WASHINGTON – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) alertó este viernes 19 sobre “la persecución política en Venezuela”, e instó al Estado a “poner fin a la represión y garantizar una elección presidencial libre, competitiva y participativa” el 28 de julio.
La declaración del organismo hemisférico aludió expresamente a que “el 17 de julio, el presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, Nicolás Maduro, realizó declaraciones públicas afirmando que, de no ganar la reelección, el país podría «caer en un baño de sangre, en una guerra civil».
“Este tipo de discursos por parte de la máxima autoridad del Estado y de las fuerzas de seguridad tiene como efecto amedrentar y coartar la libertad política del electorado”, según el texto de Cidh y de su relatoría especial para la Libertad de Expresión.
Además “generan dudas sobre la eventual trasmisión de mando ante la posibilidad de un resultado favorable a la oposición”, indicó la declaración.
Los venezolanos están convocados a elegir presidente para el sexenio 2025-2031 entre 10 candidatos, entre ellos el actual gobernante, Nicolás Maduro, abanderado de su Partido Socialista Unido de Venezuela y 12 organizaciones aliadas.
Desde la acera contraria, las encuestas más conocidas colocan como favorito al diplomático retirado Edmundo González Urrutia, reemplazo de la líder María Corina Machado, quien ganó una consulta primaria de la principal coalición opositora el año pasado pero no pudo presentarse al ser inhabilitada por las autoridades.
Esa coalición, Plataforma Unitaria Democrática, denunció el 18 de julio que desde el inicio de la campaña el pasado junio han sido detenidos, de forma permanente o por algunas horas o días, al menos 62 activistas o personas que han prestado servicios a la campaña opositora.
En el país hay más de 300 personas detenidas, civiles y militares, a quienes la oenegé Foro Penal considera presos políticos, y sus reportes son regularmente certificados por la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El gobierno de Maduro se retiró de la OEA en abril de 2019.
La Cidh sostuvo que “en este contexto de persecución política, en 2024, se han documentado ataques a líderes opositores, detenciones arbitrarias de activistas, periodistas y miembros de campañas opositoras, entre ellos la de Rocío San Miguel y el jefe de seguridad de María Corina Machado”.
San Miguel, detenida desde febrero, presidía una organización civil dedicada al tema de seguridad y defensa, y Milcíades Ávila, jefe de seguridad de Machado –quien recorre el país haciendo campaña por González en marchas multitudinarias- estuvo detenido durante 30 horas en la última semana.
La Cidh agregó al panorama que se han producido “cierres de medios y negocios, hostigamientos a comités de campaña y simpatizantes (incluidas personas propietarias de empresas), así como inhabilitaciones administrativas de personas candidatas para cargos de elección popular”.
“Estos hechos afectan la institucionalidad democrática y las libertades de asociación, reunión y expresión, toda vez que desalientan la participación política de las personas opositoras, de su electorado y de la ciudadanía en general”, expuso la declaración.
Tanto la comisión como su relatoría insistieron en que conforme se acercan las elecciones presidenciales, se retrocede e incumple con las garantías para el ejercicio de los derechos civiles y políticos” en el país sudamericano.
Reiteraron el criterio de que “estos ataques, sumados a la ausencia de instituciones independientes e imparciales, forman parte de un patrón del gobierno para perpetuarse en el poder, por medio de arbitrariedades, violaciones de derechos humanos y sin rendición de cuentas”.
Por ello, exhortaron al Estado venezolano a “adoptar medidas urgentes dirigidas a reconstruir la separación e independencia de los poderes públicos”.
Finalmente, hicieron “un llamado a la comunidad regional e internacional a seguir monitoreando de forma cercana la elección presidencial, y a alentar al Gobierno venezolano a garantizar que esta se desarrolle con el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población”.
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