WASHINGTON – Un panel de expertos designado por la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó un informe según el cual Venezuela padece una escalada de represión política, acentuada después de la elección presidencial del 28 de julio del año pasado.
El abogado argentino Santiago Cantón, presidente del panel, dijo que “lo que estamos viendo no son abusos aislados, es el despliegue de una auténtica arquitectura estatal diseñada con precisión para erradicar cualquier forma de resistencia”.
“El régimen ha perfeccionado sus herramientas de represión: desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual se han convertido en instrumentos de un sistema autoritario que opera con total impunidad”, agregó Cantón.
El informe de 60 páginas, “De la detención a la tortura y la desaparición: la consolidación del terror de Estado en Venezuela”, es el último con el uruguayo Luis Almagro, un tenaz crítico del gobierno venezolano, como secretario general (2015-2025) de la OEA.
Los hallazgos más destacados en el informe corresponden al período posterior a la elección presidencial del 28 de julio de 2024, en la que según proclamó el poder electoral resultó vencedor el actual gobernante, Nicolás Maduro, con 53 % de los votos válidos, seguido por el opositor Edmundo González con 43 %.
“El régimen ha perfeccionado sus herramientas de represión: desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual se han convertido en instrumentos de un sistema autoritario que opera con total impunidad”: Santiago Cantón.
Sin embargo, las autoridades nunca mostraron los cómputos discriminados por centros de voto y municipios, como era usual en Venezuela, mientras que la oposición enseñó más de 80 % de actas, con las que sostuvo que González fue el ganador de la elección con una proporción de 67-30 sobre el oficialista.
Maduro asumió un tercer mandato de seis años el pasado 10 de enero. Varios gobiernos de América, Europa y Asia desconocen su gobierno, y con algunos, como Argentina, Ecuador y Estados Unidos, se han roto relaciones. González está exiliado en España.
Según el informe, al menos 27 personas han sido objeto de desaparición forzada a manos de agentes estatales en el periodo posterior a las elecciones de 2024.
Se documenta el arresto masivo y arbitrario de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, empleados públicos y miembros de la oposición, sin que se respeten las garantías judiciales.
Se registra un “uso sistemático de la violencia: la tortura y la violencia sexual continúan siendo empleadas como mecanismos de castigo e intimidación, en paralelo con 28 asesinatos de manifestantes desarmados durante las protestas postelectorales”.
En esas protestas fueron detenidas más de 2000 personas en todo el país. Muchas fueron enviadas a cárceles de máxima seguridad y se las acusó de terrorismo y otros delitos graves, aunque luego centenares fueron excarceladas, aunque de manera condicional.
En Venezuela había, al 18 de mayo, 900 presos políticos, según la organización local de derechos humanos Foro Penal, de los cuales 170 son militares, 89 son mujeres y cinco son adolescentes.
Hay al menos un excandidato presidencial opositor, varios exparlamentarios, responsables políticos de nivel regional y municipal, sindicalistas, directivos y activistas de organizaciones de derechos humanos, y periodistas.
Medio centenar de esos detenidos son ciudadanos extranjeros o tienen doble nacionalidad, y el gobierno anunció el 19 de mayo la captura de otros 38 individuos acusados de implicarse en preparativos para actos de sabotaje de las elecciones regionales y parlamentarias convocadas para el día 25.
El documento del panel de la OEA señala que existe una “evolución represiva” en Venezuela, con “la incorporación de prácticas contemporáneas de vigilancia tecnológica y criminalización judicial”, lo cual “evidencia una transformación deliberada y coordinada del aparato represivo estatal”.
Insiste en que “el escenario postelectoral de julio de 2024 emergió no como un simple aumento de abusos, sino como el punto de quiebre que transformó violaciones aisladas en una estrategia coordinada y brutal para afianzar el poder mediante el terror, la intimidación y la desaparición”.
Frente a este panorama, el panel hizo un llamado urgente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional “para que investigue esos hechos y formule los cargos correspondientes cuando se reúnan los elementos jurídicos necesarios”.
Venezuela se retiró de la OEA en el año 2019.
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