WASHINGTON – El gobierno de Estados Unidos debería ofrecerse a traer de vuelta y atender las solicitudes de asilo de unos 200 ciudadanos de terceros países, incluidos niños, niñas y adolescentes, que fueron expulsados injustamente a Costa Rica en febrero, señaló este jueves 22 la organización Human Rights Watch (HRW).
Michael García Bochenek, asesor jurídico de la división de derechos del niño de HRW, afirmó que “es repudiable que el gobierno de Estados Unidos haya abandonado a familias en un país que nunca eligieron, sin ningún proceso y sin pensar en lo más mínimo en su seguridad”.
“Costa Rica y Estados Unidos deberían permitir de inmediato que estas familias busquen asilo en un país donde se sientan seguros”, dijo García Bochenek.
El informe de 73 páginas de HRW, “‘La estrategia es doblegarnos’: Expulsión de ciudadanos de terceros países desde Estados Unidos a Costa Rica”, documenta las expulsiones que se produjeron después de que el gobierno estadounidense retuvo a migrantes y solicitantes de asilo en condiciones de detención abusivas.
Esas retenciones en ocasiones duraron varias semanas, mientras se negaban a los migrantes sus derechos al debido proceso y a solicitar asilo, dice el informe.
También detalla que las autoridades de Costa Rica detuvieron durante dos meses a las personas expulsadas y les trasmitieron mensajes contradictorios sobre su futuro.
En dos vuelos, Costa Rica aceptó un total de 200 solicitantes de asilo y migrantes expulsados de Estados Unidos, entre ellos 81 niños de edades entre uno y 17 años.
Sus países de origen incluían Afganistán, Angola, Armenia, Azerbaiyán, China, Congo, Georgia, India, Irán, Kazajstán, Nepal, República Democrática del Congo, Rusia, Turquía, Uzbekistán, Vietnam y Yemen.
De esa cifra, 97 personas ya han regresado a sus países de origen en circunstancias que generan dudas sobre si sus decisiones fueron verdaderamente voluntarias. Seis escaparon del centro de migrantes costarricense donde estaban recluidas, y otras 30 personas han solicitado asilo en Costa Rica.
Ninguno de los dos gobiernos ha hecho públicos los detalles del acuerdo de expulsión.
Al anunciar la decisión de aceptar los vuelo, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, declaró que “estamos ayudando al hermano económicamente poderoso del norte (EEUU), a quien si nos ponen un impuesto en zona franca nos friegan”.
Chaves y otros funcionarios costarricenses han afirmado que Estados Unidos está cubriendo los gastos de estadía en Costa Rica de las personas expulsadas.
Costa Rica describió su papel como un “puente” hacia las naciones de origen de las personas deportadas. En febrero, Omer Badilla, viceministro de Gobernación y Policía, dijo que “según la información que nos brinda el gobierno de los Estados Unidos, la gran mayoría tienen un deseo de retornar a sus países de origen”.
Sin embargo, HRW entrevistó a 36 personas en marzo y abril que dijeron que ellos, junto con muchos otros enviados a Costa Rica, se enfrentarían a graves riesgos para sus vidas o su seguridad si fueran devueltos a sus países de origen.
Más de dos meses después de su traslado a Costa Rica, únicamente la mitad de los 200 expulsados de Estados Unidos han regresado a sus países de origen.
Los que han aceptado regresar lo hicieron tras recibir mensajes contradictorios de funcionarios costarricenses sobre sus opciones, todo lo cual plantea dudas sobre si sus decisiones de regresar a sus países de origen fueron realmente voluntarias.
Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP en inglés) separaron a algunas familias durante estas expulsiones.
En un caso, la CBP separó a una familia numerosa de Afganistán, enviando a una mujer a Panamá, manteniendo a su marido y a su hermano de 19 años en Estados Unidos, y expulsando a Costa Rica a la hermana de la mujer, a su cuñado y a su sobrino de 14 meses.
Los funcionarios costarricenses informaron en repetidas ocasiones a las personas que sus únicas opciones eran regresar a sus países de origen o viajar a otro país que les aceptara. El 26 de marzo, los funcionarios costarricenses les presentaron por primera vez la opción de solicitar asilo en Costa Rica.
HRW supo que los funcionarios costarricenses les habían pedido a varias personas expulsadas que hicieran una lista de los países a los que querían trasladarse, lo que generó expectativas de que serían trasladadas rápidamente al país de su elección.
Hasta el 23 de abril, las personas expulsadas permanecían detenidas en el Centro de Atención Temporal de Migrantes, en la provincia de Puntarenas, a unos 300 kilómetros de San José.
El motivo de su detención no era claro: ninguno de los nacionales de terceros países ha sido acusado de un delito, todos entraron a Costa Rica con el permiso del gobierno y han tenido un estatus temporal válido durante toda su estancia.
Los funcionarios de migración costarricenses empezaron a devolverles los pasaportes el 23 de abril y les informaron que podían obtener un permiso humanitario especial que les otorga 90 días para solicitar asilo en Costa Rica o abandonar el país. Ahora pueden circular libremente dentro del país.
Como reparación parcial por los dos meses de detención arbitraria, el gobierno costarricense debería proporcionar de inmediato autorización de trabajo, ayuda para la vivienda, formación laboral, clases de idioma y ayuda para encontrar trabajo a quienes deseen solicitar asilo en el país, según HEW.
“La complicidad en las expulsiones abusivas de Estados Unidos ha dañado la reconocida historia de Costa Rica como un país de acogida para refugiados”, dijo García Bochenek, “pero no es tarde para corregir este error: el gobierno puede y debe ofrecer una reparación significativa”, agregó.
Entre el 20 de enero -cuando asumió la presidencia estadounidense Donald Trump- y el 29 de abril, al menos 142 000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos, muchas de ellas a países distintos de los de su origen, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
Entre los países a los que fueron enviados están los de América Central. En el caso de El Salvador, destacó el envío de al menos 250 venezolanos que fueron recluidos bajo duras condiciones en la temida cárcel de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo.
A-E/HM
