NEJAPA, El Salvador – Con la melancolía de quien contempla un amor que pronto se marchará, el salvadoreño Sergio Ruano observaba fluir las mansas aguas del río San Antonio, cuya microcuenca está siendo sobreexplotada, y lamentaba que, así como van las cosas, el arroyo podría desaparecer a mediano plazo.
“He visto que el nivel del río ha ido bajando con los años, porque se abren pozos por aquí y por allá”, se quejó Ruano, quien temprano el 18 de diciembre había llegado en bicicleta a una de sus riberas, en el cantón Galera Quemada, en las inmediaciones de Nejapa, un distrito (municipio) al norte de San Salvador, la capital de El Salvador.
Ruano, de 44 años, vive en Hacienda Mapilapa, un asentamiento semirural, a unos pocos kilómetros hacia el norte, donde debido a la sobreexplotación del acuífero de Nejapa el agua que llega por cañería es escasa ya, aseguró a IPS, observando el río.
En realidad el río es ya un pequeño riachuelo, pero en uno de sus tramos se han colocado bolsas de arena para embalsar las aguas y crear una especie de alberca natural, donde la gente llega a nadar.
“No quisiera que se dañe los manantiales que afecte el agua de la comunidad y que impacte el río, no solo porque nos abastece sino porque sirve de espacio para divertirse y relajarnos”, dijo, sentado bajo la sombra de una glorieta construida en la ribera, junto a un par de amigos.
“Tengo 30 años de estar en esta lucha, tenemos que alzar la voz y decir ¡alto!”: Miguel Calderón.
La preocupación de Ruano es compartida por la mayoría de los pobladores de asentamientos semiurbanos pobres, localizados en las cercanías del río y más allá, pues el uso intensivo de agua de los manantiales por parte de la industria ha sido la norma desde hace décadas en esta zona del norte de San Salvador, en las faldas del volcán homónimo.
Y eso ha causado escasez del recurso.
Según cifras del Censo de Población 2024, del total de viviendas habitadas en El Salvador, 66 % goza de agua por cañería todos los días, pero 34 % no. De ese último dato, 14 % recibe agua cada dos días, 8,6 %, cada tres días; 6,7 %, una vez a la semana, y 4,6 % “de vez en cuando”.
En este país centroamericano de seis millones de habitantes, el derecho al agua ha sido una destacada lucha social, ante la necesidad de abastecerse del recurso y la poca presencia de la entidad estatal que la distribuye por medio de cañería, sobre todo en la zona rural.
Las familias han debido organizarse en Juntas de Agua, desde hace décadas, para establecer sus propios proyectos comunitarios de acceso. Hay más de 2500 de esos colectivos en todo el país.
La gente versus Coca Cola
El desasosiego de las comunidades por el uso intensivo de los manantiales, por parte de la industria, se ha incrementado aún más en la últimas semanas, luego de que en septiembre Industrias La Constancia, el consorcio local que produce la bebida Coca Cola, haya solicitado a la gubernamental Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) un permiso para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico.
Eso se supo cuando la ASA publicó una pequeña nota escrita en uno de los diarios del país, que pasó casi desapercibida, con la cual llamaba a cualquier persona que se sintiera afectada a mostrar su oposición.
Así como estaba planteado, no se sabía a ciencia cierta si se trataba de abrir nuevos pozos o de extraer más agua de los dos con los que La Constancia, como es conocida, ya cuenta desde 1994, cuando trasladó sus operaciones de Coca Cola a Nejapa, debido a que la planta que mantenía en Soyapango, al este de San Salvador, se habría acabado.
Líderes de las comunidades se alertaron con la publicación de la ASA y le enviaron un escrito legal, el 16 de octubre, en el que plantearon su oposición total a la iniciativa de la empresa. En el documento mencionaron que el consorcio ya aprovecha dos millones de metros cúbicos de agua al año, es decir, 67 litros de agua por segundo.
Al hacer las matemáticas, “vemos que La Constancia está consumiendo la cantidad de agua para 115 000 personas al día”, explicó a IPS el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, de Ecos El Salvador, quien redactó el escrito en nombre de las comunidades.
A la carta de oposición, la ASA aclaró el 15 de noviembre que en realidad se trataba de una “regularización” de los pozos ya existentes, no la apertura de nuevos.
Con la solicitud del permiso, la “referida sociedad está dando cumplimiento a la Ley General de Recursos Hídricos, que tiene como objetivo regular la gestión integral de las aguas, su sostenibilidad, garantizando el derecho humano al agua de todos los habitantes del país”, escribió la ASA en el documento, al que IPS tuvo acceso.
El abogado Henríquez sostuvo que probablemente lo que sucedió fue que cuando en 1994 la compañía migró Nejapa, la gestión ambiental gubernamental no tenía normas reguladoras claras, ya que la Ley de Medio Ambiente se aprobó cuatro años después, en 1998.
Así que las autoridades, sin estudios de impacto ambiental y sin consulta pública, le concedieron el permiso para abrir aquellos primeros dos pozos.
“Le dieron el permiso y empezó a extraer agua del acuífero de Nejapa, desde 1994, de modo que la empresa tiene cerca de 30 años de estar operando aquí y se está acabando el acuífero”, subrayó Henríquez.
Respecto al nuevo trámite que la ASA ya está haciendo, para otorgar el permiso a La Constancia, Carlos Flores, del Foro del Agua, señaló a IPS que las instancias de gobierno no brindan la suficiente información —cuando la otorgan— y además se hace manipulación de ella.
Por esa razón, consideró, se desconoce a ciencia cierta cuál es el trasfondo de la solicitud de La Constancia.
“El problema es que ahora no hay información, lo que es público es que la Coca Cola está solicitando autorización, no sabemos si es para lo que ya tiene y usa, o se trata de nuevos pozos”, recalcó.
Un viejo conflicto
Este conflicto por el agua entre las comunidades y la empresa no es nuevo.
En 2013, la compañía intentó abrir dos nuevos pozos, pero la organización de las comunidades y los grupos ambientalistas la pararon en seco. Por eso es que ahora creen que en realidad la empresa está solicitando el permiso para abrir los pozos que no pudo hace más de 10 años.
La Constancia, fundada en 1906, es la única productora de cerveza en el país, pero con el tiempo incursionó en el agua envasada y otras bebidas carbonatadas, además de la Coca Cola. Las plantas de producción de cerveza y agua se localizan en San Salvador.
A partir de 2016, el grupo empresarial se integró al conglomerado global Anheuser-Busch InBev NV/SA, conocido como AB-InBev, la compañía cervecera más grande del mundo, con su sede social en Bélgica.
Ahora La Constancia produce 12 marcas de cerveza, cuatro de bebidas carbonatadas, varias de jugos, bebidas energéticas e isotónicas, leches de semillas y agua purificada.
La empresa habría gozado de tráfico de influencias durante los sucesivos gobiernos de la derechista Alianza Republica Nacionalista, que gobernó el país por 20 años, desde 1989 hasta 2009. Uno de los dirigentes más emblemáticos de ese partido fue Roberto Murray Meza, quien manejó las riendas de La Constancia por muchos años, hasta su muerte en 2022.
En la zona de Nejapa, varias otras compañías han instalado sus plantas industriales y abierto sus pozos de agua.
Una batalla aún mayor
Sin embargo, el problema de la sobreexplotación de los recursos hídricos en la zona norte de San Salvador no se debe exclusivamente a La Constancia ni a la industria en general.
En esa región se han construido proyectos urbanísticos que han implicado no solo deforestación, sino también la apertura de más pozos para abastecer a esas familias de clase media alta que llegan a habitar esas colonias, como se llaman localmente a los conjuntos residenciales, poniendo mayor presión a los manantiales.
“Por aquí cerca había un bosquecito que ya está pelón (sin árboles), talado todo, y ya el otro año empiezan con la construcción de residenciales ahí”, contó Miguel Calderón a IPS.
La extensión de la propiedad, ahora talada, es de unas 17 hectáreas, dijo.
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“Ese bosquecito era un reservorio que absorbía el agua a los mantos, y ahora, con la construcción de la residencial, el agua ya no se va a infiltrar”, señaló Calderón, sentado en la silla de ruedas que usa desde que un accidente de tránsito lo dejó parapléjico, en 1994.
Calderón, de 60 años, vive en la comunidad La Granja, donde residen unas 2000 personas. El asentamiento, siempre ubicado en Nejapa, se localiza a unas dos cuadras de la planta donde La Constancia produce la Coca Cola. Por esa razón él ha estado en todas las luchas por el agua, en la zona.
“Tengo 30 años de estar en esta lucha, tenemos que alzar la voz y decir ¡alto!”, acotó.
Calderón afirmó que aunque en su comunidad el servicio de agua por cañería es continuo, en otros asentamientos cercanos sí hay problemas de abastecimiento.
Añadió que la crisis por el agua abarca no solo a Nejapa, sino que a otros municipios vecinos de la zona norte, como Quezaltepeque y Apopa, afectando a cientos de miles de personas.
Lamentó que el río San Antonio, por la sobreexplotación del acuífero, haya perdido su caudal original, que él disfrutó cuando era niño y adolescente.
“Recuerdo que cuando tenía unos 10 años, llegábamos con mi papá al río a las 4 de la mañana, con una carreta jalada por una yunta de bueyes y traíamos el agua a casa, en barriles”, rememoró.
Cuando IPS llegó a su casa, Calderón escuchaba una música de reguetón en un equipo de sonido que él mismo ensambló, pues se dedica a la electrónica y a reparar aparatos eléctricos desde 1997. Aprendió ese oficio por medio de un taller vocacional para personas con minusvalía. Además ha montado un molino de nixtamal.
“Era un río de mucha vida, con abundante agua, era el orgullo de nosotros los nejapenses”, sostuvo.
ED: EG
