GINEBRA – Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas reclamaron que El Salvador todavía tiene pendientes temas de justicia e impunidad, 33 años después de que un acuerdo de paz puso fin a una larga década de guerra civil entre las guerrillas de izquierda y las fuerzas del Estado.
“El aniversario del Acuerdo es un importante recordatorio del daño sufrido por la sociedad salvadoreña, agravado por décadas de impunidad y reparaciones insuficientes, y de la necesidad de abordarlo adecuadamente a través de un proceso holístico de justicia transicional”, dijeron los expertos.
El 16 de enero de 2025 se cumplen 33 años de la firma de los acuerdos en el castillo de Chapultepec, en la capital de México, que pusieron fin al conflicto armado (1980-1992) en el país centroamericano, recordó la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
La guerra civil siguió a una década de alta tensión social y política en los años 70 del siglo pasado, y confrontó, en el contexto de la Guerra Fría, al ejército y grupos paramilitares con la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (Fmln), devenido en partido político tras firmarse la paz.
Más de 75 000 personas -en ese país de 21 000 kilómetros cuadrados y seis millones de habitantes- fueron torturadas, ejecutadas extrajudicialmente o desaparecieron por la fuerza, según estableció una Comisión de la Verdad que fue respaldada por las Naciones Unidas.
Los expertos, que trabajan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero son independientes, reconocieron que los acuerdos “dieron lugar a una serie de reformas institucionales encaminadas a poner en marcha un proceso de paz sustentado en el Estado de derecho”.
Sin embargo “hoy persisten los efectos de la incompleta implementación del proceso de justicia transicional, incluyendo la ausencia de políticas efectivas de búsqueda e investigación penal de personas desaparecidas, obstáculos en el acceso a archivos militares e insuficientes procesos de reparación y memoria histórica”.
Además, se mantiene “el continuo estrechamiento del espacio cívico que afecta a periodistas, víctimas y organizaciones de la sociedad civil”, lo que alude a las políticas de seguridad y el estado de excepción que imperan bajo la actual presidencia de Nayib Bukele, en el poder desde 2019.
Hasta la llegada al poder de Bukele con su agrupación Nuevas Ideas, gobernaron El Salvador tras los acuerdos de paz, sucesivamente, el partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Fmln.
En 1993 se dictó una amplia Ley de Amnistía sobre los delitos cometidos con ocasión del conflicto -exceptuándose hechos particularmente graves-, pero en 2016 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
“Ocho años después, la adopción de un marco normativo de justicia transicional que garantice el acceso a la justicia, la información y la reparación integral a las víctimas del conflicto sigue pendiente, pese a las propuestas de las víctimas y la sociedad civil”, apuntaron los expertos de la ONU en su declaración.
Recordaron un informe del ex relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, con un diagnóstico sobre medidas adoptadas y pendientes ya en 2020.
El informe examinaba “los avances y las preocupantes deficiencias” de la agenda de justicia transicional, y propuso una hoja de ruta para el país, con el apoyo de la comunidad internacional, recordaron los expertos.
“Sin embargo, la gran mayoría de estas recomendaciones no se han aplicado”, así como las efectuadas por el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias tras sus visitas al país.
“En el aniversario del Acuerdo, invitamos a las instituciones pertinentes a reactivar esta agenda con miras a resolver las violaciones cometidas durante el conflicto armado y los problemas contemporáneos derivados de él”, dice la declaración
Afirma que “es inaceptable que los responsables de tantos crímenes del pasado reciente, incluidas al menos 200 masacres de civiles, permanezcan impunes”.
“La adopción de enfoques integrales de justicia transicional, centrados en las víctimas y anclados en los desafíos pasados y presentes, ofrecen la mejor oportunidad para reparar a las víctimas y lograr la reconciliación, la paz y el desarrollo sostenibles”, dijeron los expertos.
En esa dirección apoyaron los esfuerzos realizados en los casos de la “Masacre de los jesuitas” y la reciente decisión de abrir a juicio el caso de la ejecución de cuatro periodistas neerlandeses.
Un juez reabrió el pasado noviembre el caso de la matanza de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en los jardines de la Universidad Centroamericana en 1989 y ordenó someter a juicio a 11 acusados de ser autores intelectuales, incluido el ex presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), firmante de los Acuerdos de Chapultepec.
El año pasado también se reabrió el caso de los cuatro periodistas de la televisión pública de Países Bajos que resultaron muertos en una emboscada en 1982, y un juez procesa a un ex ministro de Defensa, Guillermo García, y dos mandos militares.
Para los expertos de la ONU “todavía queda mucho por hacer, en cooperación con la sociedad civil y las víctimas. La hoja de ruta ya está diseñada y nuestros mandatos están dispuestos a acompañar los esfuerzos para su implementación”.
Los expertos firmantes son Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y Morris Tidball-Binz, relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Asimismo, Gabriella Citroni, presidenta, Grażyna Baranowska, vicepresidenta, y Aua Baldé, Ana Lorena Delgadillo Pérez y Mohammed Al-Obaidi, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
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