Congreso de Perú debilita la lucha contra el crimen según HRW

LIMA – El Congreso del Perú está debilitando gravemente la independencia y la capacidad de jueces y fiscales para enfrentar el crimen organizado, criticó la organización Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este martes 8.

El informe de 44 páginas “Legislar para la impunidad: Cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado”, expone que leyes y decisiones recientes adoptadas por el Congreso han obstaculizado investigaciones criminales, debilitado instituciones clave, y revertido avances en la protección ambiental.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte a menudo ha posibilitado esta agenda y ha recurrido a la declaración de “estados de emergencia”, que suspenden derechos constitucionales, como su principal estrategia de seguridad, según HRW.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, afirmó que “el ataque del Congreso al Estado de derecho ha dejado a millones de peruanos más vulnerables frente al crimen organizado”.

“El Congreso y el gobierno de Boluarte deben revertir urgentemente estas medidas y proteger los derechos de toda la ciudadanía”, agregó Goebertus.

Entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, HRW entrevistó a 125 personas, incluyendo fiscales, jueces, policías, ambientalistas, líderes indígenas, periodistas y funcionarios gubernamentales, en Lima, Puerto Maldonado, Pucallpa y Trujillo.

También analizó 34 leyes y decisiones legislativas, así como 54 decretos presidenciales emitidos desde 2023.

La organización concluye que la situación de seguridad en Perú se ha deteriorado drásticamente. En 2018 hubo 1076 homicidios, y en 2021 se cometieron 2552, un incremento de 137 %, según datos de la policía. Y las cifras preliminares de 2025 anticipan un récord de homicidios.

Más de la mitad de los asesinatos en 2024 fueron cometidos por sicarios, según la policía. Las denuncias por extorsión, especialmente en zonas urbanas y en el transporte de carga, alcanzaron niveles históricos en 2023 y se mantienen elevadas.

El gobierno de Boluarte ha recurrido cada vez más a los estados de emergencia para enfrentar la criminalidad, lo que ha suspendido derechos constitucionales sin lograr reducir la violencia.

Por otra parte, el Congreso, donde más de la mitad de sus integrantes enfrentan investigaciones por corrupción u otros delitos, ha tomado medidas para socavar la independencia y la capacidad de los tribunales y los fiscales, señala el informe.

En particular, ha limitado drásticamente los mecanismos de colaboración eficaz, lo cual debilita los esfuerzos para desmantelar grupos criminales y detectar conexiones con funcionarios corruptos.

También modificó la definición de “crimen organizado” en el Código Penal para excluir delitos de corrupción, y ha obstaculizado los allanamientos y destituido jueces y fiscales de alto nivel para bloquear investigaciones sobre corrupción.

“Una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos requiere fortalecer, en lugar de debilitar, las herramientas que jueces, fiscales y peritos forenses necesitan para buscar justicia para las víctimas del crimen organizado”, dijo Goebertus.

El Congreso también ha aprobado leyes que socavan las protecciones medioambientales.

“Ha legalizado retroactivamente la deforestación ilegal de grandes áreas y blindado a mineros ilegales frente a la persecución penal. La minería ilegal, sobre todo de oro y a pequeña escala, se ha disparado en los últimos años y es el mayor delito que antecede al lavado de dinero, según datos del gobierno”, indica HRW.

Admite que aunque la minería a pequeña escala puede representar una fuente de ingresos para personas de menos recursos, la ausencia de una regulación adecuada genera graves riesgos para el medioambiente, la salud y los derechos laborales.

Entre 2020 y 2023, casi la mitad de los ataques contra defensores ambientales y líderes indígenas estuvieron relacionados con la minería ilegal, según informó la Defensoría del Pueblo.

“Las hectáreas afectadas por la minería ilegal aumentan año tras año sin que el Estado reaccione, lo que lleva a estas zonas delitos como la trata de personas, los homicidios y las violaciones”, dijo a HRW un fiscal de alto rango en la Amazonia.

Recientes medidas del Congreso también han amenazado con restringir gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil.

En marzo de 2025, el Congreso aprobó una ley que amplía significativamente la autoridad del gobierno sobre periodistas y organizaciones no gubernamentales que reciben fondos desde el extranjero.

Finalmente, y en contrapartida, el Congreso aprobó en junio, en primera lectura y pendiente de una segunda discusión este julio, un dictamen que restituye la inmunidad, para los parlamentarios que sean elegidos el año próximo, a menos que el pleno de la nueva cámara, bicameral, autorice su enjuiciamiento.

HRW recordó que actualmente Perú busca ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), integrada en su mayoría por países con altos ingresos, cuyo propósito es promover políticas públicas para mejorar el bienestar económico y social a nivel global.

Más de una decena de comités de la Ocde examinan el cumplimiento por Perú de estándares de gobernanza pública, medioambiente y Estado de derecho.

“La Ocde debe buscar que las autoridades peruanas se comprometan a garantizar la separación de poderes y eliminar obstáculos en la lucha contra el crimen organizado, la destrucción del medioambiente y la corrupción”, concluyó Goebertus.

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