NACIONES UNIDAS – Más de 695 000 personas resultaron afectadas en lo que va de año en Colombia, debido a la violencia que les obliga a movilizarse o confinarse, o a desastres de origen natural, señaló un reporte de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha).
Solo en los meses de enero y febrero el número de desplazados fue 462 % más alto que en el mismo período del año anterior, y superó la cifra de desplazamientos registrada durante todo 2024, según el informe.
La situación en la región bañada por el río Catatumbo, noreste fronterizo con el suroeste de Venezuela es considerada crítica por la Ocha, con más de 80 000 personas desplazadas -principalmente hacia las principales ciudades- o confinadas y aisladas, casi inmovilizadas, en zonas rurales.
La razón está en los enfrentamientos entre formaciones armadas irregulares y que rivalizan por el control del territorio -con plantaciones de coca-, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de la desmovilizada guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias d Colombia (Farc).
Ya el 19 de febrero las autoridades militares habían contabilizado 63 muertes en los choques entre el ELN y las disidencias de las Farc, aunque Ocha recibió reportes que dieron cuenta de al menos 80 muertos, incluidos civiles no combatientes.
La violencia con ese complejo origen -prolongación de la lucha armada que asoló al país durante décadas- continúa al punto de que las fuerzas militares dieron cuenta de enfrentamientos, entre el 20 y el 24 de marzo, en los que murieron 13 individuos pertenecientes a diferentes grupos armados en distintos puntos del país.
Ocha considera “crítica” la situación en la región del Catatumbo, por la cantidad de personas (51 888) registradas en los desplazamientos masivos -miles de ellos llegaron a la capital regional, Cúcuta- y las víctimas de confinamiento (8668) para evitar cruzarse en el fuego entre los grupos que contienden.
Más de 32 000 personas encaran serias restricciones a la movilidad y de acceso a bienes y servicios de primera necesidad. La suspensión de clases y el desplazamiento de 500 docentes afecta la escolarización de 47 000 niños, niñas y adolescentes.
Eso aumenta los riesgos de protección, incluyendo los riesgos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados.
En ese contexto, parte de la población refugiada y migrante en el Catatumbo (más de 4000 personas) también ha retornado a Venezuela y otros países de origen, ante el deterioro de la seguridad en el área.
El acceso humanitario de instituciones, organizaciones humanitarias y la misión médica se han afectado en zonas rurales del Catatumbo. Las restricciones impiden no solo la asistencia sino verificar las necesidades en el terreno, lo que sugiere que el número de personas afectadas podría ser aún mayor, según la Ocha.
Además de la crisis en el Catatumbo (departamento de Norte de Santander), entre enero y febrero de 2025 se han registrado emergencias humanitarias en los departamentos occidentales de Chocó, Antioquia, sur de Bolívar, y Córdoba, así como en Arauca (noreste).
En Chocó, 33 % de los municipios, principalmente en la subregión del río San Juan, han sido afectados por confinamientos, restricciones a la movilidad y desplazamientos masivos, resultado de enfrentamientos entre grupos irregulares y la imposición de un paro armado desde el 18 de febrero.
Esa medida restringió la movilidad de 435 000 personas y agravó el confinamiento de 16 800, en su mayoría afrocolombianas e indígenas, quienes también han visto limitado su acceso a bienes esenciales.
En el Cauca, la violencia persiste con enfrentamientos entre los irregulares y la fuerza pública, con más de 3600 personas forzosamente desplazadas.
La protección de la población civil sigue siendo motivo de preocupación para Ocha, y reseña que en 2024 la Defensoría del Pueblo informó sobre un incremento de 20 % en los casos de reclutamiento forzoso, 409 casos frente a 342 en 2023.
Los accidentes con artefactos explosivos aumentaron 89 % respecto al año anterior, y junto con los enfrentamientos se suceden en varias regiones del país los bloqueos de vías, retenes ilegales, hostigamientos e incursiones armadas.
Finalmente, el reporte de Ocha da cuenta de que el volcán Puracé, en el sudoccidental departamento de Cauca, fue declarado en alerta naranja debido a un incremento significativo en su actividad sísmica y emisiones de gases indicando la posibilidad de una erupción.
Desde el 19 de enero al menos 18 000 personas (4.600 familias) indígenas del pueblo kokonuko y campesinos de los municipios de Puracé y Sotará (Cauca) reportaron caída de ceniza y olores a azufre.
La dispersión de ceniza generó afectaciones en los medios de vida de la población como pérdidas parciales y totales en los cultivos, daños significativos a la ganadería, y las fuentes hídricas también se han visto contaminadas.
En paralelo, el aumento de las precipitaciones en el extremo suroeste del país generó desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierras que afectaron a unas 20 000 personas (5700 familias).
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