BRUSELAS / MONTEVIDEO – La población mundial está envejeciendo. La esperanza de vida mundial ha aumentado hasta los 73,3 años, frente a los menos de 65 años de 1995. En todo el mundo hay actualmente 1100 millones de personas mayores de 60 años, cifra que se prevé que aumente a 1400 millones en 2030 y a 2100 millones en 2050.
Este cambio demográfico es un triunfo que refleja los éxitos en materia de salud pública, los avances médicos y la mejora de la nutrición. Sin embargo, también plantea retos en materia de derechos humanos.
La discriminación por edad considera a las personas mayores como una carga, a pesar de la enorme contribución social que muchas de ellas aportan a través de sus funciones familiares, los servicios comunitarios y el voluntariado.
Los prejuicios alimentan violaciones generalizadas de los derechos humanos, como la discriminación por edad, la exclusión económica, la denegación de servicios, la seguridad social inadecuada, el abandono y la violencia.
Las repercusiones son especialmente duras para quienes sufren discriminación por otros motivos. Las mujeres mayores, las personas mayores Lgbtiq+, las personas mayores con discapacidad y las personas mayores de otros grupos excluidos sufren vulnerabilidades agravadas.
Además, durante los conflictos y las catástrofes climáticas, las personas mayores se enfrentan a dificultades desproporcionadas, pero reciben una atención y una protección desproporcionadamente escasas.
Estos retos no se limitan a países ricos como Japón, donde más de una de cada diez personas tiene ahora 80 años o más. Los países del sur global también están experimentando un envejecimiento de la población, a menudo a un ritmo mucho más rápido que el registrado históricamente en el norte global.
Muchas personas se enfrentan a la desalentadora perspectiva de envejecer en sociedades con infraestructuras y sistemas de protección social limitados para apoyarlas.
A pesar de estos retos cada vez mayores, no existe ningún tratado internacional de derechos humanos que proteja específicamente a las personas mayores. El marco internacional actual es un mosaico que parece cada vez más desfasado a medida que cambia la demografía mundial.
El primer avance internacional significativo se produjo en 2015, cuando la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Este tratado histórico reconoce explícitamente a las personas mayores como titulares de derechos y establece protecciones contra la discriminación, el abandono y la explotación. Demuestra cómo los marcos jurídicos pueden evolucionar para hacer frente a los retos que plantea el envejecimiento de la población, aunque su aplicación sigue siendo desigual en los países signatarios.
A nivel mundial, la Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030), de la Organización Mundial de la Salud, representa un avance en la promoción de entornos favorables a las personas mayores y de sistemas de salud receptivos.
Sin embargo, se trata de un marco voluntario sin protecciones legalmente exigibles. Solo un tratado vinculante puede ofrecer garantías en materia de derechos humanos.
Por eso, la decisión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 3 de abril, de crear un grupo de trabajo intergubernamental para redactar una convención sobre los derechos de las personas mayores ofrece una esperanza real. En el actual panorama geopolítico fracturado, la adopción de la resolución por consenso es alentadora.
Este paso positivo es el resultado de más de una década de tenaz labor de promoción a través del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento, creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010.
A lo largo de 14 sesiones, los Estados, la sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos humanos construyeron un caso abrumador a favor de la acción, que culminó en una recomendación de agosto de 2024 para elaborar un tratado.
Las campañas transfronterizas estratégicas y la creación de coaliciones por parte de organizaciones de la sociedad civil como AGE Platform Europe, Amnistía Internacional y HelpAge International fueron fundamentales para impulsar la causa.
Ahora comienza la fase crucial de transformar los principios en protección jurídica vinculante. La resolución del Consejo de Derechos Humanos establece el camino a seguir. La primera reunión del grupo de trabajo de redacción está prevista para antes de que finalice el año.
Una vez redactado, el texto seguirá su tramado en el sistema de las Naciones Unidas para su examen y aprobación. Si se aprueba, esta convención seguirá los pasos de las convenciones sobre los derechos del niño, de 1989, y de las personas con discapacidad, de 2006, que han supuesto un avance significativo en la protección de los grupos a los que se dirigen.
Esta convención ofrece una oportunidad única para redefinir el valor que las sociedades otorgan a sus miembros de más edad.
El camino desde la declaración hasta la aplicación exigirá una labor de incidencia persistente por parte de la sociedad civil, en primer lugar para garantizar que el texto de la convención ofrezca protecciones significativas y exigibles, en lugar de meras declaraciones de intenciones, y, en segundo lugar, para evitar que las protecciones se diluyan debido a una aplicación limitada.
Pero la recompensa potencial es enorme: un mundo en el que la edad avanzada enriquece, en lugar de menoscabar, la dignidad y los derechos humanos.
Samuel King es investigador del proyecto de investigación financiado por un Horizonte Europa «Ensured: Shaping Cooperation for a World in Transition (Asegurado: Dar forma a la cooperación para un mundo en transición)».
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
T: MF / ED: EG
