BRUSELAS / MONTEVIDEO – Las tácticas intimidatorias de Donald Trump antes de la cumbre anual de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), celebrada en La Haya en junio, funcionaron a las mil maravillas.
Al amenazar con redefinir el artículo 5 de la Otan —la cláusula de defensa colectiva que ha sustentado la seguridad occidental desde 1949—, Trump consiguió el compromiso de los aliados de la Otan de casi triplicar su gasto en defensa hasta alcanzar 5 % de su producto interno bruto (PIB) en 2035.
Los presupuestos de defensa europeos se dispararán de unos 500 000 millones de dólares a más de un billón (millón de millones) de dólares anuales, igualando prácticamente los niveles de gasto de Estados Unidos.
Se trata de un cambio asombroso. Algunos miembros de la Otan gastan actualmente alrededor de 1,2 % del PIB en partidas de defensa tradicional, por lo que el salto a 5 % es una propuesta extraordinaria.
Solo el Reino Unido destina 1300 millones de dólares para restaurar sus capacidades nucleares tácticas, mientras que la Unión Europea (UE) ha aprobado un fondo de 176 000 millones de dólares para proyectos de defensa conjunta.
Los Estados miembros podrán incluso incumplir los límites de deuda normales sin penalización, lo que constituye una clara señal de que el gasto en defensa prevalece ahora sobre todas las demás prioridades.
En un momento en que los ciudadanos de los países de la Otan luchan por hacer frente al coste de la vida y sienten que los servicios públicos se han recortado hasta el mínimo, esta remilitarización amenaza con agravar la inseguridad económica.
Un mayor gasto militar puede significar menos recursos para la educación, la sanidad y los programas de apoyo a los más necesitados.
El Reino Unido ya ha anunciado recortes en la ayuda internacional, que hace unos años representaba 0,7 % del ingreso nacional bruto, hasta 0,3 % en 2027 para financiar la defensa, y otros países están siguiendo su ejemplo.
El resultado será una transferencia masiva de ingresos de las personas más pobres del mundo a las empresas de defensa con poder político, en su mayoría con sede en Estados Unidos.
Otro aspecto alarmante del aumento del gasto de la Otan es lo que le falta: requisitos de transparencia significativos o mecanismos de supervisión estandarizados. La adquisición de material de defensa suele operar a puerta cerrada, por lo que no se aplican las normas habituales de rendición de cuentas.
Las decisiones están envueltas en el secreto, las complejas cadenas de suministro internacionales dificultan la supervisión y las relaciones entre la industria y el Gobierno difuminan las líneas éticas.
La puerta giratoria entre funcionarios y contratistas compromete la independencia de la toma de decisiones, mientras que la seguridad nacional proporciona una cobertura conveniente para decisiones que podrían no resistir el escrutinio público.
El rápido aumento del gasto agravará estos problemas de rendición de cuentas. La pandemia ha demostrado que los cambios repentinos en el gasto público rara vez son transparentes y ofrecen oportunidades para la corrupción.
A medida que los gobiernos compiten por cumplir los plazos y aumenta la presión de Trump para mostrar resultados inmediatos, es probable que los procesos de adquisición acelerados eludan los controles y equilibrios habituales.
La historia ofrece lecciones aleccionadoras. En Afganistán, miles de millones destinados a desarrollar la capacidad de defensa local desaparecieron en proyectos fantasma y batallones fantasmas. La corrupción socavó la eficacia militar al producir equipos de calidad inferior y comprometer las redes logísticas, lo que contribuyó al rápido regreso al poder de los talibanes, en agosto de 2015.
La experiencia de Ucrania ofrece otra lección aleccionadora: a pesar del intenso escrutinio internacional desde la invasión de Rusia, se tardó años en erradicar las redes corruptas que se habían apoderado de gran parte del presupuesto de defensa.
Mientras tanto, Rusia ha pasado décadas perfeccionando sus operaciones de influencia maligna, utilizando dinero y redes de compinches para vaciar de contenido los procesos democráticos en los Estados occidentales, incluidos muchos miembros de la Otan.
El auge del gasto en defensa sin garantías de rendición de cuentas corre el riesgo de crear nuevas vulnerabilidades que pueden explotar los Estados autoritarios y los grupos delictivos organizados.
La solución es democratizar el gasto en defensa. Una investigación reciente sobre la contratación pública en materia de defensa en la UE revela que una mayor transparencia en la contratación militar se traduce sistemáticamente en menores niveles de corrupción. Los países con mayor transparencia gastan el dinero de forma más eficiente, con menos sobrecostes y equipos de mayor calidad.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Una de las lagunas más evidentes del enfoque actual de la Otan es la ausencia de la sociedad civil en la gobernanza de la defensa.
Otros ministerios consultan habitualmente a la sociedad civil, pero los ministerios de Defensa toman decisiones importantes en materia de gasto con una participación mínima de quienes pueden garantizar que las decisiones reflejen las necesidades reales de seguridad humana y los valores democráticos.
Las organizaciones de la sociedad civil aportan capacidades cruciales de las que a menudo carecen los gobiernos: la independencia para plantear preguntas difíciles, la experiencia para detectar señales de alarma en contratos complejos y la persistencia para seguir el rastro del dinero hasta destinos políticamente sensibles.
La seguridad abarca más que tropas y armas: incluye el fortalecimiento de la resiliencia institucional, la desactivación de la desinformación y el refuerzo de los sistemas democráticos frente a los ataques, ámbitos en los que la sociedad civil tiene mucho que aportar.
Una supervisión eficaz no significa revelar detalles operativos sensibles ni comprometer la seguridad. Requiere rastrear los flujos financieros, supervisar el rendimiento de los contratistas y garantizar procesos de licitación competitivos. Los grupos de la sociedad civil han demostrado en repetidas ocasiones que pueden investigar el gasto en defensa sin poner en peligro la seguridad nacional.
Antes de que el dinero comience a fluir, la Otan debería establecer una iniciativa de transparencia en la contratación pública en materia de defensa que establezca normas básicas para los Estados miembros.
Estas deberían incluir requisitos de divulgación pública del valor de los contratos y de los criterios de selección de los proveedores, y abarcar la contratación pública, las exportaciones, los acuerdos de compensación y el gasto en inteligencia artificial, cibercapacidades e investigación y desarrollo.
Los parlamentos nacionales deben estar facultados para examinar las decisiones, los organismos de supervisión independientes deben contar con recursos suficientes para seguir el rastro del dinero y ambos deben recurrir a los conocimientos especializados de la sociedad civil.
Es necesario proteger a la sociedad civil y permitirle supervisar los flujos de gasto en defensa, y se debe reforzar la protección de los denunciantes que trabajan en el sector de la defensa.
Dado que las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo sufren recortes de financiación, entre otras cosas debido a la recortes drásticos del gasto en ayuda de la administración Trump, cualquier aumento del gasto en defensa no debe realizarse a costa de la democracia y los derechos humanos.
La credibilidad de la Otan y, en última instancia, su seguridad, dependen de la conciliación de la seguridad humana con el respeto de los valores democráticos. Esto solo se logrará si la sociedad civil puede desempeñar su papel.
Samuel King es investigador del proyecto de investigación financiado por Horizonte Europa ENSURED: Shaping Cooperation for a World in Transition (Garantizar la cooperación para un mundo en transición) en Cvivicus: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana.
Inés M. Pousadela es investigadora sénior de Civicus, redactora en Civicus Lens y coautora del Informe sobre el estado de la sociedad civil de esa alianza.
T: MF / ED: EG
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