QUILACO, Chile – Fernanda Purrán creció junto al río Biobío en el centro de Chile, que era “parte de nuestra familia”. Pero la llegada de la energía hidroeléctrica a la región en la década de los 90 destruyó esa relación. Dice que, desde entonces, el nivel de las aguas en las que nadaban podía subir en cualquier momento, sin avisar cuándo se abrirían las compuertas de una represa.
“Han sido años de incertidumbre y mucho dolor, mucha angustia”, asegura.
Ahora, otra central hidroeléctrica se vislumbra en el horizonte del Biobío. El proyecto Rucalhue está ubicado a menos de un kilómetro del pueblo homónimo y a 10 kilómetros de las comunas (municipios) de Santa Bárbara y Quilaco.
El proyecto contempla la construcción de una central eléctrica y un embalse. El volumen de este último será de más de siete millones de metros cúbicos, creados mediante la inundación de 139 hectáreas de terreno.
El proyecto de 90 megavatios (MW) se convertiría en la quinta central hidroeléctrica del Biobío, uno de los principales ríos de Chile, y se sumaría a las centrales de Ralco (689MW), Pangue (466MW), Angostura (323MW) y Palmucho (34MW).
Aunque la planta de Rucalhue obtuvo una resolución de calificación ambiental mayoritariamente favorable en 2016, hasta ahora no había conseguido el permiso de construcción. Esto se debe a que dentro de la zona de obras se encuentran dos especies vegetales protegidas, el arbusto guindo santo (Eucryphia glutinosa) y el naranjillo (Citronella mucronata).
En octubre de 2023, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) clasificó la nueva central hidroeléctrica como de “interés nacional”. Un año después, la Conaf aprobó los planes de manejo del proyecto, lo que constituyó el último obstáculo. Ahora pueden comenzar las obras de construcción, que incluyen la remoción de arbustos de guindo santo y naranjillos, así como la alteración de los ecosistemas asociados.
El proyecto, de 240 millones de dólares, está a cargo de Rucalhue Energía, empresa chilena propiedad de China International Water and Electric Corporation (CWE). Filial de la China Three Gorges Corporation, se trata del primer proyecto en Chile de la empresa que construyó en el país asiático Las Tres Gargantas, la mayor central hidroeléctrica del mundo.
La planta se incorpora al Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío del gobierno, que se puso en marcha en respuesta al cierre de Huachipato en septiembre de 2024. Huachipato, que fue la mayor planta siderúrgica de Chile, convirtió la ciudad costera de Talcahuano en uno de los principales centros industriales de la región del Biobío.
Actualmente, 13 centrales hidroeléctricas operan en la cuenca del Biobío, la mayoría construidas en la década de los 90. La cuenca se extiende a lo largo de unos 380 kilómetros y la zona genera alrededor de 38 % de la energía hidroeléctrica de Chile.
Estas centrales se han enfrentado durante mucho tiempo a la resistencia de las comunidades que viven en la zona, incluidos los pueblos indígenas, que afirman que han destruido tanto los ecosistemas locales como el tejido social de la zona. Los habitantes de la comuna de Alto Biobío fueron desplazados por la cercana represa de Ralco a principios de la década de 2000.
“La gente que fue reubicada de Ralco, y trasladada más río abajo, ya no tiene comunicación con la gente que vive en Alto Biobío”, afirma Castro Purrán. “Es como si hubieran formado sus propias comunidades: viven en sus propios espacios y actúan individual y silenciosamente”, añade.
Según Juan Pablo Boisier, investigador del Centro de Investigación en Clima y Resiliencia (CR2) de la Universidad de Chile, estas centrales hidroeléctricas no solo son importantes para la generación de electricidad renovable, sino también para el abastecimiento de agua. Sin embargo, reconoce los impactos ambientales y sociales asociados a las modificaciones paisajísticas necesarias.
Participación ciudadana y consulta previa
Las principales críticas de la comunidad local al proyecto Rucalhue han sido la falta de participación ciudadana y la no realización de una consulta exhaustiva a los indígenas.
Según Javier Arroyo, abogado y miembro del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), esto constituye un incumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por Chile.
Entre ellos, están el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ―la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas― así como el Acuerdo de Escazú, tratado ambiental latinoamericano que consagra los derechos a la información y la justicia ambiental, del que Chile es parte.
Se realizó una consulta indígena, que concluyó en 2016, pero el proceso fue acusado de estar viciado y manipulado para favorecer el proyecto, por lo que organizaciones sociales y ambientales pidieron una nueva consulta.
Desde entonces, el guindo santo y el naranjillo, ambos clasificados como “vulnerables”, están protegidos por una ley de 2023 que exige una autorización especial del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas para su tala.
La Conaf solicitó al Ministerio de Desarrollo Social que se pronunciara sobre la necesidad de una nueva consulta, pero por razones que se desconocen, esto no ocurrió. Finalmente, la Conaf decidió autorizar el proyecto.
“En este proceso ocurrieron dos negligencias”, dice Arroyo.
“La primera es que la Conaf entregó la declaratoria de interés nacional, sin tener siquiera el informe por parte del Ministerio de Desarrollo Social respecto a si es que era necesario hacer o no la consulta indígena. Y lo segundo es la tardanza profunda por parte del Ministerio de Desarrollo Social respecto a pronunciarse sobre la eventual consulta indígena y también su nula consideración [a la consulta] hasta el día de hoy”, detalla.
Dialogue Earth habló con Bernardo Reyes, presidente de la ONG Ética en los Bosques, sobre estos descuidos. “La falta de transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el proyecto es inaceptable”, afirma el activista.
El plan de gestión de Rucalhue
Portavoces de Conaf afirman a Dialogue Earth que el plan de gestión aprobado para la represa “cumplía con todos los requisitos técnicos y legales [necesarios] para ser tramitado”. Destacan sus medidas compensatorias, como la rehabilitación de pastizales con especies nativas (incluyendo naranjillo y guindo santo) y la restauración de ecosistemas degradados.
Dialogue Earth se puso en contacto con Rucalhue Energía, pero no obtuvo respuesta. En su página web, la empresa afirma que “intervendrá” 392 naranjillos y 139 guindos santos (los talará), pero que también plantará 1.334 y 545 respectivamente. También afirma que se plantarán 43.268 “especies acompañantes”.
Además, Poo criticó la figura de interés nacional del proyecto: “Se presta para abusos, cualquier cosa puede ser entendida como de interés nacional. No tenemos un problema de generación de energía para que declaren esto como tal. Estamos hipotecando el futuro de los ecosistemas y de las próximas generaciones”.
Resiliencia comunitaria
Algunos pobladores han intentado detener el proyecto, obstruyendo e incluso habitando las riberas asociadas para impedir la tala y el paso de maquinaria pesada. Alegan violencia y ausencia de esfuerzos por parte de la empresa para crear espacios de diálogo.
“Un grupo estuvo cinco meses en el lugar donde ahora está la empresa trabajando, evitando que realizaran su primera construcción. La respuesta [policial] fue desalojarlos con la policía de forma violenta. Lo mismo se repitió más adelante, con compañeros y compañeras heridas”, afirma Purrán.
La actuación de la empresa genera múltiples impactos que van más allá de la construcción de la represa, afirma Reyes: “No estamos hablando solamente de impacto económico o ambiental, se están afectando también las múltiples culturas de la zona. Hay una profunda conflictividad con el proyecto, con falta de transparencia, tala de especias nativas, falta de participación y fragmentación de comunidades”.
La construcción del proyecto hidroeléctrico Rucalhue está en marcha y se espera que esté terminado en tres años. Mientras tanto, las comunidades locales afectadas, ahora más cansadas y menos unidas, tienen que convivir una vez más con un proyecto hidroeléctrico en el río Biobío.
Purrán afirma que muchos de los afectados ya no tienen fuerza para actuar. “Dicen: ‘hagan lo que quieran, por favor déjennos en paz y no nos molesten’. Hemos escuchado esa respuesta… también hay otras personas que se han opuesto, pero son minoría”.
Este artículo se publicó originalmente en Dialogue Earth.
RV: EG
