LONDRES – Es poco probable que se apruebe un proyecto de ley en Nueva Zelanda que reduciría los derechos de los maoríes, pero resulta emblemático del creciente clima de hostilidad de los políticos gobernantes hacía los indígenas.
Una encuesta reciente muestra que casi la mitad de los neozelandeses cree que las tensiones raciales han empeorado bajo el gobierno de derecha en el poder desde diciembre de 2023.
El proyecto de Ley de Principios del Tratado reinterpreta los principios del Tratado de Waitangi de 1840. Texto fundacional de Nueva Zelanda, este acuerdo entre el gobierno británico y los jefes indígenas maoríes establecía la gobernación británica sobre las islas a cambio del reconocimiento de la propiedad maorí sobre la tierra y otros bienes.
El tratado fue polémico desde el principio: sus versiones inglesa y maorí difieren en cláusulas cruciales sobre la soberanía. Los maoríes perdieron gran parte de sus tierras y sufrieron la misma marginación que los indígenas de otros lugares colonizados por europeos.
Como consecuencia, los maoríes viven con mayores niveles de pobreza, desempleo y delincuencia, y con un nivel educativo y sanitario más bajo que el resto de la población.
A partir de la década de los años 50 del siglo pasado, los maoríes empezaron a organizarse y a reclamar los derechos que les otorgaban los tratados.
Esto condujo a la Ley del Tratado de Waitangi de 1975, que definía una serie de principios derivados del tratado y creaba el Tribunal de Waitangi para determinar las infracciones de los principios y recomendar soluciones.
En los últimos años, los políticos de derechas han criticado al tribunal, alegando que se extralimita en sus funciones, y más recientemente porque celebró una audiencia en la que se concluyó que el proyecto de ley vulnera los principios del tratado.
Cambio de rumbo
El proyecto de ley es fruto de un acuerdo de la coalición gobernante forjado tras las elecciones de 2023. El Partido Nacional, de centro-derecha, quedó primero y entró en el gobierno con dos partidos a su derecha: el partido de libre mercado y libertario Act y el partido nacionalista y populista NZ First. Act exigió la ley como condición para participar en la coalición.
Las elecciones fueron inusualmente tóxicas para los estándares neozelandeses. Los candidatos fueron objeto de insultos racistas y violencia física. Un grupo de líderes maoríes se quejó por unos niveles de racismo inusualmente altos.
Tanto Act como NZ First atacaron los derechos de los maoríes, prometiendo revertir las políticas progresistas de Partido Laborista, que gobernó el país entre 2017 y las elecciones de diciembre de 2023.
Entre sus críticas incluyen a lo que definen como experimentos de «cogobierno», en referencia a medidas de colaboración entre el gobierno y los representantes maoríes.
Act y NZ First calificaron estos acuerdos de privilegios raciales para los maoríes, contrarios a los derechos humanos universales.
El líder de NZ First, Winston Peters, que desde hace tiempo se opone a lo que considera un trato especial para los maoríes a pesar de ser él mismo maorí, se comprometió a retirar los nombres en lengua maorí de los edificios gubernamentales y a retirar el apoyo de Nueva Zelanda a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Ha llegado a comparar el cogobierno con el apartheid y la teoría racial nazi. Ahora es viceprimer ministro de Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda, aunque lejos de Europa y América del Norte, ha demostrado que no es inmune a las mismas políticas populistas de derechas que pretenden culpar a una minoría visible de todos los problemas de un país. En el hemisferio norte, los principales objetivos son los inmigrantes y las minorías religiosas; en Nueva Zelanda, los pobladores originarios.
Hoguera de políticas
Si el proyecto de ley prosperara, impediría cualquier interpretación del tratado como una asociación entre el Estado y el pueblo maorí. Impondría la idea rígida de que todos los neozelandeses tienen los mismos derechos y responsabilidades, lo que impediría tomar medidas para ampliar los derechos de los maoríes. Y sin una atención especial, la exclusión económica, social y política de los maoríes no hará sino empeorar.
Los problemas van más allá del proyecto de ley.
En febrero, el gobierno suprimió la Autoridad Sanitaria Maorí, creada en 2022 para abordar las desigualdades sanitarias.
En julio, una nueva directiva gubernamental ordenó a Pharmac, la agencia que financia los medicamentos, que dejara de tener en cuenta los principios de los tratados a la hora de tomar decisiones de financiación. Esto forma parte de un ataque más amplio a los principios de los tratados, que el gobierno se ha comprometido a eliminar de la mayor parte de la legislación.
Se ha ordenado a los departamentos gubernamentales que den prioridad a sus nombres en inglés y que se comuniquen principalmente en inglés, a menos que se centren específicamente en la población maorí.
El gobierno se ha comprometido a revisar el currículo escolar -revisado el año pasado para hacer más hincapié en la población maorí- y los programas universitarios de discriminación positiva. Ha dejado de trabajar en He Puapua, su estrategia para aplicar la Declaración de la ONU.
También ha recortado la financiación de la mayoría de sus iniciativas para los maoríes. En total, se prevén más de una docena de cambios, entre ellos en la gestión medioambiental, la sanidad y la vivienda.
Lo que es malo para los maoríes también lo es para el clima. El papel íntimo que desempeña el medioambiente en la cultura maorí les sitúa a menudo en primera línea de la lucha contra el cambio climático.
Este año, un activista maorí ganó una sentencia que le permitía llevar a siete empresas ante los tribunales por sus emisiones de gases de efecto invernadero, basándose en parte en su impacto en lugares de importancia consuetudinaria, cultural y espiritual para el pueblo maorí.
Pero el nuevo gobierno ha recortado la financiación de muchos proyectos destinados a cumplir los compromisos de Nueva Zelanda con el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
Tiene previsto duplicar las exportaciones de minerales e introducir una ley para acelerar los grandes proyectos de desarrollo, sin tener que pasar por salvaguardias medioambientales. El proyecto de ley no contiene disposiciones sobre los principios de los tratados.
Los maoríes se verán desproporcionadamente afectados por cualquier debilitamiento de las normas medioambientales.
En números rojos
Todo esto se perfila como un enorme revés para los derechos de los maoríes que solo puede alimentar y normalizar el racismo, pero los activistas no se lo toman con calma. La amenaza a los derechos ha galvanizado y unido a los activistas maoríes.
Grupos de la sociedad civil están recurriendo a los tribunales para intentar detener los cambios. Y la gente protesta en masa.
En diciembre, cuando el Parlamento se reunió por primera vez después de las elecciones, miles de personas se congregaron en el exterior para condenar las políticas contrarias a los maoríes. En la ceremonia de investidura, los políticos maoríes de Te Pāti rompieron con las convenciones al dedicar sus juramentos al Tratado de Waitangi y a las generaciones futuras.
Ese mismo mes, doce personas fueron detenidas tras una protesta en la que pintarrajearon una exposición sobre el tratado en el museo nacional. Los manifestantes acusaron a la exposición de mentir sobre la versión inglesa del tratado.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
El 6 de febrero, Día de Waitangi, más de 1000 personas marcharon hasta el lugar donde se acordó el tratado, pidiendo que se rechazara el proyecto de ley. En la ceremonia oficial, la gente abucheó a Peters y al líder del Act, Peter Seymour, cuando hablaban.
Más recientemente, los maoríes tuvieron ocasión de mostrar su descontento en una ceremonia celebrada en agosto para conmemorar la coronación del rey maorí.
Normalmente asisten todos los líderes de los principales partidos, pero Seymour no fue invitado, y un líder maorí dijo al primer ministro, Christopher Luxon, que su gobierno «había dado la espalda a los maoríes».
El rey maorí también convocó una reunión nacional en enero, a la que asistieron 10 000 personas, lo que demostró el grado de preocupación existente.
Potencial desaprovechado
Al mismo tiempo, la población maorí crece rápidamente (hace poco superó el millón de habitantes ) y es joven. En comparación con las generaciones anteriores, los maoríes son más proclives a abrazar su identidad, su cultura y su lengua.
Los maoríes están demostrando su capacidad de resistencia, y el activismo nunca ha sido tan fuerte. Pero este ímpetu creciente se ha topado con un obstáculo político que amenaza con estrangular su potencial, todo en aras de un beneficio político a corto plazo.
La positiva reputación internacional de Nueva Zelanda está en juego, pero no tiene por qué ser así. El gobierno debe empezar a actuar como un socio responsable en virtud del Tratado de Waitangi. Debe atenerse a los principios del Tratado, tal y como se han desarrollado y elaborado a lo largo del tiempo, y dejar de utilizar a los maoríes como chivos expiatorios.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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