar de las promesas de cambio, los viejos patrones de represión se mantienen. Los grupos de derechos humanos documentan abusos continuados por parte de las fuerzas de seguridad, como detenciones arbitrarias de simpatizantes de la oposición y periodistas, denegación del debido proceso y la falta de rendición de cuentas por delitos cometidos en el pasado.
Otros artículos de Inés M. Pousadela.
Solo en los dos primeros meses de 2025, se presentaron más de 1000 denuncias policiales contra decenas de miles de personas, principalmente miembros del AL o presuntos simpatizantes. La represión de febrero contra los partidarios de Hasina se saldó con más de 1.300 detenciones.
La libertad de prensa sigue gravemente amenazada. En noviembre, el gobierno provisional revocó la acreditación de 167 periodistas.
Alrededor de 140 periodistas considerados afines al régimen anterior han sido acusados, 25 de ellos de crímenes contra la humanidad, lo que ha obligado a muchos a pasar a la clandestinidad. Continúan los ataques contra medios de comunicación, incluido el vandalismo de oficinas de periódicos.
El proyecto de Ordenanza de Protección Cibernética, destinado a sustituir la represiva Ley de Seguridad Cibernética, ha sido criticado por mantener disposiciones vagas que penalizan la difamación y «herir los sentimientos religiosos», al tiempo que otorgan a las autoridades amplios poderes para realizar registros sin orden judicial.
Los grupos de derechos humanos advierten de que esta ley podría reprimir la disidencia en el período previo a las elecciones.
Un camino incierto hacia el futuro
La trayectoria de Bangladés demuestra que las transiciones democráticas son procesos intrínsecamente difíciles, no lineales y profundamente controvertidos. La democracia no es un resultado garantizado, pero las posibilidades aumentan cuando los líderes políticos se comprometen genuinamente con la reforma y el diálogo inclusivo, y los actores políticos, la sociedad civil y el público ejercen una vigilancia constante.
Si bien el gobierno interino ha logrado avances impensables bajo el régimen anterior, la persistencia de las detenciones arbitrarias, los ataques a periodistas y la exclusión de actores políticos clave sugiere que la sombra del autoritarismo aún se cierne sobre el país.
Las próximas elecciones generales serán una prueba crucial para determinar si Bangladés puede finalmente pasar página al autoritarismo. La respuesta está en si los bangladesíes, tanto en el gobierno como en la sociedad civil y más allá, son capaces de construir algo verdaderamente nuevo.
Hay mucho en juego en un país donde muchos ya han sacrificado mucho por la promesa de la libertad democrática.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
T: MF / ED: EG
![[Valid RSS]](https://validator.w3.org/feed/images/valid-rss-rogers.png "Validate my RSS feed")