WASHINGTON – La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó medidas que transferirán a niños al sistema penitenciario de adultos del país, exponiéndolos a un mayor riesgo de abuso y violando los estándares internacionales de justicia juvenil, denunció este lunes 24 la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).
Juanita Goebertus, directora para América de HRW, dijo que “los cambios legislativos colocan a los niños bajo la autoridad de la administración penitenciaria para adultos de El Salvador, que ha sido responsable de torturas y otros abusos graves”.
“El traslado de niños a centros de detención diseñados y operados para adultos, incluso si se los ubica en áreas nominalmente separadas, es una regresión masiva para los derechos de los niños”, puntualizó Goebertus.
El pasado 13 de febrero el presidente Nayib Bukele firmó el proyecto de ley impulsado por sus partidarios en el parlamento que ordena el traslado de niños detenidos por “delitos de delincuencia organizada” a pabellones separados en cárceles de adultos a cargo de la Dirección General de Centros Penales.
En su informe de julio de 2024 “’Tu hijo no existe aquí’: Abusos de derechos humanos contra niños y niñas bajo el ‘estado de excepción’ en El Salvador”, HRW documentó violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas y graves violaciones del debido proceso contra niños y niñas de hasta 12 años.
Más de 3000 niños han sido detenidos desde marzo de 2022, muchos de ellos sin vínculos aparentes con organizaciones criminales. Muchas detenciones “parecen basarse únicamente en denuncias anónimas o suposiciones basadas en la apariencia del niño”, según la denuncia de HRW.
Agentes de policía dijeron a HRW que los presionaban para detener a una cierta cantidad de personas por día para cumplir con las cuotas de arrestos. Varios niños detenidos y sus familias habían enfrentado anteriormente la violencia de pandillas, incluidos intentos de reclutamiento forzado y amenazas de muerte.
Hasta febrero del año pasado, 1065 niños habían sido condenados por delitos, en muchos casos por el delito generalizado de “asociación ilícita”. HRW encontró que en muchos casos los fiscales utilizaron pruebas poco fiables o no corroboradas y obligaron a los niños a declararse culpables de delitos que dicen no haber cometido.
“Si bien los niños en los centros de detención juvenil han enfrentado abusos horribles, las condiciones y los abusos en las cárceles de adultos son aún peores y los niños nunca deberían ser transferidos allí”, dijo Goebertus.
Según HRW, los detenidos en cárceles para adultos están aislados del mundo exterior y privados de todo recurso jurídico significativo. Muchos sufren hacinamiento extremo, tortura y violencia, y tienen un acceso muy limitado a servicios básicos como alimentos, agua y atención médica.
Grupos locales de derechos humanos informan que 368 personas han muerto en las cárceles de El Salvador desde que el presidente Bukele declaró el estado de emergencia en marzo de 2022. Fotos y testimonios identificados por HRW y expertos forenses apuntan a un papel del gobierno en varias muertes.
Las últimas modificaciones de la justicia juvenil se producen tras los cambios de marzo de 2022 a la Ley Penal Juvenil que establecían penas de prisión de hasta 10 años para los niños de 12 a 15 años por “asociación con pandillas” y de hasta 20 años para los de 16 a 18 años.
Esos cambios “son incompatibles con las directrices del Comité de los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas, que recomienda que los países no reduzcan la edad mínima de responsabilidad penal bajo ninguna circunstancia e insta a elevarla al menos a 14 años”, recuerda el texto de HRW.
Recuerda que la Ley Penal Juvenil ya había garantizado importantes garantías procesales y alternativas al procesamiento tradicional, incluidos programas de conciliación y desvío, y priorizaba las medidas educativas y restaurativas no privativas de la libertad. La detención solo era una medida de último recurso.
La ley exigía que los menores detenidos fueran internados únicamente en “centros de confinamiento” especializados para menores, distintos de los centros para adultos, con mayor separación por edad, sexo y situación legal.
Incluso establecía “centros intermedios” especiales para jóvenes de entre 18 y 21 años, reconociendo las necesidades únicas de este grupo de edad.
Las normas internacionales sobre justicia juvenil exigen que los niños en conflicto con la ley sean detenidos solo como último recurso, recuerda HRW.
Cuando se detiene a niños, nunca se los debe mantener en prisiones para adultos debido a la “abundante evidencia” de que hacerlo “pone en peligro su salud y seguridad básica y su futura capacidad de permanecer libres de delitos y de reintegrarse”, indica el documento de la organización.
Además, la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte, y otros tratados de derechos humanos, obligan a los Estados a promover la rehabilitación y la reintegración de los jóvenes infractores.
El 13 de febrero, el CDN, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas dijeron que los cambios en la ley de El Salvador “representan un retroceso significativo”.
“Colocar a los niños en cárceles de adultos sólo empeorará su exposición al abuso y socavará sus posibilidades de rehabilitación”, dijo finalmente Goebertus.
A-E/HM
