NACIONES UNIDAS – La agenda de derechos humanos de la ONU corre el riesgo de tambalearse, ya que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), con sede en Ginebra, tiene previsto «reestructurar» esa dependencia, bajo el nombre de Acnudh 2.0.
De llevarse a cabo esa propuesta, supondría la abolición de la Subdivisión de Procedimientos Especiales, establecida por el Consejo de Derechos Humanos (CDH), para informar y asesorar sobre los derechos humanos desde perspectivas temáticas y específicas de cada país.
La cuestión sigue siendo si el CDH dará o no su bendición a la reestructuración planteada. En la actualidad, existen más de 46 mandatos temáticos y 14 mandatos específicos para cada país.
Los relatores especiales (también denominados «expertos independientes de la ONU en derechos humanos») abarcan una amplia gama de cuestiones temáticas.
Entre ellas, destacan investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, racismo y xenofobia, derechos humanos en los territorios palestinos, derecho a la libertad de opinión y expresión, derechos de los pueblos indígenas, violencia contra la mujer, derechos humanos de los migrantes, entre otros.
Ian Richards, economista de ONU Comercio y Desarrollo (Unctad), también con su sede en Ginebra, dijo a IPS que el personal de la Subdivisión de Procedimientos Especiales desempeña un papel esencial en el apoyo a la labor de los relatores especiales.
El también expresidente del Comité de Coordinación de Sindicatos y Asociaciones Internacionales de Personal, recordó que que el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan (1997-2006), describió su trabajo como la joya de la corona del sistema de derechos humanos de la ONU.
«Sabemos que algunos de sus trabajos recientes han generado rechazo. Existe la creencia de que están siendo penalizados por ello», dijo Richards.
Recordó que el turco Volker Türk, el actual alto comisionado de Derechos Humanos, «no ha aceptado reunirse con el sindicato del personal para discutir esto, lo cual es inusual. Esperamos que cambie de opinión».
Algunos de los relatores especiales han criticado con vehemencia a los Estados miembros, incluido Israel, por los cargos de crímenes de guerra en Gaza, y también a países de Medio Oriente y el sudeste asiático, como Singapur y Arabia Saudí, por seguir aplicando la pena de muerte.
En un comunicado este mismo mes de febrero, dos relatores especiales dijeron que Singapur debe detener urgentemente la ejecución del ciudadano malasio Pannir Selvam Pranthaman por tráfico de drogas.
«Hemos pedido repetidamente a Singapur que detenga las ejecuciones por delitos de drogas que son ilegales según el derecho internacional de los derechos humanos por varios motivos», dijeron los expertos.
Añadieron que «reiteramos que, según el derecho internacional, solo los delitos de extrema gravedad que implican un asesinato intencionado alcanzan el umbral para la pena de muerte».
«Las condenas a muerte obligatorias son intrínsecamente excesivas e infringen inevitablemente la legislación sobre derechos humanos», insistieron. «No hay pruebas de que la pena de muerte haga más que cualquier otro castigo para frenar o prevenir el tráfico de drogas», advirtieron.
Los relatores especiales consideraron que la tasa de notificaciones de ejecución por delitos relacionados con las drogas en Singapur era «altamente alarmante». Señalaron que ocho personas ya han sido ejecutadas por estos cargos desde el 1 de octubre de 2024, un período de solo cuatro meses y medio.
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En un diálogo extraoficial, una fuente de la ONU dijo a IPS que el personal de la Subdivisión de Procedimientos Especiales teme que la «reestructuración» se esté llevando a cabo para reducir la eficacia y la voz de los relatores especiales.
En ese sentido, reconoció, la negativa del alto comisionado a consultar con el sindicato puede ser una prueba de ello.
También recordó que «los relatores especiales, y uno en particular, se han pronunciado sobre la cuestión de Gaza, lo que ha generado quejas de varios Estados miembros ante el alto Comisionado».
«Para aspirar a un segundo mandato, necesita su apoyo», remarcó la fuente.
Según la ONU, los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actúa como Secretaría de los Procedimientos Especiales, pero los relatores especiales y otros expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidos Acnudh y las demás estructuras de la ONU.
Cualquier punto de vista u opinión presentada es únicamente del autor o autores y no representa necesariamente la de la ONU o la Acnudh.
Sus observaciones y recomendaciones específicas sobre cada país por parte de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluidos los procedimientos especiales, los órganos de tratados y el Examen Periódico Universal, se pueden encontrar en el Índice Universal de Derechos Humanos.
La Acnudh se financia con el presupuesto ordinario de la ONU y contribuciones voluntarias.
Pero los relatores especiales de la ONU no reciben un salario de las Naciones Unidas. Reciben financiación principalmente a través del apoyo logístico y de personal de la Oficina del Alto Comisionado.
A menudo también reciben financiación adicional de fundaciones privadas y oenegés como la Fundación Ford y Open Society Foundations, lo que puede plantear preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses debido a la fuente de financiación.
Los procedimientos especiales abarcan todos los derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así como cuestiones relacionadas con grupos específicos.
Los titulares de mandatos de los procedimientos especiales son, según la ONU, una persona (llamada relator especial (RE) o experto independiente (EI)) o un grupo de trabajo (GT) de cinco miembros.
Como parte de sus mandatos, los procedimientos especiales examinan, asesoran e informan públicamente sobre cuestiones y situaciones de derechos humanos.
También realizan estudios temáticos y convocan consultas de expertos, contribuyen al desarrollo de normas internacionales de derechos humanos, participan en actividades de promoción y asesoran en materia de cooperación técnica.
Por invitación de los gobiernos, visitan determinados países o territorios para supervisar la situación sobre el terreno y emiten informes al respecto.
Los procedimientos especiales también actúan en casos individuales y preocupaciones de carácter más amplio y estructural enviando comunicaciones a los Estados y otras entidades en las que señalan a su atención presuntas violaciones o abusos.
Por último, conciencian a la opinión pública sobre un tema específico a través de comunicados de prensa u otras declaraciones públicas. Los procedimientos especiales informan anualmente al Consejo de Derechos Humanos y en la mayoría de los mandatos también informan anualmente a la Asamblea General de la ONU.
En 2024, Acnudh recibió un total de 268,9 millones de dólares en contribuciones voluntarias. Como en años anteriores, la inmensa mayoría de las contribuciones voluntarias procedieron de Estados miembros y organizaciones internacionales, entre ellas la Comisión Europea y socios de la ONU.
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