SAN SALVADOR – El régimen de excepción, adoptado por el Gobierno de El Salvador en marzo de 2022, ha resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes detenidos en comunidades de bajos ingresos, denunció la organización Human Rights Watch (HRW) este martes 16.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, dijo que “los niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables en El Salvador han sufrido graves violaciones de derechos humanos debido a las detenciones indiscriminadas implementadas por el gobierno”.
El informe de 114 páginas, “‘Su hijo no existe aquí’: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador” documenta casos en el marco de lo que el presidente Nayib Bukele denomina una “guerra contra las pandillas”.
Expone situaciones de detenciones arbitrarias, tortura y otras formas de malos tratos en contra de menores de edad detenidos en el marco de esa lucha, sometidos a condiciones deplorables en detención, incluidas hacinamiento, falta de alimentación y atención médica adecuados, así como contacto con abogados y familiares.
En varios casos, los niños han sido detenidos junto con adultos durante los días iniciales de su detención. Muchos han sido condenados por delitos definidos de forma amplia y en juicios con violaciones al debido proceso, según HRW.
Policías y soldados han llevado a cabo innumerables redadas, particularmente en comunidades vulnerables donde la violencia de las pandillas era una presencia constante, deteniendo a más de 80 000 personas, incluyendo cerca de 3000 niños, niñas y adolescentes.
Durante años, la pobreza generalizada, la exclusión social y la falta de oportunidades educativas y laborales han dejado a muchos niños con pocas opciones viables, permitiendo que las pandillas abusen de ellos y que las fuerzas de seguridad los estigmaticen como delincuentes y los acosen.
HRW aseguró que entre junio de 2023 y julio de 2024 entrevistó a más de 90 personas en El Salvador, y en septiembre y diciembre de 2023 visitó comunidades en varios departamentos del país.
Entre los entrevistados se encontraban víctimas de abusos, familiares, abogados, varios jueces, agentes de policía, exfuncionarios gubernamentales, maestros, expertos en seguridad, periodistas y miembros de la sociedad civil.
“También revisamos expedientes judiciales de casos relevantes, así como antecedentes médicos, educativos y penales”, indicó el informe.
De acuerdo con su indagación, los arrestos indiscriminados han llevado a la detención, a menudo durante periodos prolongados previos al juicio, de numerosos niños sin ninguna conexión aparente con las actividades abusivas de las pandillas.
Con frecuencia, esos arrestos parecen estar basados en la apariencia física y las condiciones socioeconómicas de los menores, más que en evidencia creíble y sólida.
En algunos casos, las autoridades han realizado detenciones basadas en información cuestionable, como denuncias anónimas no corroboradas. Las fuerzas de seguridad habitualmente no han presentado órdenes de registro o detención, y rara vez han informado a los detenidos y sus familiares sobre los motivos de la detención.
En uno de los casos documentados, soldados detuvieron a un estudiante de secundaria de 16 años en Sensuntepeque, en el central fepartamento de Cabañas, cuando regresaba a su casa después de jugar un partido de fútbol en mayo de 2022.
Un familiar dijo a HRW que los soldados lo obligaron a desvestirse, le quemaron el torso con un encendedor y le ordenaron que confesara a qué pandilla pertenecía.
Los documentos del expediente judicial muestran que luego fue acusado de agrupaciones ilícitas, sobre la base de un único testimonio de un “testigo criteriado” anónimo, y condenado a seis años de prisión. El joven permanece detenido.
En otro caso, policías y soldados arrestaron a una estudiante de 17 años de un pueblo rural en el occidental departamento de Sonsonate, el 1 de julio de 2022, sin mostrarle una orden de detención.
El 9 de enero de 2023, un juez la presionó a ella y a otros siete niños para que se declararan culpables conjuntamente de colaborar con la pandilla MS-13 a cambio de sentencias reducidas. Todos se declararon culpables y fueron sentenciados a un año de prisión. “No teníamos opción”, dijo la estudiante.
Más de 1000 niños han sido condenados durante el régimen de excepción, con sentencias que van desde los dos a los 12 años de prisión, a menudo por cargos definidos de forma excesivamente amplia, como el delito de “agrupaciones ilícitas”, y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados.
El encarcelamiento masivo ha sobrecargado el ya frágil sistema judicial de El Salvador, y las autoridades han tomado pocas medidas para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia por parte de otros detenidos, incluyendo casos de golpizas y agresiones sexuales.
El informe de HRW reconoce que la prolongada y alta tasa de homicidios del país, que alcanzó un máximo de 106 por cada 100 000 habitantes en 2015, ha disminuido drásticamente, llegando a un mínimo histórico de 2,4 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2023, según cifras oficiales.
Sin embargo, la falta de transparencia sobre las tasas de criminalidad y las denuncias de manipulación de las cifras hace difícil evaluar con precisión el alcance exacto de la reducción de la violencia, puntualizó HRW.
“El gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos que desmantele las pandillas, prevenga el reclutamiento de niños y les proporcione protección y oportunidades”, dijo Goebertus.
Un mecanismo debería establecerse para revisar los casos de niños, niñas y adolescentes y otras personas vulnerables, con miras a liberar a quienes fueron detenidos sin pruebas durante el estado de excepción, según HRW.
La persecución penal debería priorizarse, y bajo el debido proceso, para los altos líderes de las pandillas, máximos responsables por delitos atroces.
El gobierno también debería desarrollar una estrategia de seguridad integral que proteja a los menores de la violencia y el reclutamiento de las pandillas, incluyendo programas de rehabilitación para los menores reclutados y apoyo para la reinserción de niños en conflicto con la ley, concluyó el reporte de HRW.
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