SANTIAGO – “La justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos”, la sentencia del gaucho Martín Fierro en el poema épico de José Hernández (1872) reclama vigencia en América Latina, donde tribunales y jueces aparecen hoy por hoy en los últimos lugares de confianza de la población.
Este jueves 26 se cumplen en México 10 años de la desaparición de 43 estudiantes en la localidad de Ayotzinapa, uno de los casos más flagrantes de impunidad en la región, donde las acusaciones apuntan a jueces corruptos y a dos gobiernos que, en distinto grado, mostraron debilidad para investigar el involucramiento de militares.
El 1 de octubre, asumirá como primera presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien durante su campaña se comprometió con los familiares de las víctimas a trabajar por “verdad, justicia y saber dónde están los jóvenes”.
Sheinbaum tendrá también otro reto: echar a andar la reforma judicial aprobada en los días finales del mandato de su antecesor Manuel López Obrador, que tiene como innovación más polémica la elección por voto popular de 1600 cargos judiciales, desde los magistrados de la Suprema Corte hasta jueces de distrito, incluyendo al Tribunal Electoral Federal.
En Chile comenzó la tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados de las acusaciones constitucionales contra tres jueces de la Corte Suprema. Se trata de una situación sin precedentes donde dos de los magistrados aparecen comprometidos en millonarios cobros de dinero por servicios a políticos y empresarios.
Tribunales sometidos
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que convalidó el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, pese a las denuncias de fraude de la oposición, de observadores internacionales y de varios gobiernos, sigue cuestionado como ejemplo de sometimiento al poder gubernamental.
Otro tanto ocurre en El Salvador y en Nicaragua, donde los presidentes Nayib Bukele y Daniel Ortega, respectivamente, someten desde mayorías parlamentarias la formación de tribunales que avalan detenciones arbitrarias de opositores políticos, periodistas y supuestos delincuentes sin aplicar garantías procesales.
“En países como El Salvador, México, Nicaragua y Venezuela, las personas detenidas sufrían con frecuencia tortura u otros malos tratos y, en ocasiones, desaparición forzada”, señaló Amnistía Internacional en su Informe 2023.
“El derecho a un juicio justo no se respetaba en numerosos países, como Bolivia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Nicaragua y Venezuela”, añadió Amnistía.
Resulta ilustrativa la referencia a Estados Unidos, donde Donald Trump articuló durante su gobierno (2017-2021), gracias al predominio republicano en el Senado, una Corte Suprema de mayoría conservadora que ahora facilita su nueva candidatura presidencial pese a los cargos judiciales en su contra.
Un poder sin poder
La división de poderes es uno de los pilares de la democracia representativa, que en teoría existe en todo los países latinoamericanos, con excepción de Cuba. El Poder Judicial es el tercer actor en el juego de contrapesos con el Ejecutivo y el Legislativo.
El imperio de la ley, que corresponde aplicar a los tribunales, está a mal traer. Hace agua la vieja tradición de un Poder Judicial integrado por juristas probos, que al contrario de presidentes y legisladores acceden a las altas magistraturas por los méritos de su trayectoria y no por el voto ciudadano.
La formación universitaria de alto nivel, seguida por el ingreso a la carrera judicial para acumular experiencia en los tribunales o fiscalías, con ascensos emanados de rigurosos sistemas de calificación, se suponía que garantizaban la idoneidad de los postulantes a las cortes judiciales con la venia de los otros dos poderes.
Este andamiaje teórico resguardaba el manto de excelencia e imparcialidad de la Justicia y los jueces venales y corruptos eran la excepción, pero ahora tanto la creciente intervención de gobiernos y parlamentos, así como la influencia o extorsión solapada de poderes económicos y del crimen organizado cambiaron esa imagen.
Así, el Poder Judicial comparte el descrédito de los otros poderes en América Latina. Es la crisis de las instituciones que alcanza asimismo con fuerza a la política y los partidos, acarreando un desgaste progresivo de la democracia que facilita el advenimiento de gobiernos autoritarios y caudillos populistas de diverso signo.
La organización Latinobarómetro, cuyas encuestas miden percepciones de la población, registró en 1996 un índice de confianza en la Justicia en torno a 34 %.
En su última medición, del año 2020, el índice bajó a 25 %, por debajo de la confianza regional en los gobiernos (27 %), y solo por encima de los parlamentos (20 %) y de los partidos políticos con 18 %.
Los latinoamericanos son escépticos ante otro de los fundamentos de la democracia y los derechos humanos. Siempre según el Latinobarómetro, 75 % de la población regional consideraba el año 2020 que había poco o nada de igualdad ante la ley.
En el detalle por países, 89 % de los chilenos y 77 % de los venezolanos desconfiaban de la igualdad ante la ley, mientras México, con 73 %, y El Salvador (66 %) se situaban por debajo del promedio regional.
La ilusión de despolitizar
La crisis de la justicia latinoamericana se vincula a la politización de las magistraturas, que a su vez se contamina con la corrupción en la política para que los tribunales puedan ser usados en conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo o torcer procesos y favorecer a grupos de presión.
Así ocurrió en Brasil con la condena bajo falsos cargos de corrupción en 2017 del entonces expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y desde 2023 de nuevo en el poder, tras la destitución de Dilma Rouseff, en una maniobra orquestada por parlamentarios de derecha y magistrados.
La destitución en cadena de presidentes en Perú acusados de corrupción es un ejemplo de afinidad entre tribunales y legisladores, en tanto que en México la reforma judicial de López Obrador es vista por sus críticos como una réplica del gobierno a enfrentamientos con la Corte Suprema y otros tribunales.
Luis Hermosilla, conocido como “el abogado de la elite” en Chile, se posicionó bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) como consejero de su ministro del Interior, Andrés Chadwick, para desde ahí promover nombramientos de jueces en la Corte Suprema y favorecer operaciones empresariales en perjuicio del Estado.
El escándalo que sacude hoy a la justicia chilena salpica sobre todo a partidos de derecha, opositores al presidente izquierdista Gabriel Boric, e incluso podría develar actividades ilícitas durante su mandato presidencial del propio Piñera, fallecido en un accidente de su helicóptero en febrero de este año en un lago.
En Bolivia, en junio de 2022, la justicia boliviana condenó a 10 años de cárcel a la expresidenta Jeanine Áñez, bajo cargos de violar la Constitución en 2019 cuando asumió la presidencia tras el golpe contra Evo Morales. Áñez sostuvo que no tuvo acceso a un juicio justo.
El año 2009 Bolivia se anticipó a México al instituir constitucionalmente la elección de los jueces por voto popular. El balance no es alentador en lo que respecta a la imparcialidad de los juicios y tampoco en la participación de la ciudadanía en las elecciones de magistrados, con porcentajes de abstención casi de 70 %.
Las dudas que se ciernen sobre la reforma mexicana aluden a la manipulación que podrían hacer organizaciones criminales del narcotráfico en las elecciones locales de jueces. Del mismo modo se sostiene que consagra un predominio del Ejecutivo sobre la institución judicial, anulando el equilibrio de poderes.
Sin embargo, visto el estado actual de descrédito de los tribunales no solo en México sino en casi toda América Latina, tal vez ha llegado el momento de ensayar un protagonismo ciudadano que enderece la balanza judicial.
ED: EG
