Amnistía denuncia desapariciones forzadas en Venezuela

LONDRES – Autoridades de Venezuela cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, en particular contra quienes consideran disidentes, lo que configura el crimen de lesa humanidad, afirmó Amnistía Internacional (AI) en un informe divulgado este martes 15.

Agnès Callamard, secretaria general de la organización humanitaria, declaró que “la escala y gravedad de los crímenes que se cometen en el país, en concreto la desaparición forzada de personas, deben movilizar la conciencia del mundo e impulsar la acción de la justicia internacional”.

Expuso que “al ser un crimen internacional, acarrea no solo responsabilidad del Estado, sino también la responsabilidad penal de los funcionarios particulares que lo cometan”.

“La comunidad internacional no puede normalizar ni ignorar la crisis de derechos humanos en Venezuela”, abundó Callamard.

AI documentó 15 casos de personas desaparecidas forzadamente desde julio de 2024, y sostuvo que 11 de ellas permanecen sometidas a desaparición forzada, incluidos ciudadanos venezolanos y de Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Ucrania y Uruguay.

Los extranjeros son Andrés Martínez (español), Danner Barajas (colombiano), Fabián Buglione (uruguayo), Jose María Basoa (español), Lucas Hunter (francoestadounidense), y Yevhenii Petrovich Trush (ucraniano).

Estarían desaparecidos, según esa investigación, al igual que los venezolanos Damián Rojas, Dennis Lepaje, Eudi Andrade, Jorgen Guanares y Rory Branker.

En el caso de Petrovich Trush, un joven ucraniano de 19 años, AI puntualizó que vive con Trastorno del Espectro Autista y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, fue detenido sin causa aparente en la frontera con Colombia, y desde el 20 de octubre de 2024 se desconoce su suerte y paradero.

La Corte Penal Internacional (CPI), y los tribunales nacionales que ejerciten la jurisdicción universal, “deberían investigar y -existiendo suficiente evidencia- procesar a los presuntos responsables hasta el máximo nivel”, según AI.

Callamard expuso que “la desaparición forzada supone no saber dónde está tu familiar, en qué condiciones se encuentra, ni siquiera si está vivo o muerto”.

“Es un crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de la persona, y somete a su familia a un sufrimiento constante, marcado por la incertidumbre, la angustia y el tormento diario de preguntarse cuál es el paradero de su ser querido,” añadió.

La investigación de AI se basa en el derecho internacional de los derechos humanos, según el cual se deben dar elementos de forma concurrente para que se configure una desaparición forzada.

Ellos son la detención de una persona por agentes estatales, o personas actuando con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, y la negación oficial de la detención o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona detenida.

El marco temporal del informe se inicia con la elección presidencial del 28 de julio de 2024, e incluye la represión que siguió al cuestionado resultado anunciado por el poder electoral que atribuyó la victoria al presidente Nicolás Maduro.

“Las estrategias del gobierno para reprimir las expresiones a favor de un cambio político siguieron un patrón conocido y recurrente, aunque a una escala no vista anteriormente: 25 personas perdieron la vida y al menos 2200 fueron privadas arbitraria e ilegalmente de la libertad”, indicó el informe.

En relación a las 15 personas cuyas desapariciones forzadas investigó AI, destacan la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana como los principales organismos responsables de las detenciones arbitrarias.

De las 15 personas AI solo logró establecer el paradero de cuatro: Alfredo Díaz, sometido a desaparición forzada durante cuatro días; Eduardo Torres, desparecido forzadamente por ocho días; y Rosa Chirinos y Raymar Pérez, quienes estuvieron desaparecidas de manera forzada durante cuatro meses.

AI considera que otras 46 personas podrían estar desaparecidas forzadamente, según información recabada por la organización venezolana Foro Penal.

La motivación de la detención en prácticamente todos los casos fue política, según AI, pues las víctimas fueron detenidas por participar en protestas, transportar a personas de alto perfil político, o por ser parte de partidos políticos de oposición, activistas, periodistas críticos o defensores de derechos humanos.

En general, las autoridades negaron información sobre la detención de esas personas y, cuando sí lo reconocieron, negaron información sobre su suerte o paradero.

En los casos de las 15 personas, no solo se les negó de manera sistemática las garantías procesales y el derecho a un juicio justo, sino que ciertos mecanismos del aparato judicial sirvieron para conferir apariencia de legalidad a procedimientos esencialmente arbitrarios e ilegales y facilitar la desaparición forzada.

Entre los elementos más ilustradores de estos mecanismos figuran: las audiencias de presentación realizadas en secreto; la imposición de defensores públicos sin voluntad ni capacidad de actuar como defensa legal independiente; y la utilización de los denominados Tribunales contra el Terrorismo, no independientes.

AI reclamó que “las autoridades venezolanas deben poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas sin excusas ni demoras. Las familias tienen el derecho a conocer la suerte y el paradero de quienes han sido desaparecidos forzadamente”.

“Además, todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos deben ser liberadas inmediatamente”, asentó el documento.

Finalmente “llamamos a la Fiscalía de la CPI a avanzar de manera firme sobre la situación en Venezuela, y considerar incluir el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada en su investigación”, concluyó Callamard.

A-E/HM