LA HABANA – Una mansión colonial en el casco histórico de la capital cubana cobija a 12 personas de distintas familias, a pesar de un derrumbe parcial hace cuatro años y otro posterior, que dejaron media arquitectura a la intemperie y vegetación enraizada en las paredes sobrevivientes.
Una escena nada inusual en La Habana Vieja, el municipio más antiguo de la urbe y uno de los 15 que la conforman.
Ángel, un residente del inmueble, dijo a IPS que el gobierno municipal ofreció varias veces a los vecinos trasladarse a las llamadas casas en tránsito, los albergues temporales establecidos, mientras esperaban la asignación de una nueva vivienda, pero muchos se negaron por la lejanía y la calidad constructiva de esos lugares temporales.
“No tenían losas en el suelo ni ventanas. Tierra carmelita era todo lo que veías”, comentó Ángel.
También las autoridades del sector trataron de ubicarlos en otra instalación dentro del mismo municipio; sin embargo, las condiciones eran tan malas –pequeños cubículos con literas, un único baño a compartir entre muchas familias–, que decidieron regresar a su hogar en ruinas, a pesar del latente peligro de un tercer derrumbe.
“El tema de la vivienda es crítico. Ha venido un bulto de gente buscando cómo mudarse. Gente que ha pedido casas por problemas de derrumbes, de enfermedades, que no tienen dónde meterse, que vive con un montón de personas”: Wilfredo Núñez.
El déficit de más de 850 000 viviendas resulta uno de los principales problemas sociales en Cuba. Los mayores déficits se concentran en La Habana, con 2,2 millones de habitantes, así como las otras urbes más pobladas del país: Holguín y Santiago de Cuba, en el este, y Camagüey, en el centro.
Un recuento oficial indicó que al cierre de 2020 en esta nación insular caribeña había 3,9 millones de viviendas, de las cuales casi 40 % estaba en regular y mal estado.
De ese total, 76 % se encontraba en localidades urbanas, que tienen visiblemente las peores condiciones, como la propia Habana Vieja, donde los derrumbes repentinos se han vuelto tan comunes –más aún tras períodos de lluvia– que muchos peatones prefieren caminar por las calles en vez de por las aceras.
Según el artículo 71 de la Constitución vigente desde 2019, “se reconoce a todas las personas el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable. El Estado hace efectivo este derecho mediante programas de construcción, rehabilitación y conservación de viviendas, con la participación de entidades y de la población”.
Situación de la vivienda
Es bastante habitual en Cuba que distintas generaciones de una familia se vean obligadas a convivir en pequeños inmuebles, en abundantes casos deteriorados.
Además, la inaccesibilidad a la vivienda incide negativamente en la baja natalidad y fecundidad de la ciudadanía.
Para revertir esa enquistada tendencia, el Acuerdo 9009 de 2021 sobre la Política Demográfica, establecido por el gobierno, prioriza la asignación de viviendas y recursos financieros para la construcción, rehabilitación, ampliación o remodelación de inmuebles a las madres, padres o tutores legales con tres hijos o más de hasta 17 años.
El cumplimiento de esa norma se mantiene pésimo, se quejó en la última sesión parlamentaria, este mes de julio, Delilah Díaz, directora de la Vivienda del Ministerio de la Construcción.
En la actualidad están identificadas 66 494 madres en las condiciones establecidas para ser beneficiarias del Acuerdo, y siete de cada 10 necesitan una casa o mejoras en la construcción que habitan.
La funcionaria también anunció que el deterioro de la vivienda incluía la persistencia de 8915 cuarterías (casas de vecindad), y 87 368 viviendas con pisos de tierra.
La vulnerabilidad se agudiza cuando pasan sobre Cuba huracanes, ciclones tropicales y otros fenómenos meteorológicos, porque suelen derrumbarse las edificaciones más endebles.
Todavía no se han podido recuperar más de 40 000 viviendas en la más occidental provincia del país, Pinar del Río, de las 102 000 afectadas por el huracán Ian, en septiembre de 2022.
Miles de personas emigran desde distintas provincias hacia La Habana, en busca de un mejor bienestar, y se asientan en locales abandonados o construyen casas improvisadas, sin residencia legal.
Una mujer oriunda de Guantánamo, la provincia más oriental, de 47 años y quien pidió el anonomato, calificó a IPS su situación como aún peor que la de esos migrantes.
Tras perder su casa de madera por un derrumbe, se mudó a la capital hace cinco meses con su hermano de 40 años, quien sufre discapacidad física e intelectual. Vivieron una semana en las calles de la Habana Vieja, hasta que pudieron alquilar una habitación sin baño de unos seis metros cuadrados, dentro de la mansión en ruinas donde vive Ángel.
“No tenemos dónde más estar. Para el futuro, quisiera tener mejoría. No busco una gran casa, solo alguito para tener una vida algo mejor. Aunque sea un cuartico propio, pero con baño, una cocinita. Y no tener que pagar alquiler”, dijo.
En el mercado informal inmobiliario cubano aparecen ofertas de venta desde 2000 dólares o un poco menos, hasta propuestas por cientos de miles de dólares. Las más baratas ya resultan inalcanzables para muchas familias en un país con un salario medio mensual de 35 dólares, según la tasa oficial de cambio, de 120 pesos por cada dólar.
Poco avance constructivo
Wilfredo Núñez, de 52 años, vive con su familia desde hace nueve años en una casa de tránsito en la Habana Vieja, financiada por el Fondo Saudí para el Desarrollo con la supervisión de la Oficina del Historiador de la Habana, donde habitan, según estimó, más de 100 personas.
“Esto es como un palacio. Yo vivía en un edificio en malas condiciones, en peligro constante de derrumbe. Nos fuimos a tiempo. Aquí esto es transitorio, en lo que reparan ese edificio. De aquí sales con una vivienda, un hogar nuevo”, dijo a IPS sobre este particular proyecto, donde cada familia goza de una vivienda independiente y con todos los servicios, al contrario de lo habitual en los albergues temporales.
Añadió que lo único malo de su vivienda temporal es que cuando llueve mucho, el agua se filtra por los techos y ventanas.
“El tema de la vivienda es crítico. Han venido un bulto de gente buscando cómo mudarse. Gente que ha pedido casas por problemas de derrumbes, de enfermedades, que no tienen dónde meterse, que vive con un montón de personas”, añadió.
En 2019 entró en vigor la actual Política de la Vivienda, con el objetivo de solucionar el déficit habitacional en Cuba en una década, sobre la base de incentivar la producción local de materiales constructivos e insumos reciclables, además de lo que aporte el Estado y la economía centralmente planificada.
Esta política se ha visto disminuida por la propia crisis económica, así como por trabas burocráticas, pérdida o robo de recursos materiales, subsidios sin terminar y recursos financieros inmovilizados en los bancos por ese concepto.
Entre 2019 y 2023 se concluyeron 132 382 viviendas, de las cuales un tercio fue construido por el sector estatal y el resto, por la población y entidades privadas, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).
En 2023, el año con peor rendimiento del lustro, se levantaron 16 065 viviendas, apenas 65 % del plan proyectado. Y en el primer semestre de 2024, solo 4159 viviendas se terminaron, 49 % del plan para la fecha. Con semejante ritmo, la Política de la Vivienda difícilmente cumpla sus cronogramas previstos.
Uno de los problemas que más atentan contra tales indicadores es la escasez de materiales de la construcción, en constante decrecimiento debido al bajo rendimiento productivo de la industria nacional y la ausencia de divisas para realizar inversiones.
También le pueden interesar:
Cuba no logra apuntalar las finanzas con su estrategia económica
Vivienda en Cuba, un problema sin solución a la vista
La vivienda en Cuba, una deuda eterna que acentúa desigualdades
De acuerdo a la Onei, en 2023 se produjeron 520 millones de toneladas de cemento gris, casi 700 millones de metros cúbicos de arena calcárea y unos 1750 millones de metros cúbicos de piedra triturada; en general, más o menos la mitad de los índices productivos de 2019.
A su vez, los materiales fabricados con soluciones locales representan menos de 0,5 % del total, afirmó la directora de Vivienda en la reciente sesión del parlamento local.
Sin materiales de la construcción disponibles, los subsidios otorgados por el Estado resultan prácticamente insignificantes.
Pocas personas con privilegios económicos acceden a dichos recursos a través del mercado informal, a precios incosteables para la mayoría.
Y mientras miles de viviendas siguen soportando el embate del tiempo sin posibilidad de un mantenimiento, unas pocas nuevas crecen y contrastan con su modernidad y confort.
ED: EG
