KARACHI, Pakistán – “Esto me trajo algo de consuelo”, dice Shafaq Zaidi, amiga desde la escuela de Noor Mukadam, al reaccionar al fallo del 20 de mayo de la Corte Suprema, que ratificó tanto la cadena perpetua como la pena de muerte para el asesino de Noor, Zahir Jaffer.
“Nada va a devolvernos a Noor, pero esta decisión ofrece una sensación de justicia no solo para ella, sino para cada mujer en Pakistán a la que se le dijo que su vida no vale”, dijo Zaidi a IPS por teléfono desde Islamabad.
Ella reconoció que “fue un camino largo y doloroso: cuatro años peleando en el tribunal de primera instancia, la corte superior y finalmente la Corte Suprema”.
Con un sentimiento similar, la activista por los derechos humanos Zohra Yusuf comentó: “Es reconfortante que la Corte Suprema haya confirmado el fallo”, aunque agregó que la brutalidad del crimen dejó poco espacio para el alivio.
“Fue tan horroroso que celebrar la sentencia resulta imposible”, dijo, refiriéndose al sadismo extremo que sufrió Noor: fue torturada con un puño americano, violada y decapitada con un arma blanca el 20 de julio de 2021.
Yusuf también señaló que lo que atrajo la atención nacional fue el “contexto” de los involucrados.
Noor Mukadam, de 27 años, era hija de un exembajador, mientras que Zahir Jaffer, de 30, tenía doble nacionalidad (pakistaní y estadounidense) y pertenecía a una familia adinerada e influyente. El padre y las amistades de la víctima lucharon por mantener el caso visible y evitar que se convirtiera en una estadística más olvidada.
Aun así, la reacción fue moderada: muchas personas, incluida Yusuf, se oponen a la pena de muerte.
La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP, en inglés) registró al menos 174 sentencias de muerte en 2024, un marcado aumento frente a las 102 de 2023, aunque no se habría concretado ninguna ejecución. La última ejecución conocida sucedió en 2019, cuando Imran Ali fue ahorcado por la violación y asesinato de Zainab Ansari, de seis años.
Sin embargo, el padre de Noor, Shaukat Ali Mukadam, reiteró en varias ocasiones que la pena de muerte para Zahir Jaffer era “muy necesaria” y subrayó: “Esto no es solo por mi hija, es por todas las hijas de Pakistán”, en referencia a los innumerables actos de violencia contra mujeres que quedan impunes cada día.
El informe anual 2024 de la HRCP ofreció un panorama sombrío sobre la violencia de género en Pakistán.
Según la Oficina Nacional de Policía, al menos 405 mujeres fueron asesinadas en crímenes de “honor”. La violencia doméstica siguió siendo generalizada, con 1641 asesinatos y más de 3385 denuncias de agresiones físicas dentro del hogar.
La violencia sexual no mostró señales de disminuir. Los registros policiales documentaron 4175 violaciones, 733 violaciones grupales, 24 casos de agresión sexual bajo custodia y 117 incidentes de abuso relacionado con incesto, lo que dejó en claro el peligro que enfrentan las mujeres tanto en espacios públicos como privados.
El monitoreo de medios de la HRCP también reveló que al menos 13 personas trans sufrieron violencia sexual; una de ellas fue asesinada por su familia en nombre del “honor”.
El ámbito digital tampoco ofreció refugio. La Fundación de Derechos Digitales registró 3121 casos de ciberacoso, la mayoría denunciados por mujeres en la provincia de Punyab.
La justicia sigue siendo esquiva
Pero los números no alcanzan a reflejar la brutalidad ni el arraigado desprecio hacia las mujeres que impulsa estos crímenes.
“Hace poco llevamos a un hombre ante la justicia y conseguimos manutención para sus hijas gemelas”, contó Haya Zahid, directora ejecutiva de la Sociedad de Asistencia Legal (LAS, en inglés), con sede en Karachi. “El padre se divorció de su joven esposa mientras ella aún estaba hospitalizada, simplemente porque había dado a luz a dos niñas”, explicó.
LAS ofrece asesoría legal gratuita a personas sin recursos y atiende casos de violación, asesinato, ataques con ácido, matrimonios forzados e infantiles y violencia doméstica.
Bassam Dhari, también de LAS, recordó el espeluznante asesinato de Daya Bheel, que ocurrió después del de Noor Mukadam pero no logró captar la atención nacional porque sucedió en una aldea remota del distrito Sanghar, en la provincia de Sind, de la que Karachi es su capital.
“La despellejaron, le sacaron los globos oculares, le mutilaron los pechos y la decapitaron”, relató Dhari.
El informe forense confirmó que no fue agredida sexualmente, y el ataque no parecía motivado por ira ni venganza.
Mientras la familia de Mukadam pudo encontrar un cierre, la justicia sigue estando fuera del alcance de miles de mujeres pakistaníes.
“El caso de Noor Mukadam es realmente una excepción en la que se logró justicia”, dijo Syeda Bushra, otra abogada de LAS.
“No es que no haya suficientes leyes para proteger a mujeres y niñas, todo lo contrario”, explicó Bushra. “Hay muchas leyes, pero ¿de qué sirven si las investigaciones son deficientes?” Según ella, solo un pequeño porcentaje de mujeres logra buscar reparación. “La justicia se niega o se retrasa todos los días”, agregó.
“El problema es que estas leyes se redactan en un vacío social”, observó Fauzia Yazdani, experta en género y gobernanza con más de 30 años de experiencia en trabajo con gobiernos, la ONU y socios de desarrollo bilateral en Pakistán.
Aunque reconoció que a lo largo de los años se aprobaron muchas leyes progresistas y favorables a las mujeres, estas no han calado en una sociedad reacia al cambio. “Las leyes son esenciales, pero ninguna legislación podrá acabar con la violencia si la mentalidad social sigue siendo misógina, patriarcal y permisiva con estos crímenes”, dijo.
Comprar justicia con dinero de sangre
Al mismo tiempo, Dahri señaló fallas graves en el sistema judicial.
En Pakistán, donde la pena de muerte sigue siendo legal bajo su estatus islámico, las sentencias pueden anularse gracias a la ley del diyat (dinero de sangre), que permite a los agresores comprar el perdón indemnizando a la familia de la víctima.
“En nuestro país, el dinero puede comprarlo todo”, afirmó Dahri. “Esta ley se usa y abusa constantemente por parte de los ricos y poderosos para literalmente salirse con la suya”, añadió.
Insistió en la urgencia de reformar estas normas. “Muchas familias rechazan la compensación al principio, pero la presión y las amenazas —especialmente contra las personas pobres— las obligan a aceptar”, dijo.
En 2023, la muerte de Fatima Furiro, de 10 años, pudo haber pasado desapercibida si no fuera por dos videos gráficos en los que se la veía retorciéndose de dolor antes de colapsar. La indignación pública que siguió llevó a la exhumación del cuerpo. Su empleador, un poderoso terrateniente del distrito Khairpur, en Sind, que aparecía en las grabaciones, fue arrestado de inmediato.
Pasó un año en prisión antes de que se cerrara el caso, luego de que la empobrecida familia de Fatima aceptara el dinero de sangre, a pesar de que las pruebas forenses confirmaban que había sido violada, golpeada y torturada de forma prolongada.
La ley frente al prejuicio
Además de un sistema judicial defectuoso, las mujeres deben enfrentarse a tabúes sociales profundamente arraigados, reforzados por la constante culpabilización y estigmatización de las víctimas.
“En un entorno así”, explicó Bushra, “no sorprende que muchas mujeres, agotadas por el proceso, terminen retirando sus denuncias”.
“El juicio de una mujer comienza mucho antes de que entre a la sala del tribunal”, señaló Dahri.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
En el caso de Noor Mukadam, el argumento de una “relación de convivencia”, real o inventada, fue utilizado por el abogado del condenado para rebajar la sentencia de muerte por violación a cadena perpetua.
“Un chico y una chica conviviendo es una desgracia para nuestra sociedad”, dijo el juez Hashim Kakar, que presidió el tribunal de tres miembros que trató el caso.
“Su reputación fue manchada incluso después de muerta”, sostuvo Yazdani, quien subrayó que los jueces deberían abstenerse de emitir juicios morales.
“El veredicto de un juez debe basarse únicamente en una lectura imparcial de la ley”, dijo Bushra.
Pero como señaló Dahri, son pocos los abogados que se atreven a decir esto abiertamente. “Los jueces pueden tomárselo como algo personal”, explicó, “y eso podría perjudicarnos en casos futuros”.
Para Yazdani, incluso unas pocas reformas específicas —como audiencias más ágiles, reducción de la acumulación de causas, creación de tribunales para violencia de género y protección infantil, y formación de jueces, abogados y policías sobre misoginia y violencia— podrían reducir a la mitad la culpabilización de víctimas.
Pero también advirtió que las reformas no garantizan empatía, que ella considera el pilar fundamental de la verdadera justicia.
“El cambio social no ocurre de la noche a la mañana”, dijo Yazdani. “Desde un punto de vista antropológico, se tarda cinco años en que eche raíces y diez más en que realmente se afiance”, añadió.
La justicia necesita equilibrio de género
La desigualdad de género en la justicia agrava la situación. Algunos expertos sostienen que aumentar la cantidad de juezas y abogadas podría llevar a un sistema judicial más justo, dinámico y empático.
Un informe de 2024 de la Comisión de Leyes y Justicia de Pakistán reveló que las mujeres representan menos de 20 % del total de jueces, abogadas y funcionarias judiciales del país, un déficit alarmante en una nación con más de 117 millones de mujeres. De los 126 jueces de la justicia superior, solo siete son mujeres, es decir, apenas 5,5 % del total. En la Corte Suprema, solo hay dos.
Mientras tanto, los 26 jueces del tribunal supremo (incluido el presidente) cargan con un atraso de más de 56 000 causas, no todas relacionadas con violencia contra mujeres.
Bushra considera que se debe alentar a más mujeres a ingresar en el sistema de justicia, especialmente como fiscales, policías y juezas. “Vi lo afectadas que quedan muchas víctimas cuando deben repetir su historia ante hombres —y a veces más de una vez—”, dijo.
Pero recalcó que sumar mujeres no garantiza el fin de la revictimización ni asegura una justicia centrada en las sobrevivientes. “Todas las personas del sistema —incluidas las mujeres— deben estar verdaderamente sensibilizadas en cuestiones de género para superar prejuicios y estereotipos”, afirmó.
Tribunales especiales
En 2021, el gobierno aprobó la Ley contra la Violación (Investigación y Juicio), que llevó a la creación de un comité antiviolación del Ministerio de Justicia para apoyar a las víctimas, incluida la formación de tribunales especiales en todo el país.
“Ahora, 77 % de las denuncias son manejadas por unidades de investigación especializadas, y 91 % de los casos llegan a tribunales especiales”, indicó Nida Aly, del estudio jurídico AGHS, con sede en Lahore, la capital de Punyab, que ofrece asistencia legal gratuita y forma parte del comité.
Para 2022, la provincia de Sind había creado 382 de estas unidades. Aly señaló que un enfoque centrado en las sobrevivientes, con plazos definidos y trabajo coordinado, permitió elevar las tasas de condena de 3,5 a 5 %.
En 2024 se lanzó un registro nacional de agresores sexuales, gestionado por la policía. En Punyab, los 36 distritos ya cuentan con centros de crisis y protección que ofrecen asistencia legal y apoyo psicosocial, aunque algunos tienen limitaciones de recursos.
A casi cinco años de la creación de tribunales especializados en Karachi, Aly ve señales prometedoras en la forma en que los jueces abordan estos casos. “Ahora los fiscales se toman el tiempo de preparar a las denunciantes, algo que antes no ocurría”, comentó.
No obstante, advirtió que la cantidad de tribunales y jueces sensibilizados sigue siendo ínfima frente a la abrumadora cantidad de casos de violencia que inundan el sistema en Sind.
T: GM / ED: EG
