SAN SALVADOR – El triunfo electoral de Donald Trump ha generado una ola de nerviosismo y preocupación no solo en los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, sino también en sus naciones de origen, como las de América Central, dadas las intenciones del mandatario electo de impulsar deportaciones masivas.
Esos países, sobre todo los del llamado Triángulo del Norte, compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador, están entre las naciones latinoamericanas que generan en Estados Unidos más inmigrantes, unos siete millones, de los cuales 2,1 millones son indocumentados, según cifras del Instituto de Políticas Migratorias, publicadas en 2023.
Esos 2,1 millones representan aproximadamente una quinta parte de los 11 millones de inmigrantes no autorizados que viven en Estados Unidos. Los principales países de origen, de ese segmento, son El Salvador (740 000), Guatemala (724 000) y Honduras (490 000).
Durante la campaña electoral que lo llevó al triunfo el 5 de noviembre, fue frecuente oír decir a Trump que los inmigrantes irregulares “envenenan la sangre de los Estados Unidos” y de atribuirles actitudes criminales por su ADN, que roban, matan y violan, entre otras afirmaciones.
Trump gobernó Estados Unidos entre 2017 y 2021 e inicia su segundo mandato el 20 de enero.
“Ni siquiera tenemos la capacidad de ofrecer oportunidades laborales a la gente que está exigiendo empleo en nuestros países”: Vinicio Sandoval.
Una deportación masiva hacia los países del Triángulo del Norte, de maltrechas economías y un rosario de necesidades socioeconómicas sin cubrir, complicaría aún más la ya precaria situación, dada la falta de empleo.
“Ni siquiera tenemos la capacidad de ofrecer oportunidades laborales a la gente que está exigiendo empleo en nuestros países”, y eso empeoraría con la llegada de personas retornadas, dijo a IPS Vinicio Sandoval, del no gubernamental Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (Gmies), que trabaja en programas de reinserción laboral para personas deportadas.
Solo El Salvador, acotó, demanda más de 100 000 empleos por año, y únicamente se generan alrededor de 30 000.
“No estamos preparados, en absoluto, para recibir a esa cantidad de personas retornadas”, afirmó a IPS, desde la ciudad hondureña de San Pedro Sula, César Ramos, coordinador del programa de Movilidad Humana, de la Comisión de Acción Social Menonita (Casm).
Ramos agrego: “Trump ofrece una postura política neofascista en el tema migratorio, refleja una discriminación racial para la gente que no es blanca, especialmente latinos, y peor aún si proceden de Centroamérica”.
América Central es un puente hacia Estados Unidos
De América Central han partido, y siguen partiendo, caravanas de personas que intentan llegar hacia Estados Unidos, caminando y cargando en sus mochilas agua, algo de ropa y muchas esperanzas de salir adelante con sus vidas.
Queriendo atajar esas caravanas, durante su primer gobierno, Trump presionó a Guatemala para firmar, en julio de 2019, el acuerdo que le dio a la nación centroamericana estatus de “tercer país seguro”, para que los inmigrantes pidieran ahí sus solicitudes de asilo, en lugar de intentar llegar a la frontera de Estados Unidos con México.
Acuerdos similares suscribieron Honduras, el 26 de agosto, y El Salvador, el 20 de septiembre siguientes, bajo una andanada de críticas de organizaciones de derechos humanos que afirmaron en su momento que esos tres países centroamericanos no reunían, ni de lejos, las características de naciones seguras para recibir a miles de solicitantes de asilo.
Por el istmo centroamericano pasan, además, migrantes de América del Sur, como venezolanos, por ejemplo, que en su ruta hacia el norte deben atravesar la peligrosa selva del Darién, entre Colombia y Panamá, al igual que personas de países tan lejanos como la India o Bangladés, entre otros, que llegan también a Suramérica para iniciar el largo periplo.
Trump antiinmigrante 2.0
A diferencia de su primer gobierno, Trump cuenta en este segundo mandado con más herramientas políticas para ejecutar todas las acciones que dijo emprendería contra las personas inmigrantes irregulares, en los virulentos mensajes antiinmigrante que difundió durante su campaña electoral.
“Si bien el discurso de Trump fue también extremo en su primer gobierno, en cuanto a deportaciones masivas, al final eso no se materializo, porque entonces tenía una correlación de fuerzas menor y ahora él ha ampliado su capacidad de maniobra política”, señaló Ramos.
Con ello se refirió a que el futuro presidente estadounidense gobernará con más holgura desde el Ejecutivo sabiendo que ahora controlará también las dos cámaras del Congreso legislativo.
Además, es ya sabido que seis de los nueve jueces de la Corte Suprema de Justicia son de corte conservador y, de hecho, tres de ellos fueron colocados ahí por el mismo Trump, durante su primer mandado.
Por esa razón ahora sí preocupa a organizaciones de derechos humanos y a los activistas promigrantes, tanto en Estados Unidos como en América Central, que Trump logre llevar a la realidad su radical discurso antiinmigrante, lo cual implicaría un golpe doble.
Con el primer golpe se arruinaría la vida a miles de personas y familias latinas que, aun sin documentos, se han radicado y han hecho sus vidas desde hace años en Estados Unidos, trabajando duro y pagado impuestos.
Habría además un resquebrajamiento de la unión familiar en los casos donde algunos de sus miembros tienen residencia legal o ciudadanía y otros permanecen indocumentados, pues la separación se produciría en caso de descubrirlos.
Trump incluso estaría impulsando una medida extrema que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos nacidos de inmigrantes indocumentados, bajo el argumento de que ello atrae a inmigrantes irregulares a establecerse en el país y procrear hijos que, al nacer, sean ciudadanos estadounidenses.
Y el segundo golpe haría colapsar las endebles economías de los países centroamericanos no solo con la llegada de miles de connacionales que, como insisten los especialistas, no encontrarían empleo.
A ello se sumaría que su retorno produciría una drástica reducción de las remesas que, hasta ahora, aún logran enviar desde Estados Unidos.
Esas remesas resultan vitales para mantener a flote las economías de esas naciones centroamericanas. Esos envíos de dinero rondan, en conjunto, los 39 000 millones de dólares anuales, según el informe del Instituto de Políticas Migratorias.
Para países como El Salvador, Honduras y Guatemala, las remesas representan 24 %, 27 % y 20 %, respectivamente, de su producto interno bruto (PIB).
“Obviamente, si él llega a hacer todo lo que ha dicho sería terrible no solo para El Salvador sino para muchos países de América Latina”, sostuvo Sandoval, de Gmies.
Mejor estar preparados
También hay que considerar que deportaciones siempre ha habido, independientemente de si el presidente es demócrata o republicano, dijo a IPS Jizi Moza, director ejecutivo del no gubernamental Instituto Salvadoreño del Migrante (Insami), aunque debido a la retórica imperante se tenga la idea, equivocada, de que los demócratas son más sensibles y benevolentes en ese tema.
Pero no. De hecho, el gobierno estadounidense que más personas ha repatriado no fue el de Trump, sino el del demócrata Barak Obama (2009-2017), con un récord de más de cinco millones de personas, según cifras oficiales reportados por los medios. La primera administración Trump repatrió a 935 000.
Entre enero y septiembre de 2024 fueron retornadas de Estados Unidos y México 111 315 personas hacia el Triángulo del Norte, que representó una ligera disminución de 1,6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones.
“Lo que tenemos que hacer en nuestros países es prepararnos, ante cualquier eventualidad de que suceda, todos juntos, organizaciones locales e internacionales, así como los gobiernos, para poder enfrentar las deportaciones”, destacó Moza, algo en lo que coincidieron su compatriota Sandoval y el hondureño Ramos.
Es decir, se trata de crear programas de empleo y oportunidades no solo para la población local, sino también para quienes son obligadas a retornar, pues se sabe que, por ejemplo, la banca no les ofrece créditos para iniciar pequeños y medianos negocios.
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Sin embargo, Moza anticipó que las repatriaciones no serán en realidad masivas, y más bien Trump pondrá el énfasis en frenar la llegada al país de personas indocumentadas.
“Lo que veremos será el mecanismo regular de deportaciones, aunque sí habrá más restricciones en la frontera sur de Estados Unidos, Trump intentará frenar la oleada de personas que siguen llegando a la frontera, y eso sí lo puede hacer”, puntualizó Moza.
Indicó que Trump no buscaría perjudicar la economía estadounidense deportando a personas que, como los inmigrantes indocumentados, son vitales para esa economía, al ejecutar labores que no hace la población estadounidenses, como los duros trabajos en los sectores de la construcción, la agricultura o la hostelería.
“Trump es un empresario, tiene mente enfocada en los negocios, y si algo no hará es afectar la economía de Estados Unidos, no buscará impactar lo que genera riqueza para ese país”, comentó Moza.
Además, las personas indocumentadas pagan impuestos y contribuyen al sostenimiento de las finanzas nacionales de ese país.
En efecto, un estudio de julio de 2024 señala que los inmigrantes indocumentados pagaron en 2022 unos 97 000 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.
La mayor parte de esa cantidad, unos 59 000 millones de dólares, se pagó al gobierno federal, mientras que los 37 300 millones restantes se pagaron a los gobiernos estatales y locales
Además, el informe reveló que más de un tercio de los impuestos que pagan los inmigrantes indocumentados se destinan a financiar programas a los que ellos están impedidos de acceder.
Por ejemplo, en 2022 pagaron 25 700 millones de dólares que se destinaron a la Seguridad Social, 6400 millones, al plan de salud federal conocido como Medicare, y 1800 millones, al seguro de desempleo.
Otro argumento a favor de que a Trump le será difícil deportar masivamente es el alto costo económico y logístico que supondría para su gobierno iniciar tales procesos, que indefectiblemente enfrentarán demandas en los tribunales estatales y federales, y eso lleva tiempo finalizarlos.
Los expertos estiman que los 20 000 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) serían insuficientes para localizar y procesar a las cientos de miles de personas indocumentadas que Trump quiere expulsar de Estados Unidos.
ED: EG
