LIMA – “Desde que ocurrió el derrame de petróleo hace tres años yo no he vuelto a pescar, aquí se dañó el banco natural de nuestro fondo marino”, se lamenta Miguel Ángel Núñez, un peruano que nació entre las montañas del andino departamento de Ayacucho, pero encontró en el mar su medio de subsistencia.
IPS acompañó a Núñez, presidente de la Asociación de Pescadores, Fundadores, Armadores y Estibadores Artesanales de Bahía Blanca (Aspefaea), en un recorrido por la playa Cavero en la ciudad costera de Ventanilla, a 34 kilómetros al noreste de Lima, donde el 15 de enero del 2022 se produjo un grave derrame de petróleo.
Aquel día, mientras un buque petrolero descargaba en la refinería La Pampilla, administrada por la empresa española Repsol, se derramaron cerca de 12 000 barriles (159 litros) del crudo.
Una misión de expertos de Naciones Unidas llegó a Perú, evaluó la situación y reportó que se afectaron 1400 hectáreas de mar y tierra y otras 500 de áreas naturales, hábitat de la fauna marina.
Ventanilla, ubicada en la provincia Constitucional del Callao, cuenta con algo más de 400 000 habitantes provenientes, en gran parte, de diferentes localidades del país. La pobreza les afecta en más de 40 %, diez puntos porcentuales sobre el promedio nacional en este país sudamericano con una población de 34 millones de personas.
“Esto para nosotros ha sido un ecocidio ambiental, se morían los peces, las aves, los lobos marinos. Hasta ahora cada vez que hay oleajes anómalos, el hidrocarburo aflora a la superficie como una capa oleosa y la corriente lo vara en la orilla, así no se puede pescar”: Luis Alberto Garrido.
A las pocas horas del desastre, las corrientes marinas arrastraron el crudo hacia otras cuatro jurisdicciones, entre ellas Ancón, vecina de Ventanilla, donde también la pesca artesanal es una importante actividad económica, en una urbe que en verano florece con la llegada de turistas en busca de playas, paseos por el mar y pescado fresco.
Sin embargo, la dinámica de este municipio balneario se truncó abruptamente con el derrame y las actividades quedaron paralizadas. “Ver el mar lleno de petróleo es algo indescriptible”, rememoró Luis Alberto Garrido, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (Apescaa).
Un ecocidio ambiental
En diálogo telefónico con IPS desde la ciudad norcostera de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque, donde se encuentra por razones de salud, reveló que ese 15 de enero del 2022 fue la última vez que salió a pescar. “Ya no he vuelto. He tenido que vender mi embarcación y mis redes para poder subsistir”, dijo.
Garrido se inició en la pesca de la mano de su padre a los 8 años, en el mar de Ancón, y se mantuvo en esa actividad hasta los 66. Hoy, con 69 años, siente que su vida cambió totalmente, pero mantiene su identidad: “yo soy redero”, un pescador con redes.
Recordó que antes del derrame podían abastecerse de la rica biodiversidad marina que se desarrolla dentro de las tres millas en que faenaban. Obtenían pejerrey (Odontesthes bonariensis), lorna (Scianea deliciosa), liza, corvina, pintadilla (Cheilodactylidae variegatus), tramboyo (Labrisomus philippii), entre otras especies.
“Los que se dedican a la pinta, o sea a pescar con cordel y anzuelo, los que son buzos y los rederos, que tienen embarcaciones, todos podíamos sostener a nuestras familias”, rememoró.
La realidad actual es muy otra. “Esto para nosotros ha sido un ecocidio ambiental, se morían los peces, las aves, los lobos marinos. Hasta ahora cada vez que hay oleajes anómalos, el hidrocarburo aflora a la superficie como una capa oleosa y la corriente lo vara en la orilla, así no se puede pescar”, denunció.
La mayoría de los 1000 integrantes de la asociación han migrado a otras actividades como la construcción para poder subsistir. “Pero quienes son de edad avanzada la están pasando muy mal, lo único que saben hacer es pescar y no tienen oportunidades de un nuevo empleo, su situación es muy complicada”, indicó Garrido.
El dirigente criticó a la empresa Repsol por no asumir la responsabilidad por lo ocurrido y dilatar sus reclamos ante la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo y la salud. Y también se quejó del Estado, que «se puso de lado» en la crisis.
“No se han identificado con nuestra problemática, el Estado es un cero a la izquierda, con decir que hasta ahora el Ministerio de Energía y Minas no termina de evaluar el plan de rehabilitación presentado por Repsol en octubre del 2023”, deploró.
No hay justicia ambiental
Wendy Ancieta, coordinadora jurídica del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la no gubernamental Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), sostuvo que es preocupante, que a tres años del derrame no se haya logrado lo que es justicia ambiental. La institución viene acompañando el caso desde el inicio.
Cuestionó que muchos de los 18 procedimientos administrativos sancionadores de Repsol no estén culminados y que apenas cinco tengan decisión final a nivel administrativo. La vía judicial está aún más lejos.
En declaraciones a IPS en la sede de SPDA en Lima, también refirió que el Ministerio de Energía y Minas no ha culminado la evaluación de ninguno de los planes de rehabilitación, no se sabe si han sido aprobados o no y por tanto es nula una posible implementación.
Agregó que la debilidad del Estado en materia de justicia ambiental es sistemática, que no se trata de un problema regulatorio pues se cuenta con amplia normativa e institucionalidad, sino de voluntad política.
Por ejemplo, citó, para corregir vacíos en cuanto a la especialización de quienes administran justicia, a la transparencia en los informes del Estado, a la educación ambiental y al presupuesto.
“Los temas ambientales se nutren de aspectos técnicos. No se puede prescindir de peritajes, exámenes de laboratorio, incluso compartir cierto conocimiento o técnicas fuera de nuestro país”, remarcó Ancieta. A ello sumó el problema de la corrupción que, dijo, “lamentablemente no se supera con normas”.
La especialista consideró que si el Estado peruano hubiera ratificado ya el Acuerdo de Escazú para la justicia y la defensa ambiental en América Latina y el Caribe, suscrito en 2018 y vigente desde 2021, se tendría mayores garantías para el respeto a los derechos ambientales, pero que no hay voluntad política en el gobierno para impulsarlo.
Esa realidad, dijo, se refleja también en la falta de interés por aplicar las lecciones aprendidas de otros derrames petroleros en el Perú para prevenirlos, por ejemplo, fortaleciendo la fiscalización de las empresas.
Paisaje alterado
Núnez, el presidente de Aspefaea, de 55 años, cuenta a IPS que dejó su natal Ayacucho para buscar mejores oportunidades en Lima. Tras realizar diversas actividades se fue a los arenales de Pachacútec, en Ventanilla, a finales de los años 90 junto con su esposa y sus cinco hijos, al que se sumaría un sexto ya junto al mar.
Todos salían a pescar a la playa de Cavero, rodeada de formaciones rocosas de diverso tamaño, provistos de anzuelo e hilo. Con la práctica llegó a cosechar hasta 10 kilos diarios de pescado que no solo surtía su mesa familiar, sino que podía vender y generar ingresos a la familia.
Ese paisaje cambió con el derrame. La arena sigue oscura y si se introduce las manos en ella quedan rastros oleosos. De los 240 integrantes de su asociación, cerca de 150 recibieron las compensaciones entregadas por Repsol estimadas en promedio en el equivalente a unos 24 000 dólares, distribuidos en 36 meses a algo más de 600 dólares.
“Yo no acepté porque no compensa las pérdidas que hemos tenido, es indignante el comportamiento de Repsol, pero no juzgo a mis compañeros”, comentó.
Repsol, en su página web, informó que tras tres años del derrame ha cumplido con la remediación en las playas y la compensación a los afectados, en una afirmación que no comparten los dirigentes pesqueros consultados por IPS.
La compañía petrolera asegura que la compensación benefició a 10 500 personas incluidas en el Padrón Único de Afectados, elaborado por el gobierno, y que incluyó a perjudicados de otras actividades, como hotelería, turismo y gastronomía.
Pero no se sumó a todos los pescadores por razones diversas como, por ejemplo, no pertenecer a una organización o gremio reconocido.
Núñez refirió que la mayoría de asociados dejó la pesca y se dedica a conducir mototaxis (transporte de pasajeros en motocicletas) o a labores de construcción. “No pescamos porque está el temor de contaminarnos, además de que los peces han disminuido”, añadió.
Mientras sigue con su lucha como pescador, comenzó a establecer como emprendimiento familiar una granja porcina, dentro del amplio terreno que tiene en Pachacútec, en las arenas periféricas de Ventanilla pobladas por migrantes procedentes de diferentes partes del país.
La familia también se adentra en el piscicultivo de tilapia, un pez generalmente de agua dulce. Y confía en hacer realidad su proyecto soñado de maricultura, cultivar el mar sembrando algas. “Así no solo le extraemos al mar su riqueza, sino que la sembramos”, anticipó este pescador forzado a reinventarse por el vertido petrolero de Repsol.
ED: EG
