MONTEVIDEO – En el corazón de Estambul, se está produciendo una transformación extraordinaria. Lo que comenzó como protestas estudiantiles tras el arresto por motivos políticos del alcalde de esa ciudad, Ekrem İmamoğlu, se ha convertido en la movilización prodemocrática más importante de Turquía en años.
Las calles que antes latían con la rutina de la vida cotidiana ahora palpitan con la energía de millones que exigen un retorno a la gobernanza democrática.
El momento de la detención de İmamoğlu, el 19 de marzo, apenas un par de semanas después de que anunciara su candidatura presidencial, delató el cálculo político que había detrás de esta acción y su posterior destitución.
Fue el último esfuerzo del presidente Recep Tayyip Erdoğan por utilizar medios judiciales para eliminar a posibles rivales. Pero esta vez, la respuesta lo tomó por sorpresa.
La generación Z es la vanguardia de este movimiento. Los jóvenes que solo han conocido el gobierno cada vez más autoritario de Erdoğan están ahora al frente de la resistencia.
Sus consignas —»Esto es solo el principio» y «La salvación no es individual»— señalan algo más profundo que la oposición política convencional. No buscan solo un cambio de liderazgo, sino una reconstrucción fundamental de las instituciones democráticas de Turquía.
La respuesta del gobierno ha sido predecible, pero reveladora. Las prohibiciones inconstitucionales de las reuniones públicas, la vigilancia mediante reconocimiento facial, la restricción de las redes sociales y las detenciones masivas son pruebas de que el gobierno reconoce la amenaza existencial que suponen estas protestas.
La detención de más de 2000 manifestantes, entre ellos periodistas, y el encarcelamiento de cientos de personas en espera de juicio muestran hasta dónde está dispuesto a llegar Erdoğan para mantener su control sobre el poder.
El declive democrático de Turquía bajo el mandato de Erdoğan es un caso de manual de cómo mueren las democracias.
Los primeros años de gobierno de su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) fueron prometedores, con reformas que se ajustaban a los requisitos de adhesión a la Unión Europea (UE). Pero tras la tercera victoria electoral del AKP en 2011, la máscara empezó a resquebrajarse.
Las protestas de 2013 en el parque Gezi contra el desarrollo urbano marcaron un punto de inflexión cuando la dura respuesta del gobierno reveló su creciente intolerancia hacia la disidencia.
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Tras un fallido intento de golpe de Estado en 2016, Erdoğan aprovechó la oportunidad para declarar el estado de emergencia, purgando a los supuestos opositores en todas las instituciones estatales.
Más de 150 000 funcionarios, académicos, jueces y militares fueron suspendidos o destituidos, mientras que más de 50 000 personas fueron detenidas por cargos de terrorismo con pruebas mínimas.
Un referendo constitucional en 2017 transformó el sistema político de Turquía de parlamentario a presidencial, otorgando a Erdoğan poderes sin precedentes. El poder judicial, que antes controlaba el Poder Ejecutivo, se convirtió en su sirviente.
Los medios de comunicación independientes fueron desmantelados sistemáticamente, y Turquía se convirtió en uno de los principales carceleros de periodistas del mundo.
Las organizaciones de la sociedad civil se enfrentaron al cierre, a la toma de control o al acoso constante.
A lo largo de este retroceso, los estados democráticos han hecho la vista gorda en gran medida.
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La importancia estratégica de Turquía como miembro de la Otan (Organización del Tratado del Atlántico Norte), con las segundas fuerzas armadas más grandes de la alianza, un centro clave de tránsito de energía y un puente entre Europa y Medio Oriente, ha superado las preocupaciones sobre su erosión democrática.
El acuerdo migratorio de la UE, que pagó miles de millones a Turquía para detener los flujos de refugiados hacia Europa, personificó los cínicos tratos que Erdoğan ha podido conseguir.
Pero la impresionante magnitud y la naturaleza sostenida de estas protestas muestran que el pueblo turco no se ha rendido al autoritarismo.
İmamoğlu representa un desafío formidable para Erdoğan. Su victoria en 2019 en Estambul demostró su capacidad para construir amplias coaliciones a través de un electorado polarizado.
El hecho de que el gobierno ordenara repetir las elecciones, solo para que İmamoğlu ganara por un margen aún mayor, reveló tanto la desesperación del régimen como los límites de su manipulación electoral.
Los desafíos económicos refuerzan el argumento de la oposición. Una crisis de inflación y la devaluación de la moneda han erosionado el nivel de vida. El descontento económico, combinado con las restricciones a las libertades básicas, crea un potente catalizador para el cambio.
Sin embargo, siguen existiendo obstáculos importantes.
La oposición sigue luchando contra las divisiones internas y aún no ha presentado una visión alternativa coherente.
Erdoğan controla las principales palancas del poder, incluidos el poder judicial, el aparato de seguridad y gran parte de los medios de comunicación. Su retórica nacionalista y su caracterización de la oposición como conspiradores respaldados por el extranjero resuenan en su base conservadora.
Para los Estados democráticos, el momento actual presenta una elección crítica. Durante demasiado tiempo, los intereses estratégicos han prevalecido sobre los principios democráticos en su compromiso con Turquía.
Esta indiferencia calculada ya no puede justificarse cuando millones de turcos están arriesgando su libertad para defender los mismos valores que los estados democráticos dicen defender.
El valor mostrado por el pueblo turco, especialmente por los jóvenes que están experimentando su despertar político, merece reconocimiento y apoyo. Su lucha nos recuerda que la democracia requiere una vigilancia constante y, cuando es necesario, un valor extraordinario para defenderla.
La pregunta ahora es si la comunidad internacional estará con ellos. La respuesta revelará mucho sobre el estado de la democracia global.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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