SAN LORENZO, Perú – El apu (autoridad indígena) quechua Aurelio Chino Dahua vive en la comunidad indígena de Loboyacu, ubicada en el distrito y cuenca del Pastaza, en el departamento de Loreto.
Su hogar y el de muchos otros lugareños está dentro del área de impacto del Lote petrolero 192 (ex1AB), el cual ha causado daños ambientales desde hace más de 50 años. Las viviendas de la comunidad usan energía producida por motores que funcionan con combustibles como la gasolina y otros derivados del petróleo.
A varios kilómetros de la comunidad de Loboyacu se encuentra el distrito de San Lorenzo, en donde hace un año se inauguró una central fotovoltaica que abastece a sus habitantes de energía eléctrica ininterrumpida.
El Gobierno Regional de Loreto calificó esta obra como un “hito histórico” como parte de una “transición” hacia energías más limpias en la región. Una realidad que contrasta con la dependencia del petróleo de las comunidades indígenas de la cuenca del Pastaza que se encuentran a más de 24 horas de esta central que costó más de 44 millones de dólares.
“Desconozco del proyecto de la planta de electrificación. Si usted no me decía no sabía. Nunca el gobernador regional va a los representantes de los pueblos originarios para explicar detalladamente sobre esta planta de energía”, indica el apu Aurelio.
“Antes las resinas de la leche caspi eran nuestra ‘electricidad’, los ancestros solamente utilizaban esa luz en la noche para comer y cazar. Durante el día no se necesitaba electricidad, para nada, por eso es que años atrás no se contaminaba el ambiente”, explica el dirigente quechua de Fediquep, una organización que representa a 20 comunidades de la cuenca del río Pastaza, 15 de ellas ubicadas en el distrito de Andoas y cinco en el distrito de Pastaza.
El líder indígena es una de las voces amazónicas que viene impulsando demandas por remediación ambiental en sus territorios, que han vivido más de 50 años de la explotación petrolera y cauchera, bajo la idea de un “desarrollo” económico en sus comunidades, que hasta ahora no se traduce en mejoras de vida para su pueblo.
Una región contaminada por combustibles fósiles
El apu Aurelio nació en Loreto, una región amazónica donde se unen los ríos Marañón y Ucayali. Es allí donde nace el cauce del río Amazonas, y donde existe el mayor número de etnias y lenguas indígenas. La primera vez que en esta zona se habló de “desarrollo” fue en el siglo XIX con el boom del caucho que trajo consigo la esclavitud de cientos de indígenas.
Después, llegó la explotación petrolera en la década de los 70, cuando inició la actividad en el Lote 8 y 192 (antes Lote 1AB), ubicados en las cuencas del Corrientes, Tigre, Marañón (Provincia de Loreto-Nauta) y Pastaza (Actual Provincia de Datem del Marañón).
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Loreto es el departamento con mayor producción de petróleo en el Perú, después de Piura. Solo en el 2020, Loreto produjo 8 571 000 barriles de petróleo, representando 28,6 % del total nacional. La explotación de hidrocarburos, por sí sola, es 16,8 % del producto interno bruto (PIB) regional de Loreto, siendo su principal actividad económica.
Por estos lotes han pasado diferentes empresas petroleras como la estatal Petroperú y también internacionales como Occidental Petroleum Company (OXY) de Estados Unidos, Pluspetrol fundada en Argentina y Perenco con presencia en Francia y en el Reino Unido. Todas estas compañías han dejado una gran huella contaminante de crudo.
Según el último informe “La sombra de los hidrocarburos”, publicado en el 2024 por el Grupo de Trabajo de Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), desde que el Estado peruano comenzó a registrar de manera oficial las emergencias ambientales que se producen en el sector hidrocarburos en 1997, a través del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), se han contabilizado 1462 contingencias hasta mayo del 2023.
De ellas, 1460 corresponden a derrames y fugas. Solo Loreto concentra la mayor cantidad de derrames con 707 eventos.
Pluspetrol es la petrolera que más contaminó el Lote 192 (ex 1AB), ubicado en la cuenca del río Pastaza, dejando más de dos mil sitios contaminados, cientos de pozos obsoletos y botaderos tóxicos que deben ser tratados o cerrados según las normativas ambientales.
Es decir, se requiere remediación ambiental o planes de abandono, los cuales en esta zona han sido marcados por la inacción del Estado y las disputas legales con la operadora, que no cumplió con los compromisos de solución de los problemas ambientales acumulados durante décadas de explotación petrolera.
El reglamento para los planes de abandono exige que las empresas responsables realicen evaluaciones técnicas y ejecuten medidas de remediación antes de entregar el área al Estado o a nuevas operadoras. Sin embargo, Pluspetrol optó por un retiro unilateral, argumentando que algunos pasivos anteceden a su gestión.
De esta forma, la petrolera transfirió la responsabilidad al Estado peruano, generando una carga económica significativa para el país y un desafío logístico para atender los impactos, y dejando como principales afectados a las comunidades indígenas que hasta la fecha siguen enfrentando las consecuencias.
Las comunidades indígenas han exigido un plan de abandono integral que contemple no solo la descontaminación, sino también la restauración de los ecosistemas y el respeto a los derechos territoriales y culturales.
Sin embargo, los procesos han sido lentos, con pocos avances concretos, y los costos socioambientales siguen creciendo debido a la falta de acción efectiva. Este caso evidencia graves fallos en la regulación y fiscalización, además de la ausencia de mecanismos que garanticen la responsabilidad corporativa en contextos extractivos.
Teniendo este problema al frente, el apu Aurelio comenta que no se puede hablar de transitar a energías más limpias, sin atender primero los grandes problemas que los aquejan como la contaminación ambiental. ¿Cómo implementar energías más limpias, sin resolver primero la falta de remediación?
“La remediación por encima de todo. Yo sé que la remediación pues, no le va sanar como ha estado la naturaleza o como lo ha dejado Papá Dios todopoderoso, quedará herido, ya no va a ser como antes que era lleno de peces esa cocha, ese río, aunque lo limpien, pero priorizamos nosotros que se remedie, porque la energía sí es importante, pero también es voluntad para que esto vaya en paralelo, juntos”, menciona el líder quechua.
La vida en las comunidades indígenas quechua funciona con el sol, como dice el apu Aurelio: desde que amanece hay luz, y así pueden hacer sus chacras. Si no hay televisión, se sientan en algún lugar y comienzan a conversar, luego ataca el sueño, para después ir a cazar y alumbrarse con las mecheras de leche caspi.
Sobre la remediación dice que aún no inicia, y que depende mucho de la voluntad de los funcionarios para atender rápido sus necesidades. “Quieren seguir sacando los recursos, y que los pueblos indígenas se vayan muriendo”, asegura.
“Nosotros, hemos insistido en la consulta previa para responsabilizarse. El año 2015 no se llegó a un acuerdo, después hicieron nuevamente otra consulta y llegamos a 67 acuerdos. Y eso le estamos exigiendo al Estado, y no están cumpliendo”, dice Aurelio.
Asimismo, indica que las comunidades no tienen un proyecto de planta de electrificación de paneles solares, porque se siguen usando motores. Y lo que ha habido es un compromiso para colocar postes de luz, tras presionar al Ministerio de Energía de Minas.
En ese sentido, señala que tuvieron como respuesta que por la sequía no llevaban materiales, cuando existen comunidades asentadas a la orilla del río Pastaza.
Para David Díaz, asesor de la Plataforma de Pueblos Indígenas Unidos en la Defensa de sus Territorios (Puinamudt), de la cual es parte Fediquep, es fundamental tener capacidad crítica para referirse a los proyectos sobre electrificación con paneles solares, sobre todo porque se apunta a poblaciones más centrales de Loreto, como San Lorenzo, y no los lugares que mantienen una condición de impunidad y un daño acumulado por los impactos del petróleo.
Asimismo, señaló que como parte de la electrificación en estos territorios se debe incluir la remediación ambiental.
“Solo el plan de abandono del lote 192 (ex 1AB) tiene como 5000 millones de soles (más de un millón de dólares) pendientes, según los últimos cálculos, y todavía falta contabilizar otros planes de abandono de otros lotes, como el 8. Entonces sí es un elemento fundamental en la ecuación para una transición justa, la remediación, pero también es un elemento que requiere de cantidad millonaria de recursos y que posiblemente choca con los intereses corporativos, o de la clase política de Loreto”, menciona David .
Sobre la dependencia del petróleo, señaló que se debe analizar cuál es el tipo de desarrollo que se busca construir en Loreto, y cómo ello puede incidir también el consumo de energía.
“Seguirá existiendo y coexistiendo por unas décadas más. Y lo que se necesita es que a la hora de asumir esos planes de abandono, se tenga en cuenta la justicia ambiental, logrando una transición energética con memoria”, agrega el asesor de Puinamudt.
“Mingas energéticas”
En los territorios existe como respuesta la autonomía y los conocimientos ancestrales. David también apunta que la construcción de autonomía construye otro tipo de desarrollo y de relación para recuperar el territorio impactado.
En ese sentido, en las comunidades se viene construyendo lo que denominan como “una minga energética”, un espacio de escucha para conversar y reflexionar sobre la energía y el petróleo en territorios que han sufrido más de 50 años de explotación petrolera.
“Estoy acumulando todo. Yo sé que va a ser muy interesante esta minga que estamos concentrando con toditos mis apus, y es bueno preguntarnos para la lucha. Nosotros esperamos que los funcionarios vengan a la minga. Porque nosotros vamos a estar debatiendo, haciéndonos preguntas sobre cómo nuestros ancestros vivían antes –sin electricidad, sin petróleo–, eso lo estoy guardado”, dice entusiasmado el apu Aurelio.
Esta minga energética también se realiza por los incumplimientos del Estado. Buscan explicarles a los funcionarios qué está pasando, para que les ayuden a atender los impactos. Sin embargo, quienes muchas veces llegan son representantes que no tienen poder ni decisión.
“Varias veces hemos venido y hemos sido pacientes. Y si ellos no saben pues que nos digan la verdad. Entonces cuando vemos allí que se da la vuelta un profesional que no quiere dar la solución, y como dirigente, te has preparado», añade.
El apu menciona después: «Esas cosas queremos reflexionar, y así tenemos que enseñar nosotros a los señores funcionarios, que supuestamente son buenos funcionarios, buenos académicos, pero que como están al lado de los presidentes, al final solo jalan para su molino. No tienen ese corazón para todos”.
Para Diandra Torres, coordinadora de la oficina en Loreto de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), es clave la participación efectiva de la sociedad civil y las organizaciones indígenas en la elaboración de políticas energéticas. Asimismo, considera importante que las políticas públicas estén enfocadas en beneficiar al consumidor y no únicamente a las empresas.
“El cambio hacia energías renovables debe ser intensivo y estratégico, con una diversificación de la matriz energética según las necesidades locales. La sociedad civil tiene el rol de incidir en políticas públicas que prioricen tanto el desarrollo sostenible como la justicia social”, menciona Diandra.
Asimismo, la representante de DAR indica que “aunque la remediación de impactos ambientales es crucial, no debe ser una barrera para avanzar en la transición energética. Es posible trabajar en paralelo: remediar pasivos ambientales y avanzar en proyectos de energía limpia”.
Sobre la normativa actual, mencionó que existen avances como la construcción de una hoja de ruta sobre energía con el Gobierno Regional de Loreto. Sin embargo, la normativa actual no facilita la adopción masiva de tecnologías renovables a nivel domiciliario, como ocurre en otros países (por ejemplo, Chile y Brasil).
“Es urgente regular aspectos como la generación de electricidad renovable para autoconsumo y la venta de excedentes al sistema nacional. La transición energética debe considerar aspectos sociales, ambientales y económicos, así como lecciones del pasado para evitar errores previos. Aunque las energías renovables tienen impactos ambientales, es fundamental garantizar salvaguardas más estrictas para mitigar efectos negativos”, concluyó la especialista ambiental de DAR.
Este artículo se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina.
RV: EG
