Extrema derecha frena regulación de redes digitales en Brasil

La jueza Carmen Lúcia Rocha, el 3 de junio, al lado del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia, durante su toma posesión como presidenta del Tribunal Superior Electoral. El primer desafío será coordinar las elecciones municipales de octubre de 2024. Imagen: Ricardo Stuckert / PR

RÍO DE JANEIRO – Las plataformas y redes digitales facilitaron el ascenso de la extrema derecha en Brasil en la última década, así como en otros países, en una simbiosis que frena la regulación de esos medios de comunicación.

Se generó en internet “un ambiente comunicacional propicio al discurso característico de la extrema derecha antidemocrática, que produce desconocimiento”, apuntó Eugenio Bucci, periodista y profesor de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo.

“La naturaleza de esas nuevas tecnologías de comunicación, menos apropiada a la abstracción, a las cadenas lógicas del pensamiento, y más a la defensa de valores morales, comportamientos y emociones, ofrece ventajas a la derecha”, explicó a IPS, por teléfono desde la megalópolis brasileña.

El uso generalizado de las llamadas noticias falsas en esas redes amenaza a la democracia, por eso será duramente combatido en las elecciones municipales de octubre, anunció la nueva presidenta del Tribunal Superior Electoral, Carmen Lúcia Rocha, en su toma de posesión el 3 de junio.

“La naturaleza de esas nuevas tecnologías de comunicación, menos apropiada a la abstracción, a las cadenas lógicas del pensamiento, y más a la defensa de valores morales, comportamientos y emociones, ofrece ventajas a la derecha”: Eugenio Bucci.

Pero es una batalla con armas limitadas. Brasil no dispone aún de una legislación para regular los medios digitales que dominan la comunicación en el mundo, como Google, Facebook, Instagram y Tik Tok.

El Senado aprobó en 2023 un proyecto de ley propuesto en 2020 para contener la difusión de mentiras, pero la Cámara de Diputados paralizó su trámite.

La alianza entre la fuerza política de la extrema derecha y el poder económico de esas empresas trasnacionales dificulta su aprobación final en un Congreso Nacional actualmente controlado por bancadas conservadoras.

La Unión Europea aprobó, en 2022, su Ley de Servicios Digitales contra la desinformación, que todavía están adaptando a sus legislaciones los 27 países del bloque.

Regulación depende de correlación de fuerzas

Pero en Brasil, así como en Estados Unidos, la resistencia a la regulación es más radical por una correlación de fuerzas menos favorable a la democracia que en Europa, evaluó el politólogo brasileño Antonio Lavareda, en una charla el 27 de junio en el Foro Jurídico de Lisboa.

Una ley brasileña es necesaria porque no se trata solo de contener la difusión de noticias fraudulentas que pueden o no alterar el resultado de las elecciones, sino de evitar “la corrupción del debate público” en desmedro del conocimiento, según Bucci.

Como profesor, empieza por eludir la expresión “noticia falsa”, por “cautela conceptual”, ya que identifica en ella una contradicción. A su juicio, la noticia nunca es falsa, “puede contener un error, no falsedad”.

“Tiene origen, autor, un ente responsable y puede ser cuestionado, verificado, desmentido y corregido. La noticia fraudulenta puede tener la apariencia de información objetiva, a veces con lenguaje periodístico. Su falsificación es en la forma, antes que de contenido, no tiene origen declarado, una institución responsable ni autor”, explicó.

Una noticia con error puede tener graves consecuencias, como la de armas químicas en Iraq, que justificó la invasión estadounidense en 2003, ejemplificó. Pero se corrigió años después. Fraudulenta, como prefiere denominar, fue por ejemplo la de que Barack Obama no es estadounidense, sino keniano.

Eugenio Bucci, periodista y profesor de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo, en un seminario sobre medios públicos en el legislativo Congreso Nacional, en Brasilia. Imagen: Antonio Cruz / Agência Brasil

Necesidad de acuerdos internacionales

No basta una legislación nacional o regional, como la europea, para combatir la “industrialización de la mentira”, ya que la comunicación es probablemente la más globalizada de las actividades humanas, en que las fronteras menos cuentan.

Además las llamadas “big techs”, las transnacionales de las tecnologías de la información y la comunicación, concentran hoy un poder económico y político sin precedentes, con empresas que tienen un valor de mercado superior al de la mayoría de las naciones.

La regulación tiene que extenderse a los foros multilaterales, como las Naciones Unidas, su Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y otros, tal como se está intentando para enfrentar la crisis climática planetaria, sostuvo Bucci.

Es un tema global como lo es el cambio climático y las armas nucleares, que exigen acuerdos internacionales para su manejo con alguna eficiencia, acotó.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, anunció el 24 de junio los Principios Universales para la Integridad de la Información, que comprenden el empoderamiento de las personas contra la propagación del discurso de odio y mentiras, transparencia y medios de comunicación libres y plurales.

Se trata de enfrentar la desinformación que destruye la democracia, alimenta cruentos conflictos y afecta los derechos humanos, la salud pública y las acciones climáticas, justificó la resolución.

Es un documento importante, con principios en que las naciones podrán basar sus regulaciones, a partir de exigencias comunes a la democracia, evaluó el profesor y autor del libro “La superindustria del imaginario”.

Pero, destacó Bucci, es en la política, especialmente en las elecciones, que las noticias fraudulentas se presentaron como uno de los grandes desafíos de la humanidad, en este siglo.

El abogado general de la Unión, Jorge Messias, que representa y defiende al Estado ante otros poderes, instituciones y particulares, reunió a delegados de las plataformas digitales el 10 de mayo, en Brasilia, para pedirles medidas para excluir mentiras y discursos de odio de las redes digitales. Imagen: Renato Menezes / Ascom Agu

Mentiras electorales

En Brasil el problema irrumpió en las elecciones presidenciales de octubre de 2018, cuando el candidato de la extrema derecha y de los militares, Jair Bolsonaro, triunfó con una mayoría de 55,1 % de los votos válidos, un total de 57,8 millones de sufragios, en la segunda vuelta.

Una profusión de mentiras sobre el opositor, Fernando Haddad, y la izquierda en general, contaminó la campaña electoral. Un “kit gay”, es decir un paquete de material para incentivar a los estudiantes al homosexualismo, que Haddad habría distribuido en las escuelas cuando era ministro de Educación (2005-2012), es la más recordada.

Una encuesta del Instituto Ideia Big Data constató que 67 % de sus 1660 entrevistados en todo el país recibió informaciones falsas por las redes digitales durante la campaña electoral de 2018 y 14 % las retransmitió a sus conocidos.

En una lucha de limitada eficacia, personas y organizaciones de chequeo o verificación de las informaciones tratan de desmentir las llamadas “fake news”, en inglés, y su traducción de noticias falsas.

Gilmar Lopes, un analista de sistemas informáticos, es un pionero en la actividad. Desde 2002 mantiene el sitio e-farsas, en que revela mentiras difundidas en las redes digitales.

El 26 de junio trató de desmentir que el Supremo Tribunal Federal había decidido liberar totalmente, sin restricciones, el consumo de marihuana en Brasil. En realidad solo despenalizó la posesión de hasta 40 gramos de la droga, cantidad considerada de consumo propio y no comercial.

Además, esa mínima posesión se mantiene como infracción administrativa, ya no penal, y sujeta a castigos como la obligación de hacer un curso para informarse de los daños de la droga.

En la política, las mentiras más comunes intentaron desacreditar las elecciones, las urnas electrónicas usadas en Brasil desde 1996, y algunos líderes, resumió Lopes a IPS por teléfono desde São Paulo.

Autor del libro “Cazador de mentiras”, él ya sufrió amenazas de agresión y acciones judiciales por sus actividades, que incluye una colaboración voluntaria con el Tribunal Superior Electoral, que reúne periódicamente especialistas en chequeo o verificación, además de charlas y encuentros de educación digital.

ED: EG

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